viernes, 19 de febrero de 2016

JOSÉ GREGORIO DELGADO HERRERA, EL INFORME DE VENEZUELA, INFORME SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

¿Este informe inicial, es un reflejo de la situación de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país?
Las personas con discapacidad tienen sus derechos internacionalmente consagrados, y en Venezuela se insiste en la “Discapacidad  blindada” (Carlos S. Muñoz, Diario El Universal, 13 de febrero de 2016) haciendo referencia a la Constitución Nacional y la protección que brinda la LEY PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, en adelante LPCD, aunque, hay un reconocimiento de su incumplimiento desde la instancias públicas y en la sociedad en su conjunto, de allí el llamado que se realiza en este artículo de opinión: ”Es deber de todos defender los derechos de las personas con discapacidad”.
Tenemos una oportunidad de oro para cumplir con este deber ciudadano, al considerar y reflexionar sobre el texto del INFORME DE VENEZUELA, según el artículo 35 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, Ley de la República desde el 2009, aunque, apenas fue ratificado en el 2013, de allí la importancia de la pregunta que formulamos ¿Este informe inicial, es un reflejo de la situación de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país?

Si el informe en referencia es un avance en la aplicación de la Convención en nuestro país, tomando en cuenta diez años o los últimos dos años, nuestra respuesta definitiva a la pregunta es NO REFLEJA NUESTRA SITUACION, sin embargo, desde las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones, pueden evaluar este INFORME y formarse su propio criterio, en cuanto a los planteamientos formulados por el Estado, aunque, resulta más lógico que sea desde el Gobierno, tomando en cuenta que, su fuente está en el MPP para las Relaciones Exteriores y no refleja exhaustivamente la acción de todos los órganos del Estado, y mucho menos el parecer de las personas con discapacidad. Para consultar el documento, ver texto que se presenta en 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fVEN%2f1&Lang=en.
Después de leer 45 páginas, se puede concluir que no resulta exhaustivo y además es un texto demasiado normativo, que,  señala muy pocas políticas públicas y decisiones concretas para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad, sin olvidar los datos numéricos insuficientes, para enmarcar el contenido propuesto o la falta de referencias a ciertos aspectos críticos en nuestro país en materia de discapacidad.
Seguramente, estas fallas evidentes se origina en la falta de consulta previa, pues su anuncio se hace en agosto de 2015 y no se reseñan reuniones o propuestas posteriores para dar forma y contenido al Informe preliminar, si damos por buena la información de la página web de la Misión Dr. José Gregorio Hernández, una de las fallas del documento es la falta de referencia a la metodología utilizada para su elaboración, aunque indica que tiene una base documental oficial y además que:
“Este informe también fue consultado con los movimientos y organizaciones sociales que trabajan  en el área de la protección de las personas con discapacidad, a través de una jornada de trabajo realizada a nivel nacional y coordina por el Conapdis. Allí se presentaron los avances y los desafíos en la materia como también se brindó información acerca  de la metodología y los plazos para la elaboración de los informes complementarios”. (Introducción)
¿Cuándo y dónde, a quién se consultó y cuáles fueron los aportes  para el Informe?
En esta circunstancias a la sociedad civil que representa a la población con discapacidad le queda la opción de presentar sus observaciones y pedir que se enmiende su contenido, cuando se defina el cronograma de difusión o cuando las organizaciones lo crean conveniente, luego de leer el texto, tomando en cuenta que aún no se fija fecha para la evaluación del INFORME PAIS en el Comité de Personas con Discapacidad, avanzar en el Informe paralelo, que de datos ciertos de nuestra situación y de sus recomendaciones al Estado en materia de discapacidad.
Un dato que queremos adelantar, tomando en cuenta un tema que recientemente ocupa algunas notas de prensa, es que el INFORME agrega referencia al Proyecto de Ley de reforma de la Ley para las Personas con Discapacidad, LPCD en algunos de sus aspectos, aunque, aún no hay acuerdo sobre su versión definitiva y no se trata de un documento oficial.
Igualmente, las estadísticas que usa son muy cuestionables, pues aunque cita como fuente al INE y el CONAPDIS, el número de personas atendidas o los logros en educación especial, según el MPP para la Educación, son insignificantes, en relación a los recursos asignados, tomando en cuenta que la rendición de cuentas no es completa y que se hace referencia a programas o proyectos aislados o no suficientemente documentados.
El texto deja entre líneas la sensación de falta de coordinación entre las instancias públicas responsables de atender las situaciones de discapacidad y ofrece una panorámica demasiado positiva, que contradice nuestra realidad en la materia, hay cosas pendientes por resolver y nuestros derechos humanos van en “picada”.
Para muestra, sirve la lectura de un aspecto del informe que refleja lo que nos dicen sobre la pobreza, en instituciones como el INE, cuando se señala lo siguiente:
“De acuerdo al método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), la mayoría del sector con discapacidad (1.178.130 personas) se puede considerar “no pobre”, mientras que 452.678 personas se ven afectadas negativamente por las variables que componen el indicador. Por tanto, se puede concluir que existen las condiciones objetivas para que la mayoría de las personas con discapacidad, puedan incorporarse progresivamente a la sociedad a través del goce de sus derechos, así como la satisfacción de las necesidades más apremiantes”. (171)
Según esta afirmación, resulta que se parte de una población que se declara con discapacidad, equivalente a1.630.808 personas, ¿de dónde sale esta cifra? Si la propia Mesa Técnica coordinada por el INE para el 2014 nos señala una población con discapacidad de 1.454.845, seguramente, se trata de un ajuste estadístico en positivo, para respaldar la conclusión que se ofrece:
“… existen las condiciones objetivas para que la mayoría de las personas con discapacidad, puedan incorporarse progresivamente a la sociedad a través del goce de sus derechos, así como la satisfacción de las necesidades más apremiantes”.
En otra parte del Informe, se hace referencia a las reuniones en el 2015 en la Defensoría del Pueblo, para el análisis de la reforma de la LPCD, sin embargo, el proyecto que se reseña no tiene el consenso y el apoyo de esta institución de los derechos humanos y mucho menos del movimiento de las personas con discapacidad, hasta el punto que, en una reunión efectuada el 16 de febrero de 2016, se manifestó el desagrado por la falta de consulta del Informe y señalar una sana crítica en la propia sede de la Defensoría del Pueblo, comprometida a recibir observaciones sobre el proyecto de ley e incorporarlas a la propuesta que se llevará a la Asamblea Nacional, citando un titulo distinto del señalado en el Informe, cuando en la DP se indica como LEY ORGANICA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, siguiendo la versión del CONAPDIS de diciembre 2015. Además, en el Informe se silencia la existencia de un proyecto de ley alternativa, elaborada desde el movimiento de personas con discapacidad con el apoyo de la Escuela de Vecinos de Venezuela, presentado al CONAPDIS y la Defensoría del Pueblo, según comunicaciones de los primeros meses de 2015.
Un dato más del Informe, según el CONAPDIS “En la actualidad se encuentran conformados 23.935 Comités Comunitarios a nivel nacional” si la fuente de esta figura es la LPCD de 2007, para el 2015 ¿cuántos comités se formaron por año, dónde están, qué han hecho, cuántas personas con discapacidad los integran. Sera que el CONAPDIS nos puede ubicar esos miles de comités? Son muchas preguntas que se derivan de esta referencia
En parte, estas interrogantes deberían ser respondidas por el Reglamento de la Ley, un aspecto importante de este Reglamento eran los Comités Comunitarios de Personas con Discapacidad, CCPCD, pero, aún no está aprobado y seguramente, no se aprobará si prospera la reforma de la Ley ante la Asamblea Nacional, AN.
Lo cierto es que, tal cantidad de comités comunitarios no pueden pasar desapercibidos para el movimiento de las personas con discapacidad, así que, por favor den alguna señal de “humo” para ubicarlos y felicitar tan amplia organización, para mejorar los servicios para las personas con discapacidad y emprender proyectos de utilidad para este sector de la población,.
Un logro legislativo importante,  fue articular los CCPCD con los consejos comunales en la ley que se aprobó en el 2009,  y la verdad si ¿hay más del 40% de consejos comunales que han promovido sus comités en el área de discapacidad?. Que digan “presente” para tomarlos en cuenta, pues las personas con discapacidad y sus familias, se quejan que no son atendidas por estas instancias del poder popular.
Por cierto, un aspecto que destaca el Informe es la referencia sobre la incorporación de las personas con discapacidad en el PLAN DE LA PATRIA, sin embargo, las menciones puntuales no tienen relación con las necesidades a resolver para un pleno disfrute de su derecho al desarrollo, así que, no basta con mencionarnos en esta ley sui generis, es preferible que, se concrete el funcionamiento del consejo consultivo del CONAPDIS y que se cumpla la política de atención integral, indicada en el texto de la LPPCD, aún vigente, pero, incumplida en sus contenidos.
La Convención de la ONU sobre la cual se sustenta el Informe de Venezuela, no crea nuevos derechos, abordar la situación de las personas con discapacidad es un buen indicador para el análisis de los Derechos Humanos en esta empobrecida Venezuela, tomando en cuenta que, la población con discapacidad representa en realidad el equivalente al 15% que anuncia el Informe Mundial de la Discapacidad presentado por la OMS y BM en el 2011.
En consecuencia, a partir de la cifra de más de 30 millones de habitantes para Venezuela, aprobada en el 2015 por la AN, debemos recordar que estamos evaluando la situación de 4.500.000 personas con discapacidad, aunque el INE indique otra cosa, podemos dejar una última interrogante: ¿Qué condiciones especiales tiene Venezuela, para que su población con discapacidad tenga un referente estadístico por debajo de la media mundial?

Jose Gregorio Delgado Herrera
jgdelgado2011@gmail.com
escuevenac@gmail.com
‏@josegdelgadoh1 
Escuela de Vecinos de Venezuela
Caracas – Venezuela

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