AL PUEBLO DE
VENEZUELA
(Por una salida
popular a la grave crisis que padecemos)
La historia de
Venezuela registra el inagotable e incansable espíritu de lucha
anticolonialista y anticapitalista de su pueblo. Desde la épica resistencia aborigen y las heroicas
insurrecciones de los negros contra los invasores europeos de 1492, mucha
sangre popular se ha vertido por la liberación nacional y la justicia social.
523 años tras una patria independiente, soberana, con justicia social, igualdad,
solidaridad y libertad para su pueblo.
La Guerra de
Independencia representa el mayor esfuerzo militar y la más amplia alianza
social contra el colonialismo, logrando derrotar militar y políticamente a la
potencia colonizadora. Sin embargo, los sectores populares no vieron consumado
su anhelo de justicia social, igualdad y libertad, al mantenerse intacta la
estructura social y económica de la colonia.
Pocas décadas después
las masas populares empobrecidas, bajo el liderazgo social y militar del General
Ezequiel Zamora, enarbolan la consigna de “tierra y hombres libres” para dar
inicio a la Guerra Federal, a través de la cual el pueblo le disputó el poder
político a la oligarquía terrateniente en procura de las reivindicaciones
económicas, políticas, culturales y sociales, ignoradas aún después de la
independencia.
Esta gran gesta
social y militar constituye, junto a la resistencia indígena liderada por
Guaicaipuro, la rebelión de los negros encabezada por José Leonardo Chirinos
y la rebelión popular del pueblo de
Caracas el 27 de febrero de 1989, los hechos históricos de mayor alcance filosófico, cultural, social
y político, mediante los cuales el pueblo de Venezuela ha buscado, con total
autonomía organizacional y militar, su
emancipación y felicidad.
La lucha armada
adelantada por importantes sectores revolucionarios y sociales durante la
década de los 60 del siglo pasado en América Latina, especialmente en
Venezuela, también forma parte de los esfuerzos populares contra el
colonialismo y por la justicia social que fueron ejecutados con autonomía
frente a los factores de poder nacionales e internacionales y a través de la
cual se disputó firmemente el poder político.
Un aspecto de gran
importancia en este largo proceso de resistencia popular es la permanente
presencia de una corriente patriótica y nacionalista dentro de las Fuerzas
Armadas Nacionales que ha aportado hechos constituyentes originarios de gran
trascendencia histórica. Así ocurrió el 1ro
de enero de 1958 con el alzamiento militar que sirvió de antesala a la
gloriosa insurrección popular del 23 de enero de ese mismo año que derrocó la
dictadura Perezjimenista. Otros hechos militares de igual relevancia lo
constituyen los pronunciamientos conocidos como “el Carupanazo” y “el
Porteñazo”, así como las insurrecciones acaecidas el 4 de febrero y el 27 de
noviembre de 1992.
Igual relevancia en
las luchas populares ha tenido el aporte de algunos sectores religiosos que se
han sumado a las organizaciones comunitarias en pro de la conquista de los
derechos sociales y políticos del pueblo. Es el caso de la Teología de la
Liberación quienes asumieron plena militancia en los procesos de luchas
sociales en toda Latinoamérica, siendo
el padre Wuytack uno de su más destacado representante en Venezuela.
Grandes
insurrecciones campesinas, indígenas, estudiantiles, obreras y vecinales han
mantenido permanentemente en alto las banderas de la justicia social, de los
derechos políticos y humanos, de la defensa de la diversidad cultural, del
derecho al territorio y a la tierra, de la libertad, de los suelos de vocación
agrícola, de los bosques tropicales, de la biodiversidad, de las fuentes
naturales de agua. Entre ellas cabe mencionar la protesta estudiantil del 21 de
noviembre de 1957, la huelga de los obreros
y campesinos del estado Yaracuy contra las empresas bananeras, las huelgas de
los obreros de las empresas textiles del estado Aragua, las huelgas del sector
automotriz y lácteo de los estados Carabobo y Mérida, las insurrecciones de los
Pueblos Indígenas Yukpa, Bari y Pemón ubicados en los estados Zulia y Bolívar y
la insurrección de los campesinos de Morador y Tierra Buena en el estado
Portuguesa.
El pueblo venezolano
en su larga marcha por la emancipación ha contado con grandes pensadores,
poetas, escritores, cantantes, pintores, escultores, tecnólogos, ecologistas e
intelectuales; entre muchos: Simón Rodríguez, Salvador de la Plaza, Ibrahim
López García, Orlando Araujo, Salvador Garmendia, Ali Primera, “el chino”
Valera Mora, Aquiles Nazoa y Carlos Contramaestre.
CRISIS ACTUAL Y ECONOMÍA RENTISTA
Hoy, la severa crisis
que afecta al capitalismo mundial, tanto en su versión de libre mercado,
representado fundamentalmente por Estados Unidos e Inglaterra, como en su modelo estatista, cuyos máximos representantes
son Rusia y China, expresada en la grave situación ambiental que ha
colocado en peligro la vida sobre el planeta tierra como consecuencia del
modelo de energía fósil sobre el cual se sustenta, así como de la explotación
extensiva de la agricultura y la ganadería,
de la alta concentración de poblaciones en mega-ciudades, de la
propiedad privada sobre los recursos naturales, del modelo tecnológico y
científico anti-ecológico, la cultura
consumista, la arquitectura capitalista y el deterioro en la calidad de la
alimentación, la creciente situación de pobreza de la población mundial y la
violación sistemática y masiva de los derechos humanos.
Aunada a las
particulares circunstancias que caracterizan la magnitud de la crisis que
afronta la sociedad venezolana, nos coloca en un momento histórico que exige y ofrece nuevas y grandes gestas
patrióticas y populares de profundo contenido libertario.
En los últimos 16
años el gobierno de Venezuela ha profundizado irresponsablemente la dependencia
de nuestra economía de la renta petrolera y del endeudamiento mediante costosos
prestamos provenientes de grandes potencias capitalistas mundiales,
fundamentalmente de China y Rusia. En la medida en que, durante casi una
década, el precio del barril de petróleo se estabilizó en 100 dólares, fue
abandonada toda política de desarrollo agropecuario, turístico, farmacéutico,
textil, del calzado, entre otros; haciendo depender la alimentación, la salud,
el vestido y en general el suministro de todo tipo de bienes y servicios al
pueblo venezolano de mercados extranjeros, mediante importaciones que
representan altas erogaciones en divisas.
Por tal razón, la
estrepitosa caída internacional de los precios del petróleo ocurrida desde el
año 2014 como consecuencia de nuevas condiciones tecnológicas y geopolíticas
asociadas con el negocio petrolero, encuentran a Venezuela con su capacidad
productiva nacional totalmente devastada
y, por ende, imposibilitada de satisfacer las necesidades básicas de la
población. Con el agregado que al depender el ingreso de divisas casi
exclusivamente de las exportaciones petroleras también la capacidad de
importación se ha mermado en un alto porcentaje.
Según datos
difundidos por el Bank of América la caída para Venezuela de ingresos petroleros
en los últimos dos años suma 41.4 millardos de dólares. Igualmente dicha
entidad bancaria señaló sobre la situación económica de nuestro país, lo
siguiente: “Entre enero y septiembre de 2015 las importaciones fueron 43,2%
menos que en el mismo periodo de 2012, y se convierte así en el recorte de
compras externas más grande que se ha
producido en la historia de Venezuela”.
Debemos destacar que
la política implementada por el gobierno nacional ante la caída de los ingresos
petroleros ha sido la de restringir la importación de bienes, lo cual implica
un alto costo social, esto con el propósito de
mantener la capacidad de satisfacer las obligaciones de pago de servicio (intereses) de la deuda externa.
CORRUPCIÓN
ADMINISTRATIVA
Esta política antipopular
es altamente cuestionable desde el punto de vista moral, en razón de la voraz
corrupción que desde la casi totalidad de la burocracia gubernamental impactó
negativamente la inmensa riqueza que produjeron
los elevados precios que durante años mantuvo el barril de petróleo. No
sólo no invirtieron en el desarrollo y consolidación del aparato productivo
nacional que nos permitiera alcanzar nuestra soberanía económica, sino que,
además, mediante el mecanismo de control de cambio lograron desviar hacia empresas
de maletín esa inmensa masa de dólares que actualmente se encuentra dispersa en
el sistema bancario europeo, asiático, norteamericano y caribeño, formando
parte del patrimonio privado de jerarcas militares y políticos venezolanos, así
como de sus respectivos entornos familiares.
La magnitud de la
corrupción administrativa alcanzada en el actual sistema político ha degradado
moralmente a un importante número de instituciones públicas afectando
significativamente el normal desenvolvimiento de la sociedad. En especial es
necesario destacar la mutación de los cuerpos de seguridad del Estado en
verdaderas estructuras de delincuencia organizada. Podemos señalar que la
criminalidad relacionada con secuestros, extorsiones, narcotráfico,
legitimación de capitales, contrabando, homicidios (bajo el modus operandi de
sicariato), trata de personas, hurto y robo de vehículos, entre otros tipos
penales de gran magnitud e impacto social, es de la autoría, casi con carácter
de exclusividad, de funcionarios policiales y militares de los distintos
cuerpos de seguridad del Estado.
Este fenómeno ha
incrementado muy gravemente la violencia en Venezuela, siendo el responsable
que anualmente ocurran aproximadamente 25.000 homicidios en nuestro país, ya
que la causa de un alto porcentaje de
ellos es el ajuste de cuenta y la eliminación de personas que poseen
información sobre la actividad de dichas estructuras criminales.
Por otra parte, la
política social de corte populista mediante la cual se implementaron algunos
programas de auxilio a los sectores populares en cuanto a la satisfacción de
sus derechos sociales de rango constitucional como lo son la alimentación y la
salud, también se encuentra altamente comprometida en virtud de la gigantesca
corrupción administrativa. En ese sentido, podemos señalar que la corrupción
administrativa es un delito contra los derechos humanos.
A la par que la
inhumana magnitud de la inflación que golpea fundamentalmente a los sectores
más débiles, la fuerte devaluación de la moneda nacional, el creciente
desempleo y el cada día más agudo desabastecimiento de alimentos y bienes,
aumenta dramáticamente los índices de pobreza.
GRAVE Y SISTEMÁTICA
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Ante la crítica
realidad socio-económica que afronta el pueblo venezolano la protesta social es
la respuesta legítima y constitucional. Los barrios, los liceos, las
universidades, los trabajadores, los indígenas, los campesinos y los militares
patriotas, marchan hacia una gran huelga general que impulse los cambios políticos
necesarios para darnos un gobierno patriótico, popular y soberano que consolide
los derechos sociales y la dignidad humana de toda la población, en un marco de
igualdad, solidaridad, libertad, honestidad, diversidad cultural y respeto por
el medio ambiente.
Ante este cuadro
histórico en el cual el movimiento popular asume la iniciativa política, el
gobierno nacional ha implementado planes represivos de total carácter fascista.
En primer lugar, debemos denunciar la Resolución numero 8610 dictada por el
Ministerio de la Defensa que autoriza disparar armas de fuego contra las
manifestaciones populares, violándose absolutamente el artículo 68 de la
Constitución de la República según el cual “Se prohíbe el uso de armas de fuego
y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.
Además, dicha
resolución autoriza la participación de las Fuerzas Armadas Nacionales en el
restablecimiento del orden público, desconociendo que el artículo 332 eiusdem,
ordena que el orden público es de competencia civil, para lo cual la propia
norma constitucional invocada señala que debe crearse: “Un cuerpo uniformado de
policía nacional”.
En segundo lugar, es
imperioso denunciar el plan criminal denominado Operación para la Liberación y Protección del Pueblo (OLP),
que desde el mes de agosto se ejecuta contra los habitantes de los barrios
pobres, el cual hasta la presente fecha ha dado como resultado el injusto
asesinato de aproximadamente 300 venezolanos, el allanamiento sin orden
judicial y sin la presencia de testigos de miles de hogares, la detención
arbitraria de más de 10.000 personas, el desalojo forzado e ilegal de
centenares de viviendas familiares y la total destrucción de barrios.
Es importante
destacar que tanto el Presidente de la República como el Ministro de Relaciones
Interiores, han pretendido justificar tal atrocidad argumentando que son
medidas para garantizar la seguridad ciudadana, cuando lo cierto es que las
mismas distan mucho de constituir políticas sociales capaces de disminuir la
conflictividad y promover la convivencia comunitaria pacifica, en otras
palabras, la denominada OLP no representa una política idónea de prevención
social del delito en el marco del estricto respeto a los derechos humanos, tal
como lo consagra el artículo 55 de la Constitución de la República.
También es altamente
cuestionable que la OLP sea un operativo militar a cargo de la Guardia
Nacional, cuando según el artículo 332 constitucional la seguridad ciudadana es
una materia de carácter civil.
En conclusión, tanto
la Resolución 8610 del Ministerio de la Defensa como la Operación para la
Liberación y Protección del Pueblo (OLP), constituyen políticas de contenido
fascista para sembrar terror en el pueblo y de esa manera tratar de ahogar su
legítimo derecho a la protesta contra la grave situación socio-económica que
menoscaba el disfrute de sus derechos sociales. Ante lo cual cabe retomar la
consigna: ¡¡¡LAS CALLES SON DEL PUEBLO Y NO DE LA POLICÍA!!!
ENTREGA DE NUESTRA
SOBERANÍA ECONÓMICA Y TERRITORIAL
Simultáneamente con
este cumulo de políticas antipopulares, el gobierno nacional ha implementado
diversas políticas que violan nuestra soberanía económica y territorial. Se
debe señalar que en su política de endeudamiento externo ha incurrido en
traición a la patria, no otra cosa podemos concluir cuando el préstamo obtenido
de la República de Brasil por la cantidad de 4.300 millones de dólares fue
garantizado con reservas de petróleo de la Faja del Orinoco. De igual manera se
ha procedido ante préstamos que por la cantidad de 12.000 millones de dólares
solicitó el Poder Ejecutivo Nacional a Japón y a China. Es decir, ante un
incumplimiento de los pagos de dicha deuda el ente acreedor puede ejecutar la
indicada garantía, con lo cual parte del territorio nacional y de nuestros
recursos naturales quedarán bajo el dominio de factores extranjeros.
Otorgar las reservas
petroleras como garantía de un contrato de préstamo, o de cualquier otra
naturaleza, significa una violación del artículo 12 de la Constitución de la
República, según el cual “Los yacimientos…de hidrocarburos…existentes en el
territorio nacional…son bienes del dominio público y, por tanto,
inalienables…”.
Así mismo, mediante
la reforma de la Ley Hidrocarburos han permitido que la exploración y
explotación de nuestros hidrocarburos sea realizada por empresas mixtas, en las
cuales el capital privado nacional o extranjero es propietario de un 40% de las
acciones, y por lo tanto, dueño también de un 40% de los dividendos del negocio
petrolero venezolano, en consecuencia, se ha entregado parte importante de
nuestras riquezas petroleras a las empresas multinacionales.
No menos grave para
los intereses nacionales reviste las negociaciones que el Poder Ejecutivo
Nacional adelantó con la República de Colombia sobre la delimitación de aguas
marinas y submarinas del Golfo de Venezuela, la cual giró sobre la propuesta
suscrita por nuestra embajada que
“asigna al vecino país áreas sobre las cuales carece de título jurídico, mientras
que Venezuela si los posee en cantidad y calidad suficiente”.
Dicha negociación ha
sido suspendida debido a la denuncia formulada por Francisco Nieves Croes,
miembro de la Comisión Presidencial para la Delimitación de las Áreas Marinas y
Submarinas con la República de Colombia, en carta dirigida a los demás
integrantes de dicha comisión.
Con igual debilidad
en la defensa de la integridad y soberanía territorial de Venezuela ha actuado
el Poder Ejecutivo Nacional ante las concesiones petroleras, mineras y
forestales otorgadas por el Gobierno de la República de Guyana a empresas
multinacionales norteamericanas, inglesas y chinas en el territorio Esequibo,
en abierta violación del Acuerdo de Ginebra de 1966, celebrado entre Venezuela
y Guyana en las Naciones Unidas.
Este acuerdo reconoce
el carácter irrito y nulo del Laudo Arbitral de París de 1899 por ser producto
de una componenda entre Estados Unidos, Inglaterra y Rusia para despojar a
Venezuela de ese vasto territorio que histórica y jurídicamente nos pertenece
en plena justicia.
CONSTITUCIÓN
RECOLONIZADORA Y NEOLIBERAL
De igual manera,
debemos denunciar que la Constitución de la República de 1.999 concibe un
modelo de economía capitalista neoliberal y recolonizadora. Así tenemos que en
su artículo 299 establece el libre mercado como principio que rige la economía
venezolana, lo cual hace en los siguientes términos: “El régimen socioeconómico
de la República Bolivariana de Venezuela
se fundamenta en los principios …libre competencia…”.
Además en su artículo
113 permite la privatización de la explotación de los recursos naturales del
país, así como de la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social y de
todos los demás servicios públicos, al establecer lo siguiente:
“Cuando se trate de
la explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación
de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá
otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de
contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público”.
Por otra parte, en su
artículo 303 acepta la venta de las empresas filiales de PDVSA y la
privatización del negocio petrolero nacional, de la forma siguiente:
“Por razones de
soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de
Venezuela, S.A, o del ente creado para el manejo de la industria petrolera,
exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier
otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo
de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A”.
ELECCIONES Y LA MUD.
Es importante
destacar que la denominada “oposición”, sector político reunido en la MUD y en
otras estructuras políticas, en ningún momento ha denunciado el carácter
neoliberal de la Carta Magna, por el contrario asume su absoluta defensa. Nunca
ha cuestionado la entrega de nuestras riquezas petroleras al capital privado
multinacional a través de las empresas mixtas. No asume como bandera de lucha
la defensa del Golfo de Venezuela frente a la voracidad de la oligarquía
colombiana. Tampoco asume la lucha contra la sistemática y masiva violación de
los derechos humanos de la que son víctimas los sectores empobrecidos, solo se
preocupa por las violaciones de las cuales son víctimas los integrantes de las
elites políticas que conforman el sector “opositor”.
De manera, que dicho sector político representa otra
fracción del capitalismo recolonizador y neoliberal aliado de las grandes
empresas energéticas multinacionales, en pugna por el control del poder
político nacional. Las elecciones presidenciales, parlamentarias, de
gobernadores y de alcaldes, constituyen el escenario aceptado por los grandes
centros de poder mundial para dirimir la confrontación entre ambas fracciones,
sin colocar en riesgo los intereses económicos y geopolíticos de las grandes
potencias mundiales que negocian el reparto de sus áreas de influencias a nivel
planetario.
AUTONOMÍA POPULAR
Ante el grave
deterioro social, económico, moral, político, de los derechos humanos, de la soberanía territorial, del medio ambiente,
de la soberanía agroalimentaria y de la independencia de Venezuela, es
imperioso avanzar hacia un gran acuerdo político para impulsar una HUELGA
GENERAL PARA SALVAR LA NACIÓN.
Entendemos que el
destino libertario de Venezuela y de todo el continente americano, depende de
la acción autónoma de los sectores populares, campesinos, indígenas,
estudiantes, obreros y desempleados, que emprendan grandes gestas populares
totalmente independientes de las estructuras partidistas de derecha o de
izquierda, que traigan consigo grandes cambios en lo organizacional y en la
producción comunitaria y ecológica.
José Miguel Salas
Mejías.
Josemiguelsalasmejias1@gmail.com
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Sucre - Venezuela
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