El intervencionismo
es la manzana de la discordia en la política del país y cada uno de los
responsables, en mayor o menor medida, no se están ocupando de los asuntos que
le competen. Al otro lado de la fila de desatinos están los que accionan con la
vida y muerte de la población. Es el caos social de larga duración.
Las instituciones
puntuales que rigen la justicia, el orden, las leyes, mandatos y tantas otras
que pertenecen al rol de un país planificado y bien estructurado, se aplican al
“juego ilegitimo” de abandonar sus actividades para dedicarse a otras que no
son suyas y hacer el papel de gendarmes para terminar de destruir la última
vértebra social que le queda a Venezuela. La credibilidad se erosiona.
El desbarajuste no
puede conducir a una solución, reconciliación o entendimiento, hasta que cada
uno deba responsablemente ocupar su lugar. La mayor aberración es manifiesta
día a día con el hampa o los sicarios, erigidos como juez que determina la
condena a muerte. Los hechos abominables
se extienden cuando se observa a grupos sociales que toman la ley en sus manos
para linchar a otros, culpables o no culpables. Trágicas experiencias se van
repitiendo a diario y el origen del horrendo exterminio se produce por el
intervencionismo nacional. Meterse en asuntos ajenos sin ser invitado, es una
falta de respeto, y una insana costumbre muy generalizada.
Según el organigrama
que rige la Constitución de 1999, después de la Presidencia de la República se
organiza por poderes la estructura de la nación y se establece que la Asamblea
Nacional ostenta el segundo lugar, siendo la rama del poder público a la que
compete la función de sancionar las leyes. “Con una estructura unicameral que obedece al propósito de simplificar el
procedimiento para la formación de las leyes, reducir los costos de
funcionamiento, erradicar la duplicación de órganos de administración y
control”, es la esencia de la asamblea.
El Tribunal Supremo
de Justicia, ocupa el tercer lugar de la estructura y es el encargado de
administrar justicia emanada de los ciudadanos y se imparte en nombre de la
República por autoridad de la ley. Los Magistrados de la Corte son elegidos por
la Asamblea Nacional. “Puede el TSJ declarar la nulidad total o parcial de las
leyes y demás actos generales de los cuerpos legislativos nacionales que
colidan con la Constitución”. De no ser así, el TSJ viola sus propias
competencias y es lo que ha sucedido hasta el momento. Luego le sigue el Poder
Ciudadano y finalmente el Poder Electoral, cada uno con sus atribuciones en la
“acomodaticia” Carta Magna.
En cada uno de esos
poderes se ubican subalternos como la propia Fuerza Armada Nacional,
institución que actualmente se aplica a
hacer análisis y pronunciamientos de leyes, sin ser materia de su compromiso
con el país, siendo su exclusividad la defensa de la patria, así como lo deben
hacer los cuerpos de seguridad en defensa de los ciudadanos, mas no protagonistas inapropiados de la
violencia.
La reconciliación y
entendimiento en el país solo se podría lograr si impera el respeto por la
organización de los poderes y sus competencias, sin intervencionismo en las materias propias de cada uno, llámese Cancillería, Ministerio, Gobernación, Alcaldía, Concejo,
empresariado. Por último, y no menos
importante, el que lleva la batuta en
este lamentable estado de deterioro, es la figura del Mandatario Nacional, a quien se le exige mostrar su partida de
nacimiento para poder seguir ejecutando; en caso contrario, de resultar ser un
extranjero, tiene el deber de firmar la
renuncia que todos los venezolanos están esperando para la paz social. Es
necesaria una salida creíble.
Susana
Morffe
susana.morffe@gmail.com
@susanamorffe
www.susanamorffe.blogspot.com
Nueva
Esparta - Venezuela
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