PUNTO
PREVIO
Permítame
con todo respeto citar como preámbulo de la inseguridad ciudadana un caso
práctico ocurrido en el condado de EAST SIDE DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK, el
cual me permite orientar con meridiana exactitud cómo impacta la inteligencia
emocional en el fenómeno criminógeno cuando es manejado por ciudadanos inexpertos y con técnicas inadecuadas
perrunas, con las cuales siembran en la
sociedad unas actitudes hostiles criminales y de asedio y bajo esas
prácticas demagógicas los esbirros imponen una plataforma devastadora en el
ámbito social de los Estados Naciones donde se instauran; en este orden de
ideas cito un caso que nos permitirá digerir lo planteado cito: “En una calurosa tarde de agosto de 1963, el
mismo día en que el reverendo MARTIN LUTHER KING, pronunció en una marcha a
WASHINGTON, que tenía por objeto revelarse contra el racismo y el reclamo de
los derechos civiles, en ese magistral
discurso este líder les comunicó
a las masa sociales asistentes su proyecto particular de vida títulado “TENGO UN SUEÑO”, ese mismo día el
ciudadano RICHARD ROBLE, un avezado criminal y experto ladrón de siete suelas,
que acababa de quedar en libertad condicionada tras una condena de tres años
por más de cien asaltos que había perpetrado para mantener el hábito particular
que tenía con la heroína, decidió realizar uno más. Quería apartarse esta
bestia del delito, afirmó, más tarde, que
necesitaba desesperadamente dinero para su novia y su hija de tres años
de edad, hija de ambos. Así este Criminal decidió entrar en un apartamento
donde vivían dos mujeres, JANICER WYLIER, de veintiún años, investigadora de la
revista Newsweek y EMILY HOFFERT, de veinte tres años de edad, maestra de
escuela primaria. Aunque ROBLES, decidió robar el apartamento ostentoso del
condado de Nueva York, porque pensó que no encontraría a nadie, WYLIER, estaba
en casa. Después de amenazarla con un cuchillo, esta sabandija la ató mientras
salía del apartamento, en ese tiempo llego EMILY HOFFERT, para escapar sin
problema ROBLES la ató también a ella. Así lo relato ROBLES, años más tarde
mientras estaba atando a HOFFERT, JENICE WYLIE, le advirtió, que sus agresiones
no quedarían impune, que ella recordaría su cara y ayudaría a la policía a
localizarlo para que lo penalizaran, ROBLES, que se había prometido que aquel
seria su último asalto, sintió pánico al escucharla y perdió totalmente el control. En ese ataque
emocional tomo un sifón y golpeó a mansalva a las mujeres hasta que quedaron
inconscientes y luego dominado por la ira y el temor las apuñaló una y otra vez
con un cuchillo de cocina. Veinticinco años más tarde ROBLES, al reflexionar
sobre aquel momento, ROBLES, se lamentaba. “Me volví loco la cabeza me
estalló”. En la actualidad ROBLES, tiene mucho tiempo para reflexionar y
arrepentirse de su macabra obra y de entender que es fundamental la
inteligencia racional sobre la brutal inteligencia emocional. En este orden de
prelación de los hechos expuestos surge la pregunta qué es la ¿Violencia?: define el D.R.A: “Es la
infracción el quebrantamiento o transgresión a la ley o mandato que envuelve la
angustia del ánimo de las personas involucradas y la incertidumbre sobre sus
posibles desenlaces”. Como se observa, la violencia es inherente a las
actitudes humanas desde el punto de
vista de la competencia por la vida. Este proceso se incuba en el ámbito social
y va escalando y minando el estamento social de cualquier Sociedad de cualquier
País. La misma está conformada por una serie de eventos que requieren ser
desactivados, tratados y controlados por expertos en el asunto, quienes a
través de Políticas Públicas de Estado, ideadas y aplicadas por expertos
mediante investigaciones, análisis se formulan diagnósticos de ciertos
comportamientos sociales colectivos y ante esos indicadores se precisa
el remedio adecuado para aplicárselo a esa pandemia social. Estas conductas
colectivas deben ser manejadas por expertos, quienes examinan, analizan,
diagnostican las causas de este fenómeno social y planifican las acciones de sus potenciales soluciones
que pueden dar al traste con esa pandemia que azotan las Sociedades.
En
el caso de la Sociedad Venezolana, se ha venido incubando un antagonismo social
de tal irracionalidad que ha convertido a la Sociedad Venezolana en ser
considerada la sociedad más violenta del
planeta y a las Instituciones Republicanas que tienen la misión de garantizar
la Seguridad Pública y Ciudadana las más corruptas y corrompida en la gestión y
control de la misma.
La situación planteada le ha dado paso a una
violencia, estructurada que a escalado posiciones recalcitrantes que han
emplazado a las Instituciones responsables de mantener el orden público a tener
que reaccionar para tratar de mantener niveles aceptables de Seguridad Pública,
implementando planes y acciones
disminuidas e improvisadas, lo que ha permitido el avance de una
delincuencia organizada que ha transformado el Territorio pacífico de la
República en un teatro de operación del crimen organizado dirigido y gestionado
por antisociales llamados PRANES o COLECTIVOS.
El orden público del país es dramático, los entes públicos encargados de velar por
estas Garantías Constitucionales han permanecido apacibles e inmutables ante la
ocurrencia de esta barbarie. El crecimiento del flagelo criminógeno en la sociedad y de la delincuencia organizada
han sido colosal, su aumento exponencial es abierto, este se constata a partir
de una serie de eventos que han venido ocurriendo, tales como la violencia
Política instaurada en el País ha llegado a tales niveles que se han ejecutados
actos terroristas y han aparecido en la palestra Pública listas de perseguidos
políticos, lo cual deja el indicador del inicio de una guerra sucia y acciones
de baja intensidad, cuya magnitud, repercusión y responsabilidad es difícil de
determinar. El venezolano no entiende como los organismos encargados de esta
responsabilidad solamente han implementado operativos epilépticos e
improvisados, a sabiendas que esas medidas no darán al traste con esta
pesadilla dantesca que está viviendo el día a día la Sociedad Venezolana. El
problema de la violencia es la consecuencia de un populismo perverso que ha
sustituido las políticas económicas y sociales deficitarias que existían, que
por lo menos controlaban en cierto nivel la criminalidad en el ámbito social.
Los
representantes del Poder Público deben entender que su responsabilidad es
brindarle a la sociedad la Seguridad Pública necesaria que le garantice a la
ciudadanía el derecho Constitucional a la vida y el resto de sus derechos
fundamentales como son los derechos humanos. A sabiendas estos Funcionarios
Públicos, que estas garantías Constitucionales no son dadivas que están bajo la
discrecionalidad del Príncipe, son mandatos constitucionales que tienen que
cumplir los Funcionarios Públicos que tengan asignadas estas competencias; sin
embargo, el populismo reinante ha permitido que la criminalidad se acreciente
dramáticamente.
Los
niveles de pobreza y la reducción de la actividad laboral han minimizado las
oportunidades de bienestar social de un sector bastante importante de la
sociedad. A tales efectos, el populismo rentista reinante ha sido utilizado por
el Gobierno para imponer sus agendas
políticas de unos servicios públicos deficitarios. El Estamento Público y la
Sociedad Civil como un todo, tiene que someter este mecanismo perverso a un
proceso de reingeniería para adecuarlo a las nuevas realidades y no sustituirlo
por unas relaciones demagógicas éticamente inhumanas que derivan en irresponsabilidad
social asumida por los gobernantes de turno.
Lo expuesto, constituye la criminalística
procesal que explica la existencia de una violencia estructural que segrega y
discrimina a una parte de la sociedad de los canales legítimos de acceso a la justicia,
a pesar de que la Constitución Nacional determina en sus artículos 21 ordinal
(1), 26 y 43 lo siguiente:
Artículo
21: “Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: Ordinal (1º)
No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la
condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de
igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”. (Subrayado Nuestro)
Artículo
26: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de
justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o
difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la
decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita,
accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente,
responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o
reposiciones inútiles”. (Subrayado Nuestro)
Artículo
43: “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena
de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las
personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio
militar, o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier forma”. (Subrayado
Nuestro)
La
violencia estructural expuesta se nutre de otro elemento, por cierto, muy
practicado por algunos de los representantes del gobierno y que es el abono, el
oxígeno necesario y tierra fértil donde germina la criminalidad que impera en
el País. A diario se observa funcionarios Públicos emulando al triste celebre
“PEDRO NAVAJA” en la Asamblea Nacional anterior, algunos representantes del
Pueblo dictaron Cátedra de Moral Pública como la realizada por un diputado
carroñero de la que era la bancada oficialista, dirigiéndose al Pueblo y resto
de los diputados de su bancada iniciaba
su discurso magistral con la siguiente parábola: “Partida de cabrones, de
ladrones, Jala bola, por allí se fue el contenido locuaz de este Juanito
alimaña que lo conocen dos personas (los venezolanos y los extranjeros)
parasito de oficio que con su
exposición, ese elemento
discursivo y estridente que se ha instaurado en el ámbito sociopolítico
venezolano y en particular en el discurso político de los honorables
representantes del Poder Público, lo cual ha permitido la cosecha de delitos
foráneos como son: el asesinato por encargo, el narcotráfico y el secuestro, la
puñalada trapera, el tiro por la culata por citar algunos.
La
combinación de la violencia estructural y el discurso incitador, falso asumido por algunos representante del
gobierno y la posesión indiscriminada e ilegítima de armas de fuego y el
mercado de narcóticos (droga) son el combustible necesario de la violencia
criminal, han creado una Cultura de Vida Criminal y de Capos, que campea ante
la mirada complaciente de los organismos competentes, que investiga e instruye
el cual no actúan, no investigan, no
instruyen y el que Administra Justicia, duerme como un oso en invierno, pero si
se despiertan los últimos de cada mes para cobrar sus jugosos sueldos que
pagamos los contribuyentes con nuestro impuestos y estos funcionarios
Públicos incurriendo con este actuar en
el delito de DENEGAR JUSTICIA.
La
violencia cotidiana ha llegado a configurarse como una subcultura, como un
estilo de vida con elementos muy característicos, organizados en colectivos
mafiosos, en bandas de adolescentes que adoptan comportamientos muy simples al
tener fácil acceso a los bienes y servicios que le ofrece el mercado donde
operan, teniendo a la mano la droga, al mercado negro de las armas y el
patrocinio de algunos agentes del orden (policías) que venden su función al
mejor postor.
La
violencia criminal es un problema muy grave en cualquier sociedad, la misma
tiene que ser enfrentada con seriedad y responsabilidad en su justa dimensión
por parte de los representantes del Poder Público. Este problema de Interés
Nacional no puede ser atendido por reacciones
ramplonas como ha sido atendido hasta el presente. La Sociedad
Venezolana clama a diario por Seguridad Pública; el colectivo venezolano está
cansado de justificaciones engañosas y
en cambio pide a diario soluciones de fondo a la violencia estructural
reinante.
Para
ello, es necesario la existencia de un Poder Público con voluntad política para
erradicar la violencia que se ha instaurado en el país, implementando políticas
de Estado que estén dirigidas a la construcción de una sociedad respetuosa,
trabajadora, estable, unida por los lapsos de la democracia libre, que los
límites de sus derechos sean el derecho de los demás. El derecho a la vida es
la columna vertebral de los derechos humanos, su desconocimiento constituye
delitos que no prescriben y están previstos en el Estatuto de Roma, Instrumento
fundamental de la Corte Penal Internacional, y Venezuela es firmante del
mismo.
Edison
Martin Chirinos
edison2015@hotmail.com
@edison20151
Miranda - Venezuela
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