Aunque ya uno está
curado de espanto, nos alarmó la noticia de que a un “grupo hamponil dedicado
al secuestro y la extorsión, aliado del reconocido hampón Chino Pedrera”, dentro
de una camioneta robada, le encontraron un lanzacohetes AT-4, un arma de guerra
bien moderna (dentro de lo que cabe en una FAN que tiene añadida una “B”) que
solo se encuentra en los parques de armas de las unidades del Ejército.
Uno se pregunta: ¿habrá ya algún comandante
de batallón detenido y bajo averiguaciones?
La respuesta más acertada es que no, porque estamos en una sociedad de
cómplices. Lo más probable es que los fiscales
militares estén muy ocupados persiguiendo civiles por el “delito” de expresar
su opinión, cosa que es no-no bajo este régimen. Un arma de ese tenor, capaz de detener un
tanque de guerra, no sale del parque sin la firma de alguien que se hace
custodio de ella; mucho menos, puede pasar sin ser notada por delante de la
guardia de prevención del cuartel. A
menos que vaya oculta en el maletero de un carro pilotado por un oficial.
En todo caso, si nos guiamos por el viejo
apotegma militar de que: “el comandante es el responsable de todo lo que se
haga o deje de hacerse en su unidad”, algún oficial superior ya debería estar
imputado.
Pero no. Ya tenemos el antecedente de otro
lanzacohetes: el que, según Boves II, iba a ser utilizado para derribar SU avión
—al cual las malas lenguas llamaban “el caracol”, por aquello de que llevaba el
animal por dentro. Y sigue en
eso...
En dicha oportunidad, a lo mejor
no convenía abrir una averiguación porque la coba metida en cadena nacional por
el susodicho era muy burda: que con un arma tierra-tierra (que disparada contra
la gravedad no alcanzaría ni 200 metros) intentaban tumbar un avión que,
mientras aproximaba a Maiquetía, llevaría una altura de más de mil pies sobre
el terreno. Pero en este, alguien tiene
que ser responsable. No se trata de un
guardia corrompido que introduce en una cárcel armas y municiones; tiene, de
necesidad, que tratarse de un oficial que violó su juramento ante la bandera.
Si los fiscales
militares están muy ocupados, los de la justicia ordinaria también parecen
estar en lo mismo: en el hostigamiento y persecución de opositores. Si no, ¿por qué todavía no se ha abierto una
averiguación por lo del maletín con 800 mil dólares que Antonini le llevaba a
Kristina? A lo mejor, piensan que eso es
una minucia; porque en un país que se roba al erario por decenas, cientos y
miles de millones, ¿qué son unos piches billeticos que no alcanzaban para
llenar una maleta, sino un maletín?
Este recuento,
necesariamente, tiene que incluir el más reciente fallo (en la doble acepción
del término) del TSJ, una corporación que empieza a ser conocida como
“Cómplices, S.A.”. Si no, estaría
incompleto. La vigencia espuria del
decretazo puede convertir a Venezuela en una nación más muerta-de-hambre que lo
que es ahora por la ineptitud y latrocinio rojos, un Estado fallido a la luz de
los organismos internacionales, un país regido por una dictadura legalizada por
unos “magistrados” a los cuales las togas les quedan grandes porque sus hojas
de vida nos explican que no llenan los requisitos que exige la Ley. Aunque también hay unos cuantos —me consta—
que saben de derecho. Pero que resultan
peores que los anteriores porque descartan a sabiendas lo que aprendieron de
Filosofía del Derecho y de Deontología Jurídica para imponer unos criterios
contrarios a la letra y espíritu constitucionales. Pero que se corresponde con lo que les
ordenan desde el palacio de Ciliaflores.
Dejémoslo claro de
una vez: el meollo del fulano decreto es ponerle la mano a las pocas empresas y
comercios que todavía están en manos privadas (y que son eficientes en producir
lo que todavía vemos en los anaqueles).
Imagínense que el mismo régimen que confiscó —porque no ha pagado ni un
centavo a sus propietarios— unas empresas agrícolas, industriales y de
servicios y las convirtió en eriales, depósitos de chatarra y basurales, ahora
es el único encargado de producir harina de maíz, aceite, azúcar, arroz o lo
que sea. La hambruna está
garantizada. Porque es el mismo régimen
que es dueño de más de la mitad de las plantas que debieran producir esos
rubros pero que no funcionan. Todo, por unos jueces que, por venales, por
ignorantes o por sectarios pasan por encima de la Asamblea Nacional porque
ahora predomina el grupo opositor. Pero
mientras los rojos constituían la mayoría, bastante que se hicieron los locos
con sus tropelías. Día tras día.
Cito al doctor Juan
Carlos Apitz: “Si revisamos la Constitución, la intención del legislador es
firme: corresponde al tribunal solamente pronunciarse sobre la
constitucionalidad del decreto, pero compete a la Asamblea Nacional aprobarlo o
no. De negarse la posibilidad, queda sin
efecto el mismo y no tiene vigencia ni aplicabilidad alguna (…), el TSJ
demuestra que está fomentando la crisis institucional en el país (...) En vez
de destrancar el juego político, servir de árbitro y mediador y de brindar
respuesta a los problemas del país, suman uno mucho más grave, uno que pone en
jaque la vida política y democrática”. Y
cito a un constitucionalista más: Gerardo Blyde, señaló que esa sentencia es “la
decisión más grave, peligrosa y usurpadora” que ha dictado la Sala dizque
Constitucional.
Más claro, el agua,
pero no la de Hidrocentro…
Humberto Seijas
Pittaluga
hacheseijaspe@gmail.com
@seijaspitt
Carabobo - Venezuela
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