Con el apoyo de las
Naciones Unidas, Colombia dará inicio al cese al fuego bilateral definitivo en
una fecha que aún no está fijada por las partes en conflicto, pero que parece
estar a la vuelta de la esquina. Es un hecho casi seguro que ello tendría lugar
en algún momento de diciembre de este año o enero próximo. Ambos actores,
terroristas y gobierno, están de acuerdo en que ello se produzca el 16 de
diciembre pero aún quedan puntadas por dar para que la fecha se abotone
definitivamente.
El primer hito importante
es conseguir la concentración de las fuerzas guerrilleras en un solo lugar
geográfico para que el desarme pueda ser verificado por órganos internacionales
preseleccionados. Si algunas fuerzas insurgentes continuaran disgregas en la
geografía colombiana la efectividad del cese al fuego sería menor. Y aun sobre
este tema no se ha sellado un acuerdo, es decir el “fin del conflicto” todavía
se encuentra en discusión entre los negociadores en La Habana.
Recordemos que
desde julio está en marcha una tregua unilateral del lado guerrillero, apoyada
por las Fuerzas Armadas del gobierno de Juan Manuel Santos con una suspensión
de bombardeos contra campamentos insurgentes. El resto de las operaciones
antiguerrilleras se ha mantenido.
La materialización
del empeño de los negociadores de que antes de la Navidad se alcance el
silencio de las armas seria un gran paso de avance y sería recibido por el país
con entusiasmo. El efecto psicológico sobre la ciudadanía sería muy benéfico y
contribuiría a validar la vía escogida por el Presidente para producir un
cambio anhelado por todos.
En el Congreso
neogranadino las cosas relativas a los acuerdos paz llevan otro ritmo. Sin
embargo también en el Poder Legislativo han querido imprimirle velocidad. Un
nuevo viaje de congresistas a la Habana, que incluiría al propio presidente del
parlamento, arrojaría luz sobre los próximos pasos a dar en materia de reformas
legislativas y constitucionales para poder materializar los convenimientos
entre gobierno y guerrilla. Al mismo tiempo se examinaría cuánto pueden
acortarse estos trámites legales para hacer el proceso del retorno a la paz más
expedito. Los riesgos de que la oposición quiera reabrir, desde sus curules de
congresantes , los puntos de los acuerdos que se han estado negociando, son
muchos, aunque a raíz de las elecciones regionales la fuerza del apoyo popular
al gobierno de Santos quedó mejor asentada.
La meta del
gobierno es que para junio de 2016 y después de 8 discusiones parlamentarias,
el acto legislativo que le de vida a una Colombia en paz y que selle la nueva
relación con los rebeldes de medio siglo, esté completamente listo.
Una proposición que
proviene del expresidente Alvaro Uribe ha puesto sobre el tapete la vía de una
Constituyente, electa popularmente, donde se discuta el nuevo ordenamiento
legal que le daría vida al “acuerdo de
justicia transicional ”o el marco para la paz
que se convenga con los guerrilleros. Los argumentos de Uribe para que
una Asamblea ad- hoc sea quien dirima la forma correcta y justa del retorno a
la paz no son deleznables y por ello no pueden ser puestos a un lado fácilmente
por el gobierno.
Este, en su afán
por un pronto final a este capítulo de la construcción de paz del país con la
guerrilla, está dispuesto a hacer muchas concesiones en el terreno del castigo
a los criminales y de la participación política de la insurgencia en la nueva
Colombia.
Asi pues, bastante
agua aún queda por correr en el río de la construcción de un nuevo país del
otro lado de la frontera. Lo que no es posible negar es la disposición que han
tenido los negociadores del gobierno de avanzar y de la guerrilla de ponerle
fin a cinco décadas de destrozos.
Beatriz De Majo
bdemajo@gmail.com
@beatrizdemajo
Miranda - Venezuela
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