LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS DOCENTES
Los profesores universitarios venezolanos han sido nuevamente
atropellados por decisiones gubernamentales anti autonómicas, que pretenden
afectar las formas en que hasta ahora han administrado sus seguros de HCM. Tomo
el caso de la UCV por conocerlo bien y para demostrar lo absurdo e ilegal de
pasar a Seguros Horizonte, la administración de la póliza básica que financia
la atención hospitalaria y de maternidad de los docentes y sus familiares. Esta
póliza cubre la ridícula suma de Bs. 200 mil, monto incluido en el presupuesto
universitario, que debe ser entregado a la universidad y que, desde hace unos
30 años es muy eficientemente administrado por un sistema manejado por los
propios profesores, hoy conocido como SAMHOI. Esto a través del Instituto de
Previsión Social del Profesorado (IPP-UCV), fundado por la UCV y la Asociación
de Profesores hace 60 años, uno de los proyectos de auto gestión exitosa más
antiguos del país.
El IPP-UCV y el SAMHOI son casos reales de participación protagónica de
la comunidad muy anteriores a la aprobación de la Constitución vigente. Han
sorteado durante sus años de actividad todas las dificultades inherentes al
hostigamiento de diferentes gobiernos y también las incomprensiones de las
autoridades universitarias, que en más de una ocasión no los han respaldado y
han jugado a su deterioro y sustitución, como ocurre en la actualidad, con
motivaciones muy alejadas del interés en la seguridad social de los docentes.
Como en el pasado, los recursos financieros del IPP-UCV han estimulado la
codicia de quienes permanecen en la institución para hacer negocios, al igual
que han concitado las apetencias de funcionarios del Gobierno, relacionados con
los negocios de las empresas de seguros HCM de los militares.
El seguro de los profesores, salvo la pequeñísima suma ya señalada, es
financiado por los propios docentes, a través de descuentos mensuales que
merman mucho más sus ya bajísimas remuneraciones. Como SAMHOI administra la
cobertura básica y las tres complementarias, los trámites del ingreso a las
clínicas se agilizan en forma notable. Además, SAMHOI tiene décadas de relación
exitosa con los centros hospitalarios privados del país, por lo que sus
afiliados son aceptados en todos ellos en forma inmediata. Efectuar un cambio
que separe la administración de la cobertura básica y de las 3 coberturas
complementarias, retardaría el ingreso a las clínicas de los docentes.
Recuerdo, además, que la administración de los recursos de la cobertura básica
es potestad constitucional de las universidades.
Le hago un llamado al ministro designado hace poco, Hugbel Roa, a que
analice los argumentos esgrimidos en este artículo y tome una decisión ajustada
a derecho, que no añada otro problema a la gestión del Presidente.
Luis Fuenmayor Toro
lft3003@gmail.com
@LFuenmayorToro
Caracas-Venezuela
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