La MUD conquistó el 6D las 2/3 partes de los miembros
de la Asamblea. En presencia de la misión de acompañantes de UNASUR, de los
expresidentes latinoamericanos, así como ante todo el país una vez que el CNE
anunció los cómputos, el presidente Maduro reconoció los resultados, aunque
ahora buscan otras vías para burlar la soberanía popular.
Al votar los venezolanos manifestaron su malestar por tres razones fundamentales: la inseguridad, la inflación y la escasez. La solución de esos problemas sigue estando fundamentalmente en manos del gobierno.
Pero la Asamblea debe dar respuestas y aclarar muy
bien cuáles son sus atribuciones y facultades.
Una responsabilidad prioritaria que tiene la Asamblea es la de
contribuir a combatir la inflación. Para ello la Constitución pone en sus manos
facultades para hacerlo por varias vías:
a través del Presupuesto Nacional, a través del control del gasto
público e impidiendo el déficit fiscal. Para ello es indispensable
devolverle la autonomía al Banco Central,
a fin de que este cumpla con las funciones que le son propias, la primera de
las cuales es preservar el valor de la moneda.
Vale la pena detenernos aquí para explicar el origen
de la inflación que nada tiene que ver con las monsergas del nuevo zar de la
economía, quien pretende referirse a ella en términos dogmáticos, olvidando las
variables de las cuales depende. Ella consiste en un aumento general del nivel
de los precios que obedece a la pérdida del valor del dinero. Las causas de la
inflación son diversas pero se produce inevitablemente cuando la oferta
monetaria crece más que la oferta de bienes y servicios. Es el resultado de un
gasto público deficitario y de un Banco Central que para financiarlo emite
dinero en exceso.
Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. En el
transcurso del año 2015 la oferta monetaria
casi se duplica por la brutal expansión del dinero emitido por el BCV
para cubrir un déficit fiscal del orden del 20% del PIB y un déficit en el flujo
de caja de PDVSA de unos $ 19.000 millones. PDVSA ya le adeuda al Banco Central
cerca de 145.000 millones de dólares por el financiamiento recibido. Mientras
tanto el PIB cae en cerca de un 9%.
Decía Milton Friedman, Premio Nobel de Economía:
"La única manera de acabar con la inflación estriba en no permitir que el
gasto público crezca tan rápidamente". Y agregaba: "Los gastos
gubernamentales pueden ser inflacionarios o no. Serán inflacionarios, fuera de
toda duda, si se financian creando moneda o imprimiendo billetes".
Esa es exactamente la causa de que -según cifras del
BCV- la inflación en Venezuela haya alcanzado el 270,7% en el 2015, con mucho
la más alta del mundo.
Para impedir que los gobiernos puedan obligarlos a
crear moneda e imprimir billetes destinados a financiar el déficit fiscal, en
las economías modernas los bancos centrales son autónomos. Pero los gobiernos
autoritarios se niegan a aceptarlo. Por eso tanto la Asamblea saliente como el
presidente Maduro vía Habilitante, aprobaron a última hora medidas para
liquidar totalmente la autonomía del Banco Central y quitarle al Parlamento las
facultades que tiene en materia de designación de directores
o destitución del Directorio. A la vez resulta insólito que quieran
impedir que el Banco Central suministre informaciones estadísticas relacionadas
con la inflación, PIB, déficit fiscal y otras. El gobierno pretende que tales
datos sean un secreto de estado.
Vano intento del oficialismo. Se trata de facultades
que tiene la Asamblea Nacional establecidas en los artículos 31, 319 y 320 de
la Constitución. Aun los estudiantes de primer año de derecho saben que
conforme a la Pirámide de Kelsen, la Constitución está por encima de las demás
leyes y no puede ser modificada por vía de una ley, ni de una Habilitante.
Las referidas estadísticas ponen en evidencia el caos
en que han hundido a nuestra economía. El gobierno cree que al ocultarlas a la
población el impacto político sería menor. El grueso de la gente no tiene
interés en informaciones técnicas, pero igual sufren a diario las consecuencias
de la escasez y la inflación sin necesidad de que el BCV se los diga. A quien
sí daña el gobierno es al aparato productivo y a los agentes económicos que
necesita de esos datos para orientar sus inversiones y sus gastos, planificar
la producción, realizar contratos, calcular el pago del ISLR y negociar
contratos colectivos. Por supuesto, el
daño agrava la escasez y contribuye a la caída del PIB.
El camino que está trazando el gobierno con su modelo,
su incapacidad , su dogmatismo y su ignorancia, conduce inevitablemente a la
hiperinflación y, peor aún, a una estanflación que es el peor cáncer que pueda
padecer una economía y suele desgarrar el tejido social.
Jose Toro Hardy
petoha@gmail.com
@josetorohardy
Miranda - Venezuela
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