domingo, 10 de abril de 2016

SUSANA MORFFE, INTERVENCIONISMO NACIONAL (ENTRE CIELO Y TIERRA)

El intervencionismo es la manzana de la discordia en la política del país y cada uno de los responsables, en mayor o menor medida, no se están ocupando de los asuntos que le competen. Al otro lado de la fila de desatinos están los que accionan con la vida y muerte de la población. Es el caos social de larga duración.

Las instituciones puntuales que rigen la justicia, el orden, las leyes, mandatos y tantas otras que pertenecen al rol de un país planificado y bien estructurado, se aplican al “juego ilegitimo” de abandonar sus actividades para dedicarse a otras que no son suyas y hacer el papel de gendarmes para terminar de destruir la última vértebra social que le queda a Venezuela. La credibilidad  se erosiona.
El desbarajuste no puede conducir a una solución, reconciliación o entendimiento, hasta que cada uno deba responsablemente ocupar su lugar. La mayor aberración es manifiesta día a día con el hampa o los sicarios, erigidos como juez que determina la condena a muerte.  Los hechos abominables se extienden cuando se observa a grupos sociales que toman la ley en sus manos para linchar a otros, culpables o no culpables. Trágicas experiencias se van repitiendo a diario y el origen del horrendo exterminio se produce por el intervencionismo nacional. Meterse en asuntos ajenos sin ser invitado, es una falta de respeto, y una insana costumbre muy generalizada.
Según el organigrama que rige la Constitución de 1999, después de la Presidencia de la República se organiza por poderes la estructura de la nación y se establece que la Asamblea Nacional ostenta el segundo lugar, siendo la rama del poder público a la que compete la función de sancionar las leyes. “Con una estructura unicameral que  obedece al propósito de simplificar el procedimiento para la formación de las leyes, reducir los costos de funcionamiento, erradicar la duplicación de órganos de administración y control”, es la esencia de la asamblea.
El Tribunal Supremo de Justicia, ocupa el tercer lugar de la estructura y es el encargado de administrar justicia emanada de los ciudadanos y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Los Magistrados de la Corte son elegidos por la Asamblea Nacional. “Puede el TSJ declarar la nulidad total o parcial de las leyes y demás actos generales de los cuerpos legislativos nacionales que colidan con la Constitución”. De no ser así, el TSJ viola sus propias competencias y es lo que ha sucedido hasta el momento. Luego le sigue el Poder Ciudadano y finalmente el Poder Electoral, cada uno con sus atribuciones en la “acomodaticia” Carta Magna.
En cada uno de esos poderes se ubican subalternos como la propia Fuerza Armada Nacional, institución que  actualmente se aplica a hacer análisis y pronunciamientos de leyes, sin ser materia de su compromiso con el país, siendo su exclusividad la defensa de la patria, así como lo deben hacer los cuerpos de seguridad en defensa de los ciudadanos,  mas no protagonistas inapropiados de la violencia.
La reconciliación y entendimiento en el país solo se podría lograr si impera el respeto por la organización de los poderes y sus competencias, sin intervencionismo  en las materias propias de cada  uno, llámese Cancillería,  Ministerio, Gobernación, Alcaldía, Concejo, empresariado.  Por último, y no menos importante,  el que lleva la batuta en este lamentable estado de deterioro, es la figura del Mandatario Nacional,  a quien se le exige mostrar su partida de nacimiento para poder seguir ejecutando; en caso contrario, de resultar ser un extranjero, tiene el deber de  firmar la renuncia que todos los venezolanos están esperando para la paz social. Es necesaria una salida creíble.
Susana Morffe
susana.morffe@gmail.com
@susanamorffe
www.susanamorffe.blogspot.com

Nueva Esparta - Venezuela

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