En su
trascendente discurso para asumir la presidencia de la Asamblea Nacional, Henry
Ramos Allup, planteó, con gran visión histórica, la necesidad perentoria de una
solución para la inmanejable crisis política que sufre el País y los
venezolanos. De inmediato la definió: una solución constitucional, pacífica y
electoral. La Constitución de 1999 establece los posibles caminos a seguir. La
oposición democrática ha comenzado un debate interno para seleccionar el mejor
de ellos y así lograr, lo más rápido posible, el necesario cambio de gobierno
que exige la opinión pública para poner punto final al desastroso gobierno que durante diecisiete años ha destruido a
Venezuela y comprometido totalmente el destino nacional. No soy un experto en
derecho constitucional para poder opinar con propiedad suficiente, sobre la vía
jurídica a adoptar, para alcanzar tan ansiado objetivo. Por suerte en la oposición
democrática existen juristas con suficiente experiencia para recomendar la
mejor solución.
Sin
embargo, a pesar de que la Constitución de 1999 prevé las formas de acción
legítimas y legales, para dar salida a las crisis de gobierno que se pueden
presentar en cualquier momento del período presidencial; considero necesario
advertir que sea cual fuere la decisión que se tome, el gobierno siempre
tratará de burlar la decisión soberana. El ejemplo más claro de ello, lo
tenemos en la ejecución del primer referendo revocatorio presidencial, para
revocar a Hugo Chávez. Toda la opinión pública conoce la cantidad de
irregularidades cometidas por parte del gobierno, que impidieron que este se
realizara dentro de los parámetros que hubieran traído por consecuencia un
resultado totalmente distinto al que, en definitiva, se obtuvo. Posteriormente,
durante la realización del referendo para la modificación de la Constitución,
pudimos observar nuevamente la aviesa intención de desconocer su resultado,
mediante la obscena utilización del CNE.
Con lo
expresado en el párrafo anterior, no pretendo desmotivar los esfuerzos que se
realizan en pro de encontrar la mejor solución. Sólo deseo alertar ante los
peligros. Por segunda vez, la Constitución de 1999 tiene la oportunidad de
resolver una nueva crisis institucional de magnitudes superiores a la que
enfrentó después de los hechos del 11 de
abril de 2012 y las trágicas consecuencias de la inmensa marcha cívica de ese
mismo día. La actual situación nacional no pareciera encontrar una fácil
solución. Lamentablemente, están presentes los mismos intereses que
comprometieron fraudulentamente el Referendo Revocatorio Presidencial, mediante
la ilegal variación de la fecha de la votación, la obstaculización de la recolección
de firmas, la compra de voluntades utilizando el erario público, etc., que
permitieron el triunfo de Hugo Chávez.
La situación actual no es diferente, sólo que ahora, en vez del CNE, se está
utilizando al TSJ, nombrado ilegalmente por la anterior Asamblea Nacional, para
favorecer los intereses políticos de Nicolás Maduro y del PSUV y frustrar todo
esfuerzo opositor, para la solución de la crisis. A favor de la oposición, se
mantiene la mayoritaria voluntad popular y el control de la Asamblea Nacional.
Estoy convencido que esas fuerzas se impondrán permitiendo que prevalezcan los valores democráticos de los venezolanos.
Dije al inicio de este artículo que estaba totalmente
convencido de que la decisión que tomaría la oposición democrática iba a ser acertada y conveniente. No tengo
duda de ello. Los asesores jurídicos de
los factores democráticos son excelentes
y la conducción política mostrada por la dirigencia de los partidos políticos
ha dado más que señales de mantener un claro objetivo, una acertada visión
estratégica y rápidos movimientos tácticos. La mejor demostración es el
arrollador triunfo en las elecciones parlamentarias, la unidad demostrada en
los discursos parlamentarios y, lo más difícil de todo, una firme y leal unidad
entre todos los factores de la Mesa de la Unidad Democrática. De todas maneras
hay un factor que debe ser tomado muy en cuenta en las próximas acciones a
desarrollar; el tiempo. La decisión constitucional que se tome debe
valorar con gran perspicacia ese
factor para no permitir ninguna
oportunidad que pueda ser utilizada por el adversario político para recuperar
nuevas fuerzas.
Fernando Ochoa Antich
fochoaantich@gmail.com
@FOchoaAntich
Caracas- Venezuela.
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