Los Estados de
Excepción en la frontera con Colombia deben ser derogados
Venezuela y Colombia compartimos una larga frontera
con una intensa y dinámica actividad económica, social y comercial, que ha permitido la generación de empleos,
inversiones y que ha beneficiado
ampliamente a la pequeña y mediana industria. Ahora bien, la existencia
de divergentes políticas económicas: cambiarias, fiscales, financieras,
laborales, entre otras, condicionan la naturaleza de las corrientes
fronterizas, los capitales y las personas que se movilizan a las áreas que
resulten más atractivas.
El Grupo Ávila está consciente de que la relación
bilateral se ha tornado más complicada en los últimos años debido a las
políticas de controles que se desarrollan en Venezuela, particularmente, los
controles de cambio y precios. Un importante número de productos de la cesta
básica con precios controlados, y el subsidio a la gasolina, han generado una
situación muy compleja en el intercambio comercial, mercados negros y creciente
corrupción. A estos problemas se debe
sumar la situación de las migraciones humanas, los indocumentados, el
narcotráfico, los movimientos de grupos guerrilleros y paramilitares; todo un conjunto
de variables que han generado una entorno explosivo.
Los problemas en la frontera no son nuevos y si
bien los dos gobiernos han realizado esfuerzos individuales y bilaterales para
enfrentarlos, en la práctica las acciones han sido parciales y muy limitadas,
sin mayores efectos de cambio.
Debido a complejidad de la situación el Gobierno
Nacional decidió establecer, en buena parte de la extensa frontera, (2.200 kms
aproximadamente) un Estado de excepción, pretendiendo que con el máximo control
militar se enfrentaría y superarían los graves problemas que históricamente han
existido en esos espacios geográficos. En la fase inicial de aplicación de la
normativa, hubo expulsión de población indocumentada, pero bajos condiciones
arbitrarias y en algunos casos inhumanos, hasta el punto que algunas
organizaciones defensoras de los derechos humanos han alertado sobre la posible
situación de delitos de lesa humanidad.
En este momento, luego de varios meses de vigencia
de la medida, la situación resulta muy lamentable: no se han resuelto los
graves problemas existentes, como el contrabando o el narcotráfico; se han
generado unos nuevos, pues se ha incrementado la discrecionalidad y la
corrupción de las fuerzas de seguridad venezolana, deteriorándose así las
oportunidades para la inversión, el comercio, el empleo y el bienestar en
general.
El Grupo Ávila está en la obligación de alertar que
con los Estados de Excepción los grandes perdedores han sido las poblaciones
honestas y trabajadoras de la zona fronteriza; se han afectado las familias; se
ha golpeado la pequeña y mediana industria; se han afectado los servicios de
educación, salud y recreación; particularmente en la zona venezolana. Con toda
esta lamentable e irracional situación se ha perdido la confianza hacia esas
zonas.
El Grupo Ávila reitera su exigencia de derogatoria
inmediata de tales decretos y exhorta al gobierno nacional a propiciar un diálogo con los diversos actores
de la sociedad para construir un programa de restitución de la confianza, que
permita retomar la dinámica del comercio, las inversiones, los servicios y
enfrentar los problemas con políticas económicas que repotencien esos espacios.
Miembros del Grupo Avila:
Edmundo Gonzalez Urrutia, Milos Alcalay, Fernando Gerbasi, Adolfo Taylhardat, Sadio Garavini, Emilio Nouel, Gerardo Arellano, Maruja Tarre, Beatriz Gerbasi, Erik Becker, Maria T. Belandria, Rodrigo Arcaya, entre otros....
Es atentico
Emilio Nouel V.
emilio.nouel@gmail.com
@ENouelV
Yaracuy - Venezuela
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