domingo, 3 de abril de 2016

EDISON MARTIN CHIRINOS, DENEGACIÓN DE JUSTICIA COMO ANTECEDENTE DE UNA INSEGURIDAD PÚBLICA LOMBROSIANA

PUNTO PREVIO

Permítame con todo respeto citar como preámbulo de la inseguridad ciudadana un caso práctico ocurrido en el condado de EAST SIDE DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK, el cual me permite orientar con meridiana exactitud cómo impacta la inteligencia emocional en el fenómeno criminógeno cuando es manejado por ciudadanos  inexpertos y con técnicas inadecuadas perrunas, con las cuales siembran en la  sociedad unas actitudes hostiles criminales y de asedio y bajo esas prácticas demagógicas los esbirros imponen una plataforma devastadora en el ámbito social de los Estados Naciones donde se instauran; en este orden de ideas cito un caso que nos permitirá digerir lo planteado cito: “En  una calurosa tarde de agosto de 1963, el mismo día en que el reverendo MARTIN LUTHER KING, pronunció en una marcha a WASHINGTON, que tenía por objeto revelarse contra el racismo y el reclamo de los derechos civiles, en ese magistral  discurso este líder  les comunicó a las masa sociales asistentes su proyecto particular de vida  títulado “TENGO UN SUEÑO”, ese mismo día el ciudadano RICHARD ROBLE, un avezado criminal y experto ladrón de siete suelas, que acababa de quedar en libertad condicionada tras una condena de tres años por más de cien asaltos que había perpetrado para mantener el hábito particular que tenía con la heroína, decidió realizar uno más. Quería apartarse esta bestia del delito, afirmó, más tarde, que  necesitaba desesperadamente dinero para su novia y su hija de tres años de edad, hija de ambos. Así este Criminal decidió entrar en un apartamento donde vivían dos mujeres, JANICER WYLIER, de veintiún años, investigadora de la revista Newsweek y EMILY HOFFERT, de veinte tres años de edad, maestra de escuela primaria. Aunque ROBLES, decidió robar el apartamento ostentoso del condado de Nueva York, porque pensó que no encontraría a nadie, WYLIER, estaba en casa. Después de amenazarla con un cuchillo, esta sabandija la ató mientras salía del apartamento, en ese tiempo llego EMILY HOFFERT, para escapar sin problema ROBLES la ató también a ella. Así lo relato ROBLES, años más tarde mientras estaba atando a HOFFERT, JENICE WYLIE, le advirtió, que sus agresiones no quedarían impune, que ella recordaría su cara y ayudaría a la policía a localizarlo para que lo penalizaran, ROBLES, que se había prometido que aquel seria su último asalto, sintió pánico al escucharla  y perdió totalmente el control. En ese ataque emocional tomo un sifón y golpeó a mansalva a las mujeres hasta que quedaron inconscientes y luego dominado por la ira y el temor las apuñaló una y otra vez con un cuchillo de cocina. Veinticinco años más tarde ROBLES, al reflexionar sobre aquel momento, ROBLES, se lamentaba. “Me volví loco la cabeza me estalló”. En la actualidad ROBLES, tiene mucho tiempo para reflexionar y arrepentirse de su macabra obra y de entender que es fundamental la inteligencia racional sobre la brutal inteligencia emocional. En este orden de prelación de los hechos expuestos surge la pregunta qué es  la ¿Violencia?: define el D.R.A: “Es la infracción el quebrantamiento o transgresión a la ley o mandato que envuelve la angustia del ánimo de las personas involucradas y la incertidumbre sobre sus posibles desenlaces”. Como se observa, la violencia es inherente a las actitudes  humanas desde el punto de vista de la competencia por la vida. Este proceso se incuba en el ámbito social y va escalando y minando el estamento social de cualquier Sociedad de cualquier País. La misma está conformada por una serie de eventos que requieren ser desactivados, tratados y controlados por expertos en el asunto, quienes a través de Políticas Públicas de Estado, ideadas y aplicadas por expertos mediante investigaciones, análisis se formulan diagnósticos de ciertos comportamientos  sociales  colectivos y ante esos indicadores se precisa el remedio adecuado para aplicárselo a esa pandemia social. Estas conductas colectivas deben ser manejadas por expertos, quienes examinan, analizan, diagnostican las causas de este fenómeno social y planifican  las acciones de sus potenciales soluciones que pueden dar al traste con esa pandemia que azotan las Sociedades.

En el caso de la Sociedad Venezolana, se ha venido incubando un antagonismo social de tal irracionalidad que ha convertido a la Sociedad Venezolana en ser considerada  la sociedad más violenta del planeta y a las Instituciones Republicanas que tienen la misión de garantizar la Seguridad Pública y Ciudadana las más corruptas y corrompida en la gestión y control de la misma.

 La situación planteada le ha dado paso a una violencia, estructurada que a escalado posiciones recalcitrantes que han emplazado a las Instituciones responsables de mantener el orden público a tener que reaccionar para tratar de mantener niveles aceptables de Seguridad Pública, implementando planes y acciones  disminuidas e improvisadas, lo que ha permitido el avance de una delincuencia organizada que ha transformado el Territorio pacífico de la República en un teatro de operación del crimen organizado dirigido y gestionado por antisociales llamados PRANES o COLECTIVOS.

 El orden público del país es dramático,  los entes públicos encargados de velar por estas Garantías Constitucionales han permanecido apacibles e inmutables ante la ocurrencia de esta barbarie. El crecimiento del flagelo criminógeno en  la sociedad y de la delincuencia organizada han sido colosal, su aumento exponencial es abierto, este se constata a partir de una serie de eventos que han venido ocurriendo, tales como la violencia Política instaurada en el País ha llegado a tales niveles que se han ejecutados actos terroristas y han aparecido en la palestra Pública listas de perseguidos políticos, lo cual deja el indicador del inicio de una guerra sucia y acciones de baja intensidad, cuya magnitud, repercusión y responsabilidad es difícil de determinar. El venezolano no entiende como los organismos encargados de esta responsabilidad solamente han implementado operativos epilépticos e improvisados, a sabiendas que esas medidas no darán al traste con esta pesadilla dantesca que está viviendo el día a día la Sociedad Venezolana. El problema de la violencia es la consecuencia de un populismo perverso que ha sustituido las políticas económicas y sociales deficitarias que existían, que por lo menos controlaban en cierto nivel la criminalidad en el ámbito social.

Los representantes del Poder Público deben entender que su responsabilidad es brindarle a la sociedad la Seguridad Pública necesaria que le garantice a la ciudadanía el derecho Constitucional a la vida y el resto de sus derechos fundamentales como son los derechos humanos. A sabiendas estos Funcionarios Públicos, que estas garantías Constitucionales no son dadivas que están bajo la discrecionalidad del Príncipe, son mandatos constitucionales que tienen que cumplir los Funcionarios Públicos que tengan asignadas estas competencias; sin embargo, el populismo reinante ha permitido que la criminalidad se acreciente dramáticamente.

Los niveles de pobreza y la reducción de la actividad laboral han minimizado las oportunidades de bienestar social de un sector bastante importante de la sociedad. A tales efectos, el populismo rentista reinante ha sido utilizado por el Gobierno para  imponer sus agendas políticas de unos servicios públicos deficitarios. El Estamento Público y la Sociedad Civil como un todo, tiene que someter este mecanismo perverso a un proceso de reingeniería para adecuarlo a las nuevas realidades y no sustituirlo por unas relaciones demagógicas éticamente inhumanas que derivan en irresponsabilidad social asumida por los gobernantes de turno.

 Lo expuesto, constituye la criminalística procesal que explica la existencia de una violencia estructural que segrega y discrimina a una parte de la sociedad de los canales legítimos de acceso a la justicia, a pesar de que la Constitución Nacional determina en sus artículos 21 ordinal (1), 26 y 43 lo siguiente:
Artículo 21: “Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: Ordinal (1º) No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”. (Subrayado Nuestro)

Artículo 26: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. (Subrayado Nuestro)

Artículo 43: “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar, o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier forma”. (Subrayado Nuestro)

La violencia estructural expuesta se nutre de otro elemento, por cierto, muy practicado por algunos de los representantes del gobierno y que es el abono, el oxígeno necesario y tierra fértil donde germina la criminalidad que impera en el País. A diario se observa funcionarios Públicos emulando al triste celebre “PEDRO NAVAJA” en la Asamblea Nacional anterior, algunos representantes del Pueblo dictaron Cátedra de Moral Pública como la realizada por un diputado carroñero de la que era la bancada oficialista, dirigiéndose al Pueblo y resto de los diputados de su bancada  iniciaba su discurso magistral con la siguiente parábola: “Partida de cabrones, de ladrones, Jala bola, por allí se fue el contenido locuaz de este Juanito alimaña que lo conocen dos personas (los venezolanos y los extranjeros) parasito de oficio que con su  exposición, ese  elemento discursivo y estridente que se ha instaurado en el ámbito sociopolítico venezolano y en particular en el discurso político de los honorables representantes del Poder Público, lo cual ha permitido la cosecha de delitos foráneos como son: el asesinato por encargo, el narcotráfico y el secuestro, la puñalada trapera, el tiro por la culata por citar algunos.

La combinación de la violencia estructural y el discurso incitador, falso  asumido por algunos representante del gobierno y la posesión indiscriminada e ilegítima de armas de fuego y el mercado de narcóticos (droga) son el combustible necesario de la violencia criminal, han creado una Cultura de Vida Criminal y de Capos, que campea ante la mirada complaciente de los organismos competentes, que investiga e instruye el cual  no actúan, no investigan, no instruyen y el que Administra Justicia, duerme como un oso en invierno, pero si se despiertan los últimos de cada mes para cobrar sus jugosos sueldos que pagamos los contribuyentes con nuestro impuestos y estos funcionarios Públicos   incurriendo con este actuar en el delito de DENEGAR  JUSTICIA.

La violencia cotidiana ha llegado a configurarse como una subcultura, como un estilo de vida con elementos muy característicos, organizados en colectivos mafiosos, en bandas de adolescentes que adoptan comportamientos muy simples al tener fácil acceso a los bienes y servicios que le ofrece el mercado donde operan, teniendo a la mano la droga, al mercado negro de las armas y el patrocinio de algunos agentes del orden (policías) que venden su función al mejor postor.

La violencia criminal es un problema muy grave en cualquier sociedad, la misma tiene que ser enfrentada con seriedad y responsabilidad en su justa dimensión por parte de los representantes del Poder Público. Este problema de Interés Nacional no puede ser atendido por reacciones  ramplonas como ha sido atendido hasta el presente. La Sociedad Venezolana clama a diario por Seguridad Pública; el colectivo venezolano está cansado de justificaciones  engañosas y en cambio pide a diario soluciones de fondo a la violencia estructural reinante.

Para ello, es necesario la existencia de un Poder Público con voluntad política para erradicar la violencia que se ha instaurado en el país, implementando políticas de Estado que estén dirigidas a la construcción de una sociedad respetuosa, trabajadora, estable, unida por los lapsos de la democracia libre, que los límites de sus derechos sean el derecho de los demás. El derecho a la vida es la columna vertebral de los derechos humanos, su desconocimiento constituye delitos que no prescriben y están previstos en el Estatuto de Roma, Instrumento fundamental de la Corte Penal Internacional, y Venezuela es firmante del mismo. 

Edison Martin Chirinos
edison2015@hotmail.com
@edison20151
Miranda - Venezuela 

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