GOBIERNO SIN CONTROL
La decisión de la mayoría opositora de la Asamblea Nacional en la cual
se declara, mediante una interpretación literal del artículo 233 de la
Constitución, “abandono del cargo” por parte de Nicolás Maduro, me parece
inobjetable desde el punto de vista constitucional y político. El Parlamento
estaba obligado a parársele firme a un déspota que desde el 6 de diciembre de
2015 ha agredido a la AN, desconociendo la voluntad de ocho millones de
venezolanos que votaron a favor de los candidatos de la MUD.
El 23 de diciembre de 2015, dos
semanas antes de que asumieran las nuevas autoridades, Maduro les ordenó a sus
diputados en la Asamblea saliente que designaran a los integrantes del TSJ,
incluidos los miembros de la Sala Constitucional, instancia consolidada desde
entonces como el aparato de choque “legal” del régimen contra el Poder
Legislativo. Ese nombramiento arbitrario e ilegal presagió lo que vendría.
A partir del 5 de enero del año pasado arreció la embestida. En los 23
“considerandos” que respaldan el abandono del cargo se exponen con total
claridad las violaciones cometidas por Maduro contra la autoridad de la AN. En
total son trece las más graves (quien desee abundar en los detalles puede
remitirse al portal de Runrunes).
El 14 de enero de 2016, avalado por su TSJ, declara el Estado de
Emergencia Económica y Excepción, prorrogado indefinidamente al margen de la
Constitución y sin la aprobación de la AN, lo cual le ha permitido gobernar sin
los controles legislativos establecidos en la Carta Magna. Maduro fomenta el
desconocimiento de las atribuciones del Poder Legislativo, al ordenarles a sus
ministros y otros altos funcionarios que desatiendan los llamados a comparecer
ante la AN. Firma contratos y acuerdos sin la aprobación del Parlamento, como
lo exige el artículo 150 de la Constitución. Presenta el Presupuesto Nacional
2017 ante el TSJ, ignorando a la AN. Politiza y partidiza el TSJ y el Consejo
Nacional Electoral, poderes que deberían ser autónomos e imparciales. Posterga de manera injustificada
las elecciones de gobernadores, que debieron haberse realizado en 2016. Veta
todas las leyes sancionadas por la AN, siempre con la justificación suscrita
por el TSJ. Su desempeño económico se encuentra fuera de los principios de
eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal
contenidos en la Constitución; las consecuencias de sus desaciertos se traducen
en inflación, desabastecimiento de alimentos y medicinas, caída del PIB y
pobreza creciente. Desidia en la obligación de resguardar la seguridad
ciudadana; Venezuela es el país más violento del mundo con un índice de 92
homicidios por cada 100.000 habitantes. La nación dejó de ser una democracia
para convertirse en una dictadura donde existen presos, perseguidos y exiliados
políticos. En la Venezuela de Maduro se quebranta a diario la libertad de
expresión e información, a través de amenazas y hostigamiento a los medios de
comunicación independientes.
De forma sintética, estos son los criterios expuestos en los
“considerandos” que sustentan la decisión de la AN. No hay espacio para la
duda: Maduro es un mandatario inepto y autoritario, que propicia la ruina
nacional y la desintegración del Estado democrático. El escenario político, que
en todos los países se caracteriza por los conflictos y las tensiones, en
Venezuela se ve exacerbado por la naturaleza de un autócrata menor movido por
el deseo de eternizarse en el poder y ser el digno sucesor del caudillo que le
sirve de modelo e insignia: Hugo Chávez. Para lograr este objetivo ha fortalecido
la alianza con los militares, con los cubanos y está montando su propio aparato
de propaganda, una de cuyas piezas fundamentales es el culto a la personalidad.
Cada vez se equipara más con Chávez.
La decisión de la AN resulta incuestionable en el plano político. El
Parlamento no puede dejarse arrollar por el dictador sin dar la pelea. Sin
embargo, esta certeza no debe conducir a crear expectativas ilusorias e inducir
la falsa creencia de que Maduro está caído o en sus últimos días. La MUD puede presentar
la decisión como un ataque en defensa propia. Como un acto de reafirmación de
su autoridad, afincada en la amplia mayoría que representa. En el plano
internacional, Maduro ahora es un mandatario deslegitimado por un Parlamento
que encarna la voluntad de un pueblo que lo desprecia.
Argumentar que es una medida ineficaz o inútil porque carece de
consecuencias inmediatas, es como sostener que no se debe votar porque los
comunistas no entregan el poder por la vía electoral.
Trino Marquez Cegarra
trino.marquez@gmail.com
@trinomarquezc
Miranda - Venezuela
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