ANTONIO JOSÉ MONAGAS, PIDO LA PALABRA: ANATOMÍA DE UN ABSURDO, VENTANA DE PAPEL,

Las líneas políticas a seguir, impartidas a instancia del desastroso “Plan de la Patria”, sirvieron para demoler el pluralismo, tanto como para confinar espacios de libertad y democracia.

ANATOMÍA DE UN ABSURDO 

La definición de anormalidad, lleva a planteamientos cuya explicación cae en el terreno de lo subjetivo dada la diversidad de secuelas posibles. Aunque por lo general, refiere condiciones raras, disfuncionales o no deseadas. Sin embargo, su estudio se le ha dejado a la psicología de la anormalidad debido a las implicaciones y complicaciones que pueden contrastar sus realidades. Suelen utilizarse criterios relacionados con modos de comportamiento para deducir si la persona observada presenta una condición psicopatológica que evidencie alguna desviación que califique dentro del rango de parámetros que miden la anormalidad. Al menos así sucede al interior del ser psíquico humano individual. Pero en política, la anormalidad tiene otra connotación.

En política, se develan conductas arrastradas por los más aberrados sentimientos. Naturalmente, en el fragor de hechos acuciados por personas cuya práctica de política ocurre apegada a contravalores que afrentan la moralidad y la ética, se tiene poca posibilidad de actuar en consonancia con la normalidad que debe primar el ejercicio de la política. De ahí que la noción de política ha sido bastante mancillada y desvirtuada. Para muchos, el concepto de política es algo banal. Por ejemplo, para Benjamín Disraeli, ex primer ministro del Reino Unido en el siglo XIX, “el ejercicio de la política puede definirse con una sola palabra: disimulo”.

Son muchas las razones que buscan desprestigiar la política. Hay quienes afirman que “el quien menos sabe de política, más político se hace” lo cual deja ver el grado de descrédito que ha ganado. Gracias a la politiquería. O a quienes han entendido a la política como un negocio. Aún así, hay motivos para inferir que la política habría sido una actividad noble si no fuera por los politiqueros. Y es lo que ha avivado el doloso manejo de la política toda vez que quienes la han ejercido desde posturas maniqueas, sólo se han servido de ella para vanagloriarse de la posición alcanzada. O valerse del poder político para encumbrarse social y económicamente.

En Venezuela, con el cuento de la revolución bolivariana, acicalada con la deformada invención del llamado “socialismo del siglo XXI”, sus actuales y transitorios gobernantes han vapuleado la concepción que determinó el establecimiento de la institucionalidad democrática. A pesar de sus deficiencias, fallas, debilidades e incongruencias. Pero hoy día, la aguda crisis política que padece el país, terminó por descomponer el cuadro de defensas que, abnegadamente, llegaron a constituirse en factores de resistencia cuyo sentido de la dignidad permitió estructurar la firmeza necesaria que le imprimió el arrojo suficiente capaz de contrarrestar el embate de la locura gubernamental. Aunque ahora, convertida en medidas de pasmosa ilegalidad y atrevida insolencia.

La pretensión de otear las realidades bajo una visión unidimensional, hizo al proceso de elaboración y toma de decisiones llevado desde el alto gobierno el engorro ideológico a partir del cual se alinearon todos aquellos funcionarios representantes de los poderes públicos. Las líneas políticas a seguir, impartidas a instancia del desastroso “Plan de la Patria”, sirvieron para demoler el pluralismo, tanto como para confinar espacios de libertad y democracia. Asimismo, para oprimir la justicia, derechos humanos y todo el ordenamiento jurídico que exhorta la defensa y el desarrollo de la persona. Al mismo tiempo, las garantías a partir de las cuales estriba la educación como principio, objeto y sujeto de ley. Por tan infaustas razones, el resentimiento de quienes forman la cúpula gubernamental se planteó desmantelar la autonomía universitaria toda vez que su reconocimiento constitucional, como principio y jerarquía, se transformó en una estorbo que impide al régimen actuar con la saña y hostilidad que perfila al autoritarismo como criterio de gobierno y recurso de populismo demagógico. Más aún, dificultó hacer de la educación universitaria el espacio político necesario para alienar proyectos de formación de talentos y hombres libres.

Las medidas aprobadas desde el Poder Legislativo por la bancada del oficialismo soez y subordinado, propias de un idealismo retrógrado, contra el derecho de los universitarios a impugnar las flagrantes violaciones organizadas por el mismo régimen al respeto de su dignidad social y económica, configuran el dantesco hecho encarnado en la intención de reducir a meras minucias lo que la Constitución denomina “Estado democrático y social de Justicia y de Derecho”. Así que a decir del proceder de un régimen ofuscado, sus acciones no son lo normales que se supone. O como lo requiere la vida democrática de un país. Mejor aún, ello semeja lo que puede verse como la anatomía de un absurdo.

VENTANA DE PAPEL

APOLOGÍA DE UNA TRAICIÓN, ACORRALAR A LA UNIVERSIDAD

No hay razón alguna para que quienes se hicieron profesionales, luego docentes y hasta autoridades universitarios, arremetan en contra de la institución que cobijó sus sueños y proyectos de vida académica. Es un verdadero exabrupto que profesores de la Universidad de Los Andes, desde la investidura que los acredita como diputados de la República, se hayan planteado el desvergonzado propósito de acorralar su institución, su Alma Mater.

Es el caso  que explica el llamado “Acuerdo de Rechazo a la Paralización de las Universidades Autónomas”, emitido el martes 3-N en medio de una algarabía propia de todo mercado de “mala muerte”. El aludido manifiesto no sólo es expresión del resentimiento de personas aferradas a instigar odio y desmembrar en lo posible la unidad a partir de la cual se cimentó la democratización del sistema político  que, luego de 1958, inspiró el desarrollo de la Universidad venezolana.

Tan insultante texto, al mismo tiempo, constituye un remedo de lo que nunca ha podido reponerse luego de innumerables promesas electorales expuestas alrededor de la necesidad de superar la crisis que comenzó a agobiar las universidades al término de 2007.

Fue el momento para aplicar la reconducción presupuestaria que desconoce el crecimiento universitario. Fue el tiempo para imponer la figura de la universidad socialista a través del saqueo de la autonomía universitaria para lo cual se han valido de acciones de terrorismo judicial. No conforme con tan opresivo modo de accionar perversos mecanismos de desmembración institucional-académicos, estos gobernantes  de marras se dieron a la tarea de amenazar a la comunidad universitaria mediante resoluciones dirigidas a usurpar la libertad de iniciativa característica de la institución en contravención con lo dispuesto por la Ley de Universidades. A pesar de haber pretendido exaltarse sus bondades cuando el cuestionado documento, entre sus Considerando, refiere el primer artículo de tan significativa legislación a manera de asentir que, por vía del susodicho precepto, puede arribarse a “la construcción de sociedad que queremos”.

Más aún, lejos de exhortar algún canal de diálogo en medio de la vigente crisis, el Acuerdo aprobado con los votos de la bancada del oficialismo adulador, representa la expresión más oprobiosa de lo que la Constitución destaca cuando describe que el Estado tiene como proyecto fundamental “la construcción de una sociedad justa y amante de la paz”, tanto como la “promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo”. Ello, en aras de asegurar un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.

Sin embargo, la lectura más ligera, así como aquella sometida al análisis lingüístico más escrupuloso, llegan a la misma conclusión. Es decir, contradicciones por doquier, deplorable redacción, inconsistencias conceptuales, incoherencia discursiva, exaltación a desconocer la realidad académica universitaria, vulneración al significado y alcance de autonomía universitaria, incitación al desencuentro, llamado al intervencionismo, declaración velada de abuso de poder, desafío a la normativa constitucional y arrogancia manifiesta. Aunque lo más grave de todo cuanto afirma tan insultante proclama de excedidas consideraciones, es que luce, tristemente, como una demostración de ingratitud de sus firmantes, o un testimonio de mezquindad. O aún peor, la apología de una traición.

“Dar cuenta de los desafueros y engorros que anima la perversión de gobernantes con ínfulas de reyezuelos o comandantes sin charreteras, cuya gestión incita una crisis de sumas proporciones, es como realizar una exploración del espectro de un organismo humano. Aunque políticamente hablando, es la anatomía de un absurdo”

Antonio José Monagas

antoniomonagas@gmail.com

@ajmonagas

Merida - Venezuela