La Gala de los Goya se terminó convirtiendo, como en
tantas ediciones anteriores, en una crítica al Gobierno de turno para exigirle
un mayor apoyo a la industria cinematográfica española. Si tradicionalmente la
principal reivindicación del sector había sido el proteccionismo subsidiado –a
saber, restringir la emisión de películas extranjeras y subvencionar las
nacionales—, hoy existe otra piñata a la que golpear acaso con mayor
contundencia: el "IVA cultural" del 21%, que, según nos dicen, habría
arrasado completamente con el cine patrio.
Dejando de lado que no existe tal cosa como el "IVA
cultural", lo cierto es que los datos de espectadores e ingresos del cine
español no parecen acreditar a primera vista que desde 2012 se haya producido
un colapso sectorial: es verdad que 2013 fue un mal año, pero 2014 fue el mejor
de toda la serie histórica, tanto en ingresos como en número de espectadores.
Sin embargo, hay que reconocer que los datos agregados
resultan tramposos, en tanto en cuanto el éxito de unas pocas películas a pesar
del elevado IVA podría estar enmascarando el fracaso de muchísimas otras
películas debido al elevado IVA.
Más en concreto, un incremento del IVA no es
especialmente dañino para los oferentes de aquellos productos –incluidas las
películas– cuya demanda sea poco sensible a los aumentos de precio (es lo que
técnicamente llamamos demanda inelástica): por ejemplo, si todo el mundo tiene
muchas ganas de ver una determinada película, que el precio de la entrada suba
de 8 a 10 euros como consecuencia del IVA no reducirá demasiado el número total
de espectadores. En cambio, unos mayores impuestos sobre el consumo sí pueden
ser devastadores para los oferentes de productos con una demanda muy sensible a
los aumentos de precio (demanda elástica): por ejemplo, si se estrena una
película de calidad media, que el precio de la entrada suba de 8 a 10 euros
puede hacer desaparecer a una enorme cantidad –incluso a la práctica totalidad–
de sus espectadores.
Por consiguiente, si en 2014 se estrenaron varias
películas españolas que el público general percibía como de alta calidad
(películas con demanda muy inelástica), eso puedo camuflar la elevada mortandad
de películas que el gran público percibía como de calidad media o baja
(películas con demanda bastante elástica). O dicho de otra forma, con un IVA
más reducido, probablemente podrían haberse estrenado más películas españolas en
2014.
Acaso algún lector opine que si el gran drama del IVA
cultural es que dejan de estrenarse películas mediocres, entonces tampoco hay
demasiado motivo para tanta protesta: incluso podría interpretarse que la
subida del IVA proporciona un filtro a priori de calidad. Mas este argumento es
equivocado. Primero, porque una película puede ser percibida como de calidad
mediocre por la mayoría de la población pero excepcional por un nicho reducido
de espectadores: y no por ello deberíamos impedir o dificultar que se estrene.
Y, segundo, porque aunque una película fuera de calidad mediocre para todo el
mundo, tampoco hay razón para que se obstaculice su estreno con impuestos: si
el valor que otorga una persona a 8 euros es inferior al que otorga a pasar la
tarde en el cine viendo una película mediocre pero, en cambio, valora 10 euros
más que ir al cine, ¿qué sentido tiene forzar tributariamente un aumento del
precio de 8 euros a 10? Con ello no conseguiremos recaudar más –pues el
espectador dejará de ver la película y no pagará nada de IVA–, pero sí
lograremos reducir el bienestar de la sociedad –pues espectador y cineasta
podrían haber salido mutuamente beneficiados con la entrada a 8 euros, pero
ahora ambos perderán: uno se quedará sin ver la película y el otro sin los 8
euros–.
Es decir, los impuestos producen siempre una pérdida
irrecuperable de bienestar que es tanto mayor cuanto más sensible sea la
demanda (o la oferta) a los cambios de precios. Dado que la inmensa mayoría de
las películas españolas –salvo contadas excepciones– exhiben una demanda muy
elástica (a poco que suba el precio, dejo de verlas), es normal que los
cineastas o los actores protesten contra el IVA del 21%. Se trata, además, de
una reivindicación razonable que, a diferencia de las subvenciones o las
regulaciones proteccionistas, puede ser perfectamente defendida desde
posiciones liberales.
Ahora bien, que la crítica al elevado tipo general del
IVA sea razonable, comprensible e incluso liberal no debería llevarnos a
olvidar la profunda hipocresía ideológica de muchos de esos cineastas y
actores, que, a renglón seguido, promueven subidas de prácticamente todos los
restantes impuestos para sufragar un Estado mucho mayor al actual. Si ellos
mismos están sufriendo en sus carnes cómo la subida del IVA desmantela sus
industrias y genera pérdidas irrecuperables de bienestar, ¿qué creen que
sucederá con el resto de la economía si nos lanzamos a incrementar masivamente
los impuestos? ¿Qué pasará con la oferta y la demanda de trabajo si aumentamos
los impuestos al trabajo? ¿Qué pasará con la inversión empresarial si
incrementamos los impuestos a los beneficios empresariales? ¿Qué pasará con la
oferta y demanda de cualquier bien de consumo si nos limitamos a reducir el IVA
cultural pero mantenemos todos los demás? Pues sucederá, en mayor o menor grado
(según las respectivas elasticidades de su oferta y su demanda), lo mismo que,
según los cineastas, está sucediendo con el cine español.
¿A qué entonces tal ejercicio de sadismo desde la tribuna
de los Goya? Si uno sabe –porque lo ha sufrido personalmente– que las subidas
de impuestos destrozan la economía en forma de caídas de ventas, quiebras
empresariales, despidos de personal o recortes salariales, ¿a qué viene exigir
más impuestos (o apoyar a opciones políticas que exigen muchos más impuestos)?
Probablemente se replique que lo anterior no es más que el precio que debemos
pagar por disfrutar de un Estado de Bienestar. De acuerdo, pero entonces ¿por
qué los cineastas no quieren pagar ese precio al tiempo que sí reclaman que lo
paguen los demás? ¿Por qué reivindican para sí un privilegio que no desean
extender como derecho general para el conjunto de la población?
La respuesta es muy sencilla, aunque bastante incómoda
para quienes tienden a idolatrar el mundo de la cultura como una realidad
social inmaculada y moralmente superior a, por ejemplo, el mundo empresarial.
Los cineastas y actores congregados en la Gala de los Goya no son más que un
lobby que presiona al Gobierno para defender sus intereses crematísticos. Toda
sociedad altamente politizada está plagada de grupos de presión que intentan
utilizar la coacción estatal en su propio beneficio y en perjuicio del de los
demás: y, repito, la industria cinematográfica es otro de esos lobbies. Que
muchos no lo perciban así –y que, en su lugar, sea vista por amplios sectores
de la sociedad como un conjunto de abnegados intelectuales que luchan contra
las injusticias sociales– tan sólo forma parte de la estrategia de ese lobby:
convencernos a todos de que sus intereses personales (hoy bajar sólo el IVA del
cine, ayer aumentar las subvenciones al cine español) son intereses generales
para así empatizar con la población y ser capaces de instrumentarla
políticamente para presionar con más eficacia al gobierno de turno en beneficio
propio.
Por mi parte, y frente a reivindicaciones facciosas, me
limitaré a defender intereses verdaderamente generales: bajen todos los
impuestos a todos los ciudadanos, incluido el IVA del cine… aunque no sólo el
IVA del cine.
Juan Ramon Rallo
info@juandemariana.org
@juanrallo
Liberal
España
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