La antagónica disparidad de opiniones entre dos
cancilleres uruguayos del mismo signo político – uno bajo la presidencia de
Pepe Mujica y hoy al frente de la Secretaría General de la OEA, Luis Almagro
Lemes; el otro bajo la actual presidencia de Tabaré Vásquez y canciller en
ejercicio de la república rioplatense, Rodolfo Nin Novoa – da prueba fehaciente
de la imposibilidad de poner de acuerdo a los dos grandes sectores que dividen
a la clase política, a los gobiernos, a los partidos y a la opinión pública
latinoamericana: Almagro se ha expresado en términos suficientemente
concluyentes sobre la dictadura de Nicolás Maduro en contundente carta de
protesta dirigida a la responsable de los procesos electorales venezolanos; el
otro la considera un modelo democrático impoluto al que no cabe aplicarle cláusula
ni sanción alguna.
No se hable de la disparidad de posiciones entre el
presidente electo de Argentina, Mauricio Macri y el actual presidente de
Uruguay y su vecino inmediato, Tabaré Vásquez. Uno reafirma su voluntad de
exigirle a Mercosur la salida de su miembro venezolano por irrespetar su
cláusula democrática, en razón de las públicas y notorias violaciones a los
derechos humanos; el otro participa por voz de su canciller que no ve razón
alguna para seguir tal predicamento: “Venezuela está lejos de una alteración en
el orden democrático”. Y haciendo manifiesto que esa es la posición de los
otros miembros de Mercosur afirma categórico: “no se aplicará tal cláusula al
gobierno de Nicolás Maduro”.
¿Cómo hacer valer el principio de objetividad,
veracidad y respeto a los hechos ante posiciones a tal grado antinómicas? Salvo
que el canciller de Tabaré Vásquez, Sr. Nin Novoa, no reciba informes de su
encargado político en su embajada de Caracas o no lea los medios
internacionales, es evidente que si no conoce los hechos los oculta de manera
dolosa y fehaciente: ¿no se enteró de las denuncias del fiscal venezolano
Franklin Nieves, quien luego de asilarse en los Estados Unidos informara en
detalles haber servido por órdenes superiores las maniobras para inculpar y
condenar a 14 años de prisión a un inocente violando flagrantemente todos sus
derechos ciudadanos? ¿No tiene noticias del secuestro del Alcalde Metropolitano
de Caracas Antonio Ledezma, encarcelado hasta hoy durante diez largos meses sin
juicio alguno? ¿Tampoco ha tenido noticias de que en Venezuela existen más de
setenta presos políticos? ¿No tiene conocimiento de la sistemática negativa del
ente comicial a permitir la observación internacional de los cruciales comicios
del próximo seis de diciembre? ¿No ha oído mencionar el cúmulo de
irregularidades propiamente dictatoriales que condena a que bajo este régimen
se vote, pero no se elija? ¿No tiene conocimiento de las amenazas de Nicolás
Maduro y del segundo del régimen, Diosdado Cabello, de no tolerar una victoria
opositora ni un parlamento que se escape de su mando y control?
Al parecer, tampoco se enteró el Sr. Nin de la
detención de dos sobrinos presidenciales que en una operación evidentemente
respaldada por las autoridades de gobierno y sus fuerzas armadas pretendían
introducir 800 kilos de cocaína en los Estados Unidos, operación respecto de la
cual hasta el día de hoy ni la tía carnal, primera dama de la República Sra.
Cilia Flores ni el tío político de ambos delincuentes, actual presidente de la
república, Nicolás Maduro, han emitido una sola palabra de opinión.
Es obvio que el Sr. Nin y su jefe, el doctor Tabaré
Vásquez están perfectamente enterados de todos estos hechos. Saben que el de
Maduro es un gobierno dictatorial al que se le debió haber aplicado la cláusula
democrática en cuanto asumió el gobierno mediante violaciones a lo establecido
en la Constitución vigente desde el año 2000 en Venezuela. Como se le debió
haber aplicado a su antecesor, el teniente coronel Hugo Chávez, quien la
violara tantas veces como le pareció necesario y pertinente. Bajo la oprobiosa
complicidad del entonces Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza y
todas las autoridades de los organismos multilaterales latinoamericanos a los
que pertenece Venezuela. Hubo entonces tantas razones jurídicas, políticas y
legales como las que hoy esgrime el presidente electo de Argentina, del otro
lado del Plata, Mauricio Macri, que ha tenido la valentía y la decencia de
salirles al paso. Pero un concepto de muy dudosa trayectoria, el de “la razón
de Estado” y otro de igual data, el del “realismo político” obligan a un
alineamiento filo dictatorial de todos los gobiernos latinoamericanos sometidos
a la hegemonía del castrismo cubano a través de la nefasta coordinación del
Foro de Sao Paulo a las políticas fijadas por y en interés y conveniencia de la
tiranía cubana. Asunto del que tanto Washington como el Vaticano tienen
perfecto conocimiento, si bien prefieren hacer como que en Venezuela nada
sucede de extraordinario.
De allí el asombro ante la decisión de Mauricio
Macri de sacudir la apatía y complicidad de los gobiernos de la región frente a
un caso escandaloso, como el de la mera existencia de un régimen dictatorial y
castrocomunista en Venezuela. La misma Venezuela que en su inmediato pasado
democrático se jugara su vida y abriera sus puertas en un insólito acto de
justicia y generosidad a quienes huían de sus dictaduras, hoy – vaya
contradicción – al mando de sus gobierno y alcahuetes de una dictadura tan oprobiosa
como la que los echara a ellos al destierro.
Las declaraciones del canciller uruguayo, que
anticipa el comportamiento de sus colegas del Mercosur, demuestra la grave
encrucijada entre dictadura o democracia en que se encuentra nuestra región.
Ofenden nuestra conciencia libertaria. Y dejan suficientemente en claro el foso
en que se hallan nuestras frágiles tradiciones democráticas. Que Dios nos
ampare.
Antonio Sanchez
Garcia
sanchezgarciacaracas@gmail.com
@Sangarccs
Miranda – Venezuela
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