El deterioro institucional del país se aceleró en tal magnitud que es casi imposible su rescate en el mediano plazo. Solo ruinas sobre ruinas y escombros sobre escombros ha dejado este régimen a lo largo del camino transitado durante más de veinte años. La destrucción sistemática de sus instituciones públicas y también privadas, para crear la nueva sociedad y el hombre nuevo del socialismo del siglo XXI, pasando incluso por encima de la vigente Constitución, que promovieron, no pasó de ser un abominable acto de canibalismo político. En esa vorágine se engulleron todo cuanto encontraron, sin crear otra cosa que no fuese el fétido estiércol de la miseria y desolación.
Lo que nos queda por hacer requiere de un esfuerzo descomunal de todos, diríamos que de heroísmo colectivo. Para comenzar la tarea, debemos revisar las bases –que aún quedan– sobre las cuales se construyeron las instituciones democráticas que el chavismo-madurismo ha destruido. Es perentorio edificar sobre ellas, perfeccionándolas; así como implementar otras, para que se sintonicen con la modernidad y verdadero bienestar común, y eliminar los ruinosos armatostes que pretendieron sustituirlas. Estamos constreñidos a dotarlas de una consistencia y confiabilidad, que consolide su total sustentabilidad. Centrarnos en ese objetivo requiere inmediatez.
Consolidar los postulados democráticos en las instituciones rescatadas y creadas impone la reafirmación del principio fundamental establecido en la Constitución Nacional, que señala en su artículo 2: “Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia”, que propugna, entre otros valores, la democracia y el pluralismo político. Ese principio y esos valores quedaron vilmente derogados de facto por este régimen.
En cuanto al principio fundamental del Estado Social de Derecho, lo definen algunos autores como aquel que, partiendo del marco del Estado de Derecho, busca alcanzar un orden económico y social justo, velando por la defensa y mantenimiento de los derechos humanos, especialmente los derechos civiles, políticos y sociales. El tratadista García Pelayo lo definió como la adaptación del Estado liberal burgués a las condiciones sociales de la civilización industrial y posindustrial, con sus nuevos y complejos problemas, pero también con sus grandes posibilidades técnicas, económicas y organizativas para enfrentarlos. Es obvio que en estas dos décadas el pueblo venezolano ha sufrido tal vez el peor de los regímenes que en su historia le ha tocado vivir.
Por su parte, el valor de la democracia corrió la suerte de ser sustituida por un comunismo, que bajo el velo del socialismo del siglo XXI se constituyó sesgadamente en dogma nacional, pese a que en ninguna parte de la Constitución se encuentra consagrado como sistema o modelo político. Es inviable la coexistencia de demócratas con quienes son antidemócratas radicales. Democracia y totalitarismo son dos modelos inter refractarios.
El valor del pluralismo político, que establece la Constitución, no debe ser utilizado como subterfugio para que se catapulten en el país regímenes totalitarios, llámese fascismo, nazismo o comunismo, que solo pretenden apoderarse y controlar al Estado, la sociedad y a los individuos en forma absoluta. De esa forma, terminan aboliendo a ese mismo pluralismo del que se valieron para alcanzar el poder. El asunto adquiere dimensiones más trágicas cuando esas taras prohijan otras, en las que circunscriben sus acciones, como las del narcotráfico, la corrupción y el terrorismo. El rescate de las instituciones democráticas debe implicar que se impida la concesión de las reglas democráticas a quienes se han valido de ellas para pulverizarlas.
Ha sido largo el debate sobre la erradicación del comunismo por totalitario en el mundo. Los pronunciamientos y decisiones que más se aproximan a ese cometido provienen en mayor parte de aquellos países en los que se cometieron crímenes bajo ese modelo político, el genocidio entre ellos. Igual existen países que se han descomunizados y rechazan o han rechazado expresamente la instauración de regímenes de corte totalitario.
El rescate de las instituciones, y del ciudadano, concebido fundamentalmente en el ejercicio real de sus derechos políticos, no puede quedar al margen de la propuesta transicional para quedar a la espera de un futuro incierto, que inferimos por la mentada participación en la transición de quienes son protagonistas del desmadre institucional. Extraño que el Plan País no aborde el tema.
Concretamente, proponemos, como una de varias formas de blindaje, que el valor democrático del pluralismo político se proteja enfáticamente con una regulación clara y precisa que defina y prohíba los regímenes que por totalitarios son antipluralistas. De igual forma, en su momento, que se configure –para los responsables de esos regímenes y sus crímenes– la inhabilitación de los derechos para ejercer cargos o empleos públicos o políticos, en términos tales que impidan su ejercicio por un tiempo tan prolongado como ejemplarizante.
Víctor Antonio Bolívar Castillo
vabolivar@gmail.com
@vabolivar
No hay comentarios:
Publicar un comentario