Ya muchos
habrán escrito sobre el tema y posiblemente con mayor conocimiento de causa.
Sin embargo, no dejaré pasar la oportunidad de expresar mi opinión, pues quizás
ayude en algo a comprender mejor la situación y por lo tanto a actuar menos
erráticamente al enfrentarla. Estamos en presencia de un nuevo Consejo Nacional
Electoral (CNE), esta vez, como no ocurría desde hacía muchos años,
seleccionado por la Asamblea Nacional (AN) según la normativa constitucional.
No fue el Tribunal Supremo de Justicia quien terminó designándolo, fue la AN,
con presencia y acuerdo de la oposición que participó en las elecciones de
diciembre, hechos que, sin lugar a dudas, establecen una diferencia cualitativa
en relación con las exigencias del país de lograr mejores condiciones para su
pronunciamiento electoral.
Como era de
esperarse, el CNE quedó integrado por tres miembros del gobierno y dos de la
oposición, tal y como ya había sido integrado el Consejo transitorio nombrado
para organizar las pasadas elecciones de la AN. Pero, las diferencias entre
ambos organismos son substanciales, aunque algunos políticos de mente estrecha
no sean capaces de comprenderlo. La representación de la oposición es
cualitativamente distinta. No digo mejor ni peor, sino distinta. Y esta
circunstancia proviene, principalmente, de haber sido parte de quienes hasta
ahora habían desechado en la práctica la vía electoral, mientras Maduro
siguiera en la
Presidencia del país. Esa condición los hace atractivos o menos antipáticos
para el sector opositor más radical en el país y en el exterior, condición que
no llegó a serle aceptada a la oposición que tuvo el valor de dar los primeros
pasos, en la reivindicación de la vía electoral por encima de los atajos
violentos.
Esa mayor
legitimidad de los representantes opositores en el CNE, y por lo tanto también
del organismo electoral, se nutrió además de que sus designaciones obedecieron
a negociaciones habidas entre el gobierno y dirigentes y sectores desgajados
del extremismo abstencionista, por lo que la oposición integrada ahora en el
nuevo CNE es más numerosa, representativa y plural, que la que existía en el
CNE transitorio. Enrique Márquez y Capriles Radonsky, al colocarse claramente
del lado de la participación electoral y de la designación del nuevo CNE,
incrementaron la representatividad del mismo y su legitimidad. Sin lugar a
dudas, ha habido un avance, lento, dificultoso y engorroso, en el necesario
rescate de la vía electoral y en la continuación del proceso de normalización
política del país. Es desalentador, sin embargo, que la vida económica de los
venezolanos siga sin sufrir cambios que signifiquen una mejora importante en
sus precarias condiciones de existencia.
El gobierno
por su parte, en forma contraria a su frecuente discurso agresivo y burlista,
ha venido dando muestras de que está dispuesto a la realización de cambios
políticos, que le permitan un desempeño menos dificultoso dentro del ámbito de
las sanciones económicas estadounidenses. Todo lo ocurrido con la designación
del nuevo CNE es parte de esta política. No sólo enfrenta al
extremismo-oportunismo de López-Guaidó, Ramos Allup, Julio Borges, María Corina
Machado, Ledezma y otros, que tiene por detrás negocios millonarios con dinero
ajeno y el respaldo de los gobiernos estadounidense, colombiano, brasileño e
inglés-guyanés, sino que se también es agredido por irregulares colombianos
entrenados y armados, con gran apoyo financiero del narcotráfico y una
experiencia de guerra de años y de prácticas sangrientas asesinas, que han
invadido parte de nuestro territorio en Apure y otras regiones.
Mientras,
en las ciudades, en la capital más que evidente, bandas delictivas le disputan
exitosamente al gobierno de Maduro el control de amplias zonas pobladas, en
acciones que parecieran estar sincronizadas con las de los paramilitares asesinos
colombianos. Y todo ello resultado de políticas iniciadas hace más de 20 años y
denunciadas por antinacionales desde entonces, en las que se permitió sin
resistencia la presencia de irregulares armados del vecino país dentro de
nuestras fronteras, para más de una década después concebir las “zonas de paz”,
como una forma de encauzar la violencia urbana y ponerla al servicio del
interés gubernamental del control social. No es nada fácil lo que viene. Y
mientras tanto, nuestra gente muere de hambre, de enfermedades y coronavirus y
asesinados por grupos armados en todo el territorio nacional.
Luis Fuenmayor Toro
lft3003@gmail.com
Venezuela
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