MANDOS MILITARES
Al día siguiente de la audiencia del
general Peñaloza con el presidente Pérez, a la cual lo acompañé, se
conoció públicamente la designación del general de división Pedro Rangel Rojas,
como nuevo Comandante del Ejército. Ese nombramiento me creó cierta
incertidumbre al no ser designado para ocupar ningún cargo. Mi situación se
hizo aún más difícil después del discurso del general Peñaloza en el acto de
transmisión de mando: su intervención
constituyó una severa crítica al sistema político imperante. En el
transcurso de esa semana se conocieron los nombres de los nuevos miembros del
Alto Mando: vicealmirante Elías Daniels Hernández, Inspector General; general
de división Iván Jiménez Sánchez, Jefe del Estado Mayor Conjunto; vicealmirante
Ignacio Peña Cimarro Comandante de la Armada; general de división Eutimio
Fuguet Borregales, Comandante de la Aviación; general de división Freddy Maya
Cardona, Comandante de la Guardia Nacional. Sorprendentemente, el presidente
Pérez no tomaba ninguna decisión sobre la designación del nuevo ministro de la
Defensa. Sin embargo, la opinión pública comentaba que el próximo ministro
sería el general de división Carlos Santiago Ramírez. Un análisis de los
nombramientos reforzaba ese comentario. También fue designado el general de
división José de la Cruz Pineda, director de Inteligencia Militar. Su cercanía
al general de división Manuel Heinz Azpúrua, quien fue designado director de la
DISIP, fortaleció significativamente el área de Inteligencia, la cual había
sido gravemente debilitada en la gestión del general Herminio Fuenmayor.
El 24 junio, después del desfile en el campo de Carabobo, llegué a mi
casa cerca de las 7 p.m. Una media hora más tarde, recibí una llamada del
presidente Pérez. Me saludó con amabilidad y me ordenó trasladarme a
Miraflores. De inmediato me recibió en su despacho. Después de sentarnos, la
conversación se orientó sobre algunos problemas generales de las Fuerzas
Armadas. De repente, me comunicó que había decidido nombrarme ministro de la
Defensa. Se lo agradecí con sinceridad y afecto. Era, sin duda, un importante
reto profesional. La situación de la Institución Armada era muy complicada.
También lo eran las circunstancias políticas nacionales. Comprendí de inmediato
que el objetivo fundamental de mi acción ministerial tenía que ser la
recuperación de la unidad interna de nuestra organización, a través de un
diálogo fluido con todas las generaciones militares. Consideré que para
lograrlo era necesario enarbolar tres banderas: la lucha contra la corrupción,
el fortalecimiento del apoliticismo militar y el respeto a los méritos
profesionales. El ataque en contra del gobierno del presidente Pérez, a través
de los medios de comunicación, era inclemente. El aspecto que más producía
inquietud en los sectores populares y en las propias Fuerzas Armadas era el
alto costo de la vida. La inflación había alcanzado el 80 % al aplicarse el
Plan de Ajuste Económico en 1989 y se mantuvo en 30 % en los años
subsiguientes.
La política que establecí empezó
a tener un positivo impacto en el personal profesional de las Fuerzas Armadas y
en la opinión pública. También incentivé entre los cuadros la certeza de que mi
despacho se encontraba siempre dispuesto a atender cualquier problema grave y urgente
que confrontara algún miembro de la organización sin importar su grado militar.
En las audiencias me di cuenta de la complicada situación personal que generaba
el proceso inflacionario. Conversé con el presidente Pérez sobre este asunto y
él me autorizó para que discutir con el doctor Miguel Rodríguez, ministro de
Planificación, un incremento de los sueldos. Lo consideró posible y
conveniente. Se iniciaron los estudios que concluyeron en un nuevo incremento
salarial. Al mismo tiempo ordené la apertura de la averiguación sumarial
correspondiente sobre aquellos contratos que presentaban presuntas
irregularidades. También me inhibí de asistir a actos oficiales que no fueran
exclusivamente de carácter militar. Lamentablemente, el rumor de la existencia
de una conspiración se mantenía y era incentivado de manera permanente por los
medios de comunicación. Esta realidad me condujo a reorganizar la dirección de
Inteligencia Militar, con la colaboración
del general José de la Cruz Pineda, orientándola exclusivamente a
controlar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas.
El 20 de enero de 1992 hubo una reunión del Alto Mando Militar con el
presidente Pérez, la cual fue solicitada por el general Manuel Heinz Azpúrua,
director de la DISIP. En esa reunión se analizaron largamente los constantes
rumores sobre una posible sublevación militar. El general Heinz le entregó al
presidente Pérez un documento que resumía las informaciones que la DISIP había
logrado obtener sobre ese asunto. El presidente Pérez ordenó realizar una
investigación más detallada sobre esos rumores e insistió en que deseaba tener
una mayor información a su regreso de Davos, pero que no se tomara ninguna
medida hasta que él regresara. Me
entregó el documento en cuestión. Al día siguiente hubo una reunión de la Junta
Superior de las Fuerzas Armadas para analizar dicho informe. En él se resumía
un conjunto de indicios, pero no se presentaban pruebas suficientes en contra
de ninguno de los oficiales mencionados. Se decidió incrementar el esfuerzo de Inteligencia
e informar a los comandantes de Grandes Unidades de todas las Fuerzas. Por mi
parte, llamé al ministerio de la Defensa al teniente coronel Hugo Chávez Frías.
En algunas de sus declaraciones ha recordado esa conversación conmigo. Su
actitud fue muy respetuosa. Me insistió
en que todo lo que se decía eran las mismas calumnias de siempre. Sin embargo,
fui muy enfático en advertirle que de continuar esos rumores sería reemplazado
del comando del Batallón “Briceño”.
De las entrevistas que realicé a los oficiales comprometidos en la
conspiración militar del 4 de febrero de 1992 y de algunos de sus escritos,
antes de escribir mi libro “Así se rindió Chávez”, publicado por El Nacional en
el año 2007, pude concluir que un número importante de ellos había empezado a
argumentar distintas razones para no
insurreccionarse al acercarse la posible fecha del alzamiento. Uno de ellos fue
el mayor Raúl Isaías Baduel. Con sinceridad le informó a los jefes del
movimiento que no se alzaría por considerar que la insurrección militar no
estaba suficientemente preparada para lograr su objetivo. El alzamiento
debía realizarse antes
del 15 de febrero de 1992. Hugo Chávez conocía que su batallón iba a ser
enviado a la frontera con Colombia. Además, estaba convencido de su posible
relevo del comando del batallón Briceño. Uno de los aspectos más delicados que
hizo titubear a Hugo Chávez, en el momento de tomar la decisión para el
alzamiento, fue la incapacidad que presentó la célula conspirativa de la
Aviación, conformada por los tenientes coroneles Luis Reyes Reyes y Wilmar
Castro Soteldo, para controlar la Base “Libertador”. Consideraron que no era
posible sin tomar en cuenta en dicha
conspiración al general Efraín Visconti Osorio. En la noche del 2 de febrero se
reunieron Hugo Chávez y Luis Reyes Reyes
con el general Visconti. Los escuchó con atención, pero al final del
planteamiento realizado por Hugo Chávez, consideró que en un tiempo tan corto
era imposible insurreccionar a la Aviación. Se comprometió a hacer lo posible
para disminuir su eficiencia
operativa. Continuaremos…
Fernando Ochoa Antich
fochoaantich@gmail.com
@FOchoaAntich
Caracas- Venezuela.
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