“Allí donde no se castiga a los criminales, donde no se reparan las injusticias, donde los derechos de propiedad se vulneran, donde la ciudadanía no puede esperar de los jueces una sentencia ajustada a las leyes, es muy difícil que se cree una atmósfera civilizada capaz de nutrir los procesos de acumulación de riqueza”. Carlos Alberto Montaner
La
administración transparente de la justicia como concepto es lo que permite la
convivencia civilizada de la raza humana en todas las latitudes.
No
es factible ni posible la coexistencia en ninguna sociedad si sus integrantes
no se rigen por un código, un reglamento o normas de comportamiento y respeto a
los deberes y derechos de sus integrantes, como a la correspondiente sanción
cuando se incurre en el desconocimiento deliberado de la norma.
Es
por eso por lo que en los países civilizados, la convivencia es funcional.
Disponen de un conjunto de leyes nacidas al amparo jurídico de sus Constituciones. También de instituciones
públicas realmente funcionales, no subalternizadas por quienes detentan el
poder, mucho menos condicionadas por la voz y mando de las distintas expresiones
de los demás poderes promovidos por la ciudadanía. Y, desde luego, por la
gestión rectora de hombres y mujeres moral y éticamente comprometidas con la no
menos importante misión de administrar
justicia; de hacer posible que la justicia opere con base en la sabia
interpretación de la norma.
El
Poder Judicial, entonces, es el verdadero rector determinante de la
civilización; la negación del primitivismo que impone la barbarie o la cacería
interesada de quienes medran en la truculencia de la antinorma. De hecho, para
hacer cumplir las leyes rectoras del
comportamiento humano, se eligen aquellos ciudadanos cuya distinción trascienda
a la sabiduría y el conocimiento jurídico: se trata de los íntegros, de los más
probos, de los más honestos y respetados.
Es decir, no se trata de cualquier individuo. Porque, además, a partir
de su conducta ciudadana y administrativa en funciones públicas, deben
construir confianza. Y la confianza ciudadana sólo se construye demostrando que
las cualidades y condiciones personales y académicas, están al servicio de la
sociedad; nunca, jamás a favor de dependencias condicionantes, especialmente de
los intereses grupales, llámense como se llamen.
Una
sociedad que pierde la confianza y credibilidad en su Poder Judicial, y que se
abstiene de su obligación de exigir una recomposición de dicha figura
institucional pública, abre las puertas para que sean la corrupción y la impunidad las que determinen la forma como
debe desarrollarse la convivencia. Y, adicionalmente, contribuye a inducir la pérdida de todo tipo
de valores, mientras afianza con su conducta la vigencia de una sociedad
forajida, en la que, progresivamente, se impondrán los más fuertes, y la
justicia se administrará individualmente, bien por la vía de la venganza o de las inconvenientes y supuestas ventajas
que ofrece la anarquía.
En
días recientes, los venezolanos apreciaron con asombro, cómo un Fiscal de la
República que tuvo a su cargo la responsabilidad de instruir la demostración de
presunta culpabilidad de incurrir en un
delito de un ciudadano opositor y líder
político, declaró en un canal de televisión internacional que las pruebas en
las que se fundamentó la demostración del supuesto delito, no fueron ajustadas
a la verdad. Y que, en razón de ese procedimiento, la sentencia que se dictó en
contra de esa persona, por la que debía purgar cárcel durante casi catorce
años, respondía a un proceso viciado, realmente fraudulento. Concretamente, que
todas las pruebas presentadas por él, son falsas y fabricadas por el Poder
Judicial para declarar culpable al ciudadano, a partir de que él, como Fiscal, en un acto de impropia y cuestionable
complicidad, hizo lo que se le autorizó para que el inexistente delito
terminara convirtiéndose en un hecho real.
"A
confesión de la parte, relevo de pruebas”, reza la Ley.
Independientemente
de la veracidad o no de esta declaración, el sólo hecho de que las haya emitido
el Fiscal de la causa, un Fiscal de la República, sin duda alguna, indican los
juristas, obliga a suspender el juicio y a ordenar una investigación inmediata,
organizada por un grupo de profesionales libres de toda sospecha, que gocen de
honestidad y credibilidad.
No
pueden haber solidaridades automáticas e inmediatas. Y, salvo que el objetivo
sea el de impedir que la verdad se conozca, las autoridades tendrían que
abstenerse de emitir ningún pronunciamiento o de emitir juicios, dando
garantías a los ciudadanos de imparcialidad, para contribuir a rescatar
la credibilidad en el sistema Judicial del país. En relación con el caso que se cita, esto no
es lo que ha acontecido. Nadie ha dicho que hay que demostrar la verdad y
evitar suspicacias alrededor del procedimiento. Se ha optado por descalificar a
quien ha dicho que es cómplice de un acto legal viciado.
En
relación con el caso y por la similitud con lo que ha ocurrido, es importante
recordar que no hace mucho tiempo, el
Presidente de una Sala del Tribunal Supremo de Justicia, máxima autoridad
judicial, también huyó del país,
solicitó asilo político y, de igual manera, declaró en un canal de televisión internacional sobre
la ausencia de honestidad y de pulcritud en la administración de justicia en el
país. Por supuesto, no son pocos los venezolanos los que hoy consideran que en
Venezuela no existe una verdadera administración de justicia, y que la
ciudadanía, realmente, “está a la buena de Dios”.
Es
importante señalar que aquellos países que han recibido a estos fugitivos
venezolanos y exfuncionarios judiciales, no les pueden dispensar un trato
de héroes y liberarlos de su responsabilidad consciente y cuestionable,
en el ejercicio de una práctica en contra de los derechos humanos en Venezuela.
Ellos han admitido ser cómplices en graves delitos que los comprometen ante la
justicia nacional e internacional, y, en razón de esa conducta, también tienen
que ser enjuiciados y sancionados. De lo contrario, sólo se estaría
contribuyendo a incrementar el deterioro que exhibe la poca credibilidad de la justicia
venezolana dentro y fuera del territorio nacional, pero también a demostrar
que, a nivel internacional, la administración de justicia tiene que dejar de
actuar como una simple distribución de
intereses entre Estados o entre Gobiernos.
La
administración de justicia en Venezuela es víctima de una metástasis de extrema
inmoralidad, si se toman como ciertas y serias las propias declaraciones que han emitido importantes personeros del
Poder Judicial, cuando se han referido al alto número de delitos que no son
castigados como debería ser, por lo que la impunidad es exageradamente alta. Pero si a nivel
internacional los procedimientos contra delitos y evidentes delincuentes no
pasan de ser un simple saludo a la bandera, nada impide que el primitivismo
social y la irracionalidad estimulada
por motivos políticos o religiosos, sigan expandiéndose.
Egildo
Lujan Navas
egildolujan@gmail.com
@egildolujan
Miranda
- Venezuela
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