En días pasados caminando por la avenida Urdaneta me
tropecé literalmente hablando, con un viejo amigo que hacía mucho tiempo no veía.
Después de los típicos saludos que son propios de estos encuentros,
y ya
sentados dentro de una panadería de esas típicas del centro de nuestra
ciudad capital, derivamos nuestra conversación, sin mayor esfuerzo, a la actual
crisis que atraviesa el país. Una crisis
permanente, si se quiere, que forma parte de nuestra cotidianidad y con la que
convivimos a diario.
¿Qué piensas tú? me preguntó, mientras se llevaba un
sorbo de café a los labios, de la terrible confrontación que existe entre la
Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo, ¿Hasta dónde o cuando crees que pueda
llegar?, ¿Qué ocurriría si Nicolás Maduro utiliza la facultad que le otorga la
Constitución de enviar los proyectos de ley a la Sala Constitucional para que
ésta determine si los mismos son inconstitucionales de manera parcial o total?, ¿Puede el TSJ declarar todos y cada
uno de esos proyectos legislativos que está anunciando la AN, como contrarios
al texto constitucional?, ¿Y qué pasaría si en este país no se promulga una
nueva ley nunca más, mientras la oposición domine el poder legislativo?, ¿Que
tendría que…?
En este punto interrumpí a mi amigo, pues me di cuenta que la
batería de preguntas que lo atormentaba era interminable y conducía además a un
mismo punto, al de un país sin leyes, viviendo en la anarquía. Pedí otro
marrón, bien cargado, y me apresté a responderle.
Efectivamente le dije, el enfrentamiento es brutal,
atípico y de alguna manera desmesurado. Si se mira bien, es antinatural dentro
de un sistema democrático y hasta anticonstitucional en el mejor de los
sentidos en que una Constitución, como ley fundamental, garante de las
instituciones, puede ser entendida. Si miramos el pasado no tan lejano, de alguno
de los gobiernos adecos o copeyanos que no tuvieron mayoría absoluta en el
antiguo Congreso Nacional, es decir con la oposición en contra, no recordamos
nada parecido. Aunque la oposición ejercía sus potestades a través de las comisiones de investigación, rara vez los funcionarios
del gobierno emplazados a su llamado dejaron de presentarse y contribuir con la
investigación o información requerida. Igualmente, la oposición introducía los
proyectos de ley que consideraba de interés nacional, que una vez sancionados,
resultaban promulgados por el Ejecutivo, con todo y que el presidente tenía,
dentro de la Constitución del 61, al igual que ahora, la posibilidad de remitir
un proyecto legislativo a la Corte Suprema de Justicia si observaba algún
aspecto de inconstitucionalidad.
Ciertamente no es lo mismo gobernar con un poder
legislativo donde se tiene mayoría para pasar leyes y designar a los miembros de otros poderes y
organismos públicos, sin mayores obstáculos; que gobernar con una oposición que
pueda impedir u obstruir alguna iniciativa legislativa o plan gubernamental
desde su dominio del Congreso o la Asamblea Nacional. Pero de ahí a que se
declare una “guerra”, donde el gobierno utilice con su poder político a los
otros poderes públicos para arremeter en contra del Poder Legislativo, simplemente
porque está en manos de la oposición, hay una gran diferencia, la misma que
separa el arte de gobernar y a las democracias de los malos gobiernos y las tiranías.
Con respecto a las otras cuestiones, le continúe diciendo
a mi amigo, no es de extrañar que tal como van las cosas, cualquier proyecto de
ley cuya iniciativa venga de la oposición, sea enviado al TSJ para que declare
su inconstitucionalidad, sin importar en lo más mínimo si tal proceder puede
parecer extraño, irregular y, por lo
mismo, contrario al espíritu y propósito de la Constitución, ya sea la de 1999
o cualquier otra.
En este orden de ideas, no es difícil adivinar que si los proyectos de ley opositores van a ir
prácticamente al cesto de los papeles, los que intente por su parte el gobierno
van a acorrer una suerte parecida, pues morirán en el
parlamento antes de llegar a las manos
del titular del Poder Ejecutivo para que las promulgue.
Pero entonces, observó
mi contertulio, se va cerrar el juego legislativo y aquí no va a haber
ninguna ley nueva. Luego, los presos políticos continuarán en la cárcel, no se
repatriará ningún capital indebido, no se estimulará la producción de alimentos
vía legislativa, continuarán existiendo las juntas comunales no obstante ser
inconstitucionales y, en definitiva, no se producirá reforma legislativa
alguna; hasta la enmienda constitucional, impulsada por la AN puede fallar, por
lo que el país continuará igualito sin salir del atolladero en que se encuentra.
Salvo, continuó hablando mi amigo, que políticamente se encuentre una salida a
la crisis dentro los seis meses que fijó el Presidente de la Asamblea Nacional.
Para cualquier
salida política dije, mientras apuraba
el fondo de mi taza, se requieren ciertos acuerdos y apoyos políticos,
principalmente dentro del chavismo, y la única referencia indirecta en dicho
sentido, efectuada por Ramos Allup, hasta ahora, es que existe un movimiento
interno dentro del oficialismo para pedirle
la renuncia a Maduro. Por lo demás, una enmienda, un revocatorio o
incluso una constituyente, lucen como instrumentos legales con muchos
obstáculos, difíciles de llevar a la práctica exitosamente, más aún en el
tiempo establecido. No tengo tan claro pues,
como parece que si lo tiene el Presidente de la AN, que en seis meses o
menos se pueda encontrar una solución a
la crisis actual.
No se te ha ocurrido, replicó mi compañero de mesa, que
tal vez Ramos Allup sepa más de lo que dice y tenga un as bajo la manga. Me
quedé pensativo por unos instantes
Finalmente, y con la vaga promesa de continuar estas reflexiones en algún otro
momento, mi amigo y yo nos despedimos
Jose Luis Mendez
Xlmlf1@gmail.com
@Xlmlf1
Miranda -
Venezuela
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