Urgido de dólares
ante el colapso de los precios del petróleo, el Gobierno profundiza la
política rentista, a pesar de su discurso
en contra del rentismo, con la
esperanza de sustituir la dependencia del petróleo por la dependencia del oro y otros minerales
preciosos. ¡Del rentismo petrolero al rentismo aurífero, coltanero,
diamantífero…!La esperanza se coloca ahora en el arco minero, la zona minera más importante
del continente americano: 114 mil kilómetros cuadrados al sur del Orinoco, ricos en oro (se habla de reservas de siete
mil toneladas) cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.
Lo
más cínico del caso es que se ha vuelto
a otorgar licencia de explotación a cielo abierto a la empresa canadiense Gold
reserve, muy criticada en el mundo, por su desprecio a las normas
ambientalistas. A esa misma compañía el difunto Chávez le quitó la licencia de
explotación por considerar los daños irrevocables al medio ambiente.
Cuando Ana Elisa Osorio fue Ministra del
Ambiente firmó la siguiente resolución: “No se otorgarán permisos ambientales
por la explotación de minas a cielo abierto pues esto causa degradación
ambiental…Estos permisos no son negociables por su afectación al ambiente y a
las comunidades que viven en el mismo” Es de subrayar que la explotación a cielo abierto utiliza grandes
cantidades de cianuro, sustancia muy tóxica que mata las especies vivientes,
destruye la biodiversidad y envenena las
aguas.
Todo este plan, depredador de la naturaleza, y
entreguista al capital financiero internacional se ha hecho, por supuesto de
espaldas a los pueblos indígena, que junto a la naturaleza, van a resultar las principales víctimas, violando
olímpicamente varios artículos de la
Constitución y la Ley Orgánica de Pueblos
y comunidades Indígenas (LOPCI):
“Art 11 de la
LOPCI: Toda actividad susceptible de afectar directa o indirectamente a los
pueblos y comunidades indígenas deberá ser consultada con los pueblos y
comunidades indígenas involucrados. La consulta será de buena fe, tomando en
cuenta los idiomas y la espiritualidad, respetando la organización propia, las
autoridades legítimas y los sistemas de comunicación e información de los
pueblos y comunidades indígenas”
Si quedara alguna duda, el siguiente artículo de la LOPCI
la despeja totalmente. “Art. 12: Se prohíbe la ejecución de actividades en el
hábitat y tierras de los pueblos indígenas que afecten grave o irreparablemente
la integridad cultural, social, económica, ambiental o de cualquier otra índole
de dichos pueblos o comunidades.”
Ironías de la vida, la LOPCI fue sancionada y firmada por
el Presidente Nicolás Maduro cuando era presidente de la Asamblea Nacional en
diciembre de 2005.
Por supuesto el “ambientalista” Merentes se ha apresurado
a afirmar que la explotación se hará respetando las normas ambientales. Sin
embargo, Alexander Luzardo, autor de las normas ambientalistas de la
Constitución Nacional, no vacila en calificar al proyecto como “crimen ecológico y genocidio contra los
indígenas”.
Qué rápido se ha olvidado el 5to objetivo del Plan de la
Patria: “Contribuir con la preservación dela vida en el planeta y la salvación
de la especie humana”. ¡Los hijos de
Chávez dándole la espalda a Chávez!
Antonio Perez
Esclarin
pesclarin@gmail.com
@pesclarin
Zulia - Venezuela
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