El
brillante discurso de Henry Ramos Allup en la instalación de la AN puso las
cosas en su sitio. No jugó con las ilusiones de los venezolanos. No fue una
intervención mesiánica ni demagógica. La AN no es un contrapoder ni pretende
sustituir al Ejecutivo en las competencias exclusivas e intransferibles que el
gobierno chavista posee. La cohabitación entre el Ejecutivo Nacional y el
Parlamento surgido a partir del 5-E no es similar a la que se da, por ejemplo
en Francia, cuando el Presidente de la República pertenece a un partido y el
Primer Ministro a otro. En el caso francés, ambas figuras manejan recursos
financieros y tienen atribuciones constitucionales sobre sectores de la
administración pública. En Venezuela no ocurre lo mismo. Las facultades de la
AN se circunscriben al ámbito legislativo y de control sobre las actuaciones de
los otros poderes públicos, especialmente el Ejecutivo.
Es al Presidente de la República
y a su equipo de gobierno —integrado
por los ministros, presidentes de las empresas públicas y directores de entes
descentralizados, entre otros funcionarios— a quienes corresponde definir,
diseñar y ejecutar los planes y las políticas públicas. El presidente Maduro
está investido de la autoridad constitucional para designar a todos sus
colaboradores más importantes e instruirlos para que lleven adelante los
proyectos que él considere convenientes. Esta prerrogativa presidencial se
mantendrá aunque la mayoría de la AN sea opositora. En estricto sentido, por lo
tanto, la oposición no cogobernará con Nicolás Maduro y con el PSUV. Lo máximo
que puede y debe hacer la AN es proponer leyes que mejoren la situación
económica y social del país y que rescaten la institucionalidad. La aplicación
de esos instrumentos jurídicos depende de la acción del Gobierno Nacional. Por
ejemplo, la Ley Marco para el Incremento de la Productividad, anunciada por la
MUD, podría ser sancionada por la Asamblea, pero su materialización solo puede
ser efectiva si el Ejecutivo se decide a aplicarla. Su materialización requiere
un acuerdo con este para que se pongan en movimiento los recursos financieros y
los instrumentos legales que la hagan posible. Acuerdo que no va a respaldar.
Aún más: tendremos una Asamblea Nacional acosada por el Ejecutivo.
La
hostilidad demostrada por la cúpula chavista contra los diputados de la MUD
evidencia que tal concertación entre el Ejecutivo y el Legislativo no será
posible. La élite del chavismo está promoviendo el enfrentamiento entre los
poderes públicos, con tres protagonistas: el Ejecutivo, el Legislativo y el
Judicial. La alternativa —la prefiguró Ramos Allup— se reduce a dejar que el Gobierno Nacional
continúe con sus planes y que la AN se dedique a exigir la rendición de cuentas
a Maduro, sus ministros y colaboradores, y a someter a control un poder
delegado, como es el Judicial. Por esta labor fiscalizadora y contralora será
evaluada la bancada opositora.
Los diputados democráticos no se
convirtieron en ministros alternos, ni Ramos Allup es el otro presidente de la
República. A la oposición no le conviene crear una imagen distorsionada de sus
posibilidades. La frustración podría arrastrarla y en vez de aparecer como
opción de poder frente a la incompetencia oficial, podría ser víctima del
desencanto de una gente a la que se le vendió el sueño de que todo podía
mejorar por arte de magia a partir del 5-E.
Trino Marquez Cegarra
trino.marquez@gmail.com
@trinomarquezc
Miranda - Venezuela
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