La opinión pública venezolana ha
percibido, con cierta claridad, que la tan cacareada “alianza cívico militar”,
no es sino un ardid que ha servido de base al poder real del régimen chavista,
durante diecisiete años, para amenazar y
amedrentar a todo el que se le oponga. Lo cierto es que esa “alianza” no tiene
nada que ver con la misión constitucional de la Fuerza Armada Nacional, como
institución al servicio del Estado: ejercer el monopolio de la violencia para
garantizar la paz y la soberanía nacional. Sin embargo, las instituciones están
constituidas por hombres que, en un momento histórico determinado, pueden
desviarse de sus obligaciones y hacer alianzas con intereses innobles para
controlar dichas instituciones y así, ponerlas al servicio de sus intereses
particulares. Es lo que ocurre actualmente.
Pero eso no sólo sucede con la Fuerza Armada. Un buen ejemplo ha sido,
en estos mismos años, el Tribunal
Supremo de Justicia. Su objetivo fundamental es garantizar el estado de Derecho. Desgraciadamente, ha
preferido parcializarse, precisamente, a favor de la injusticia. También ocurre
con el Consejo Nacional Electoral y otras tantas instituciones que en lugar de
cumplir sus obligaciones constitucionales se han puesto al servicio del régimen
chavista.
Esta situación no es nueva. En el
pasado, también tuvimos logias militares, las cuales, una vez conquistado el
poder devinieron en camarillas, con los nefastos resultados en términos de
atropellos y corrupción por todos conocidos. Vale la pena recordar el golpe de
Estado contra el Gral. Isaías Medina Angarita el 18 de octubre de 1945, como
consecuencia de la rivalidad entre él y el Gral. Eleazar López Contreras. De
ese golpe de Estado surgió la primera alianza
cívico militar entre la Unión
Militar Patriótica, constituida por oficiales jóvenes, y el partido Acción Democrática. Los tres
años de duración de su gobierno fueron de gran inestabilidad tanto en lo social
como en lo militar. Su permanente intento de hegemonía política, abrió la
crisis que condujo al golpe militar del 24 de Noviembre de 1948, y a la
discusión por el liderazgo militar entre Carlos Delgado Chalbaud y Marcos Pérez Jiménez. El asesinato
del presidente de la Junta Militar consolidó por diez años la jefatura militar
de Pérez Jiménez hasta su derrocamiento
el 23 de enero de 1958 por otra generación militar más joven que no compartía
la desbocada corrupción del régimen y cierto ventajismo profesional de la
camarilla militar que rodeó al general Pérez, dejando a un lado a oficiales que
mostraban cierta independencia de criterio.
Posteriormente, la conspiración militar
del 4 de febrero de 1992, constituyó una felonía que interrumpió cuarenta años
de régimen democrático y de
profesionalismo militar que debe ser
evaluada a profundidad para determinar no sólo el irreparable daño causado al
país y a la familia venezolana, sino también, las injusticias que se cometieron
con muchos de los oficiales que, aviesamente engañados, arriesgaron sus vidas y
su carrera militar creyendo equivocadamente que esa insurrección abriría
una nueva perspectiva histórica
para nuestro país. Estoy convencido, que en este momento, muchos de ellos, al evaluar con la objetividad necesaria los
desastrosos gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro tienen que concluir que
el daño que le hicieron a Venezuela es realmente inaceptable y más que
doloroso. Además de las penurias que sufre la población en todos los órdenes de
la vida diaria, se han despilfarrado los más altos ingresos petroleros de nuestra
historia e incrementado la deuda externa venezolana hasta doscientos cuarenta y nueve mil
quinientos veinte millones de dólares para el 15 de abril de 2015.
Esta grave situación que enfrenta Venezuela obliga a que cada miembro
activo de la Fuerza Armada Nacional reflexione sobre sus obligaciones
militares. Los venezolanos conocemos perfectamente, que existe una nueva camarilla
militar, enriquecida obscenamente y que compromete cada día el destino de la
Institución, mientras sus compañeros de armas, dedicados exclusivamente a
funciones militares, viven modestamente de sus limitados sueldos. Pero cada día
oímos mencionar la famosa “alianza cívico militar”, en nombre de la cual se
continúa enriqueciendo esa camarilla y los miembros del chavismo que la aúpan.
Curiosamente, esos mismos sectores durante años manifestaron su odio contra el
sector militar y ahora extrañamente lo aman. Por eso, los miembros activos de la
Fuerza Armada Nacional deben analizar y reflexionar diariamente sobre sus
obligaciones constitucionales para que, en el caso que corresponda, cumplan
cabalmente sus deberes, respetando y respaldando la voluntad popular
manifestada claramente en las elecciones del 6 de diciembre de 2015.
Fernando Ochoa Antich
fochoaantich@gmail.com
@FOchoaAntich
Caracas- Venezuela.
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