La educación es un
bien público, básico y prioritario, porque conviene a todos los ciudadanos, de
igual manera, para su vida, para su dignidad y para el ejercicio de una
ciudadanía participativa y responsable. A todos nos conviene tener más y mejor
educación y que todos los demás la tengan. La carencia de este bien lleva a las
sociedades al fracaso. La educación es
el medio de cultivar la semilla de uno mismo, de desarrollar todas las
potencialidades humanas, sociales, creativas y espirituales para alcanzar la
plenitud.
La educación es un
derecho humano y social del que todos deben disfrutar en igualdad de
condiciones, pues el cumplimiento de este derecho va a posibilitar el disfrute
de los otros derechos esenciales. En consecuencia, el derecho a la educación
implica derecho de todos no a cualquier educación, sino a una educación de verdadera calidad. Si
garantizamos buena educación, estaremos poniendo los cimientos para que las
personas puedan conquistar los otros derechos esenciales. Cuando un bien
público existe de igual manera para todos en calidad y oportunidad, se
posibilita la equidad, la justicia y la solidaridad, lo que contribuye a
fortalecer la convivencia y el pacto social. Pero si un bien público se ofrece
de una manera para unos sectores y de otra manera para otros, se convierte en fuente de inequidad y
desigualdad.
Si la educación de
calidad es un derecho, es también un deber humano fundamental. Todos somos
corresponsables y debemos colaborar para
que este derecho se cumpla.
La educación de
calidad para todos, condición indispensable para la sana convivencia
democrática, la productividad y el logro de instituciones eficaces, pasa a ser
la estrategia fundamental del Estado y de la sociedad para incorporar
plenamente a todas las personas al quehacer de la vida pública contemporánea.
Las sociedades democráticas necesitan a todos sus ciudadanos y la vida
democrática requiere de sujetos bien educados.
Por todo esto, no
creo que tenga mucho sentido contraponer la educación privada a la educación
pública o denigrar de alguna de ella, pues de lo que se trata es de aunar
esfuerzos para garantizar a todos una buena educación. El problema educativo es
de tanta importancia y es tan grave que no podemos darnos el lujo de prescindir
de nadie que quiera contribuir a su solución, especialmente de todos
aquellos, que han demostrado con hechos
que les preocupa la educación y que tienen algo que aportar.
Pero la educación
privada debe asumir su función de bien público y cultivar en los alumnos y
representantes la conciencia ciudadana y la responsabilidad social..La clase
media y los grupos más privilegiados deben comprometerse en la defensa y logro
de una educación pública de calidad. Si los que egresan de los centros
educativos privados no lo hacen con una fuerte conciencia social y el compromiso
de trabajar para que todos disfruten de los derechos esenciales, la educación
que imparten no está respondiendo a su condición de bien público.
Por otra parte
el Estado debe evitar la tentación de
privatizar la educación y no pretender
subordinarla a sus intereses
partidistas o para imponer una visión o una ideología particular. Si este fuera
el caso, el Estado se estaría
convirtiendo en el gran agente privatizador, el propietario más poderoso, que
apropiándose de los recursos que pertenecen a todos decide a quién apoyar y a
quién no, y cómo utilizar la educación. La función del Estado no puede ser
estatizadora, debe ser eminentemente socializadora, y apoyar las iniciativas
sociales orientadas a garantizar a todos una educación de calidad.
El clientelismo es
uno de los agentes privatizadores más
perversos: el otorgar cargos o puestos por su afiliación ideológico-partidista,
por mera sumisión o por simple amiguismo, para tener o mantener una cuota de
poder en la escuela, entre los educadores, sin tomar en cuenta las capacidades
profesionales y negando la igualdad de oportunidades, es una forma muy
antiética de apropiación privada de un bien público. Los funcionarios públicos
no trabajan para el gobierno sino para el país, y es a él a quien deben responder
y rendir cuentas.
Antonio Pérez Esclarín
pesclarin@gmail.com
@pesclarin
Zulia -
Venezuela
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