Lejos de reconocer la
derrota que sufrió en las urnas, el presidente Nicolás Maduro desafía la
voluntad ciudadana al poner en marcha un golpe judicial
La
oposición unificada se acaba de imponer de modo contundente en las
recientes elecciones parlamentarias venezolanas, en las que más de dos de cada
tres venezolanos rechazaron abiertamente el perverso autoritarismo chavista.
El presidente Nicolás
Maduro, que con evidente ineptitud ha sumergido a su país en una crisis
económica y social de enorme envergadura, no ha reconocido con la conducta y
los hechos apropiados lo sucedido. Peor aún, está desafiando burdamente la
voluntad ciudadana con maniobras arteras claramente destinadas a tratar de
neutralizar el poder que la Constitución de su país confiere a la Asamblea
Nacional, que pasará a ser dominada por la oposición cuando sus legisladores se
hagan cargo de sus escaños el próximo 5 de enero.
Ha designado,
sorpresivamente y de espaldas a su pueblo, a 13 nuevos magistrados del Tribunal
Supremo de Justicia de Venezuela, fuera del plazo reglamentario. Y ha puesto
asimismo en marcha un "golpe judicial" en ese mismo alto tribunal,
para tratar de frenar, con jueces que no son independientes, la proclamación de
22 de los nuevos diputados de la oposición que han sido bien elegidos. De ese
modo, tratará de privar a la oposición de la mayoría que obtuvo limpiamente en
las urnas y también de los más amplios poderes que la Constitución venezolana confiere
para esos casos.
A ello agregó, como
un todopoderoso constituyente, la creación de una Asamblea Comunal Nacional no
prevista en modo alguno en la Constitución, con funciones que lucen paralelas a
las que esa constitución confiere a la verdadera Asamblea Nacional.
Esto muestra cuán
importante es en las democracias la existencia de un Poder Judicial
efectivamente independiente e imparcial en vez de una red de jueces que en
rigor son sólo títeres o agentes sumisos al Poder Ejecutivo.
No obstante, la oposición
no está totalmente desarmada. Primero, porque cuenta con el apoyo de la enorme
mayoría de su pueblo. Pero además, en rigor, ha estado tempranamente alerta,
desde que ha advertido públicamente que, dentro del plazo de seis meses desde
la toma de posesión de los legisladores, la nueva Asamblea Nacional habrá de
adoptar "la solución constitucional democrática, pacífica y
electoral" que sea necesaria para el cambio de gobierno. Esto obedece a
que desde el Poder Ejecutivo son incapaces de consensuar las soluciones que
permitan que la voluntad popular recientemente expresada en las urnas por los
venezolanos sea respetada. Si esto sucede, la agenda legislativa de temas a
resolver será aún más dramática que la que el cambio consensuado del modelo
colectivista requiere con toda urgencia. Entre ellas, la de tomar decisiones
que aseguren la existencia de un Poder Judicial que sea efectivamente
independiente.
A eso podrían sumarse
una amplia ley de amnistía y la consecuente orden de liberar a todos los presos
políticos que han sido detenidos con procedimientos ilegítimos, respecto de los
cuales los organismos internacionales ya se han pronunciado denunciando toda
suerte de violaciones al debido proceso legal, sin contar los fraudes groseros
que fueron denunciados por algunos de los actores en esos pretendidos juicios.
Venezuela no puede
esperar hasta 2019 para que un presidente que no escucha el mensaje de las
urnas y que ha mostrado su ineptitud tome las decisiones de peso que se
requieren para paliar las privaciones de un pueblo al que los autoritarios han
sumido en toda suerte de privaciones cotidianas y en una tremenda escasez de
alimentos y medicamentos.
Las inapropiadas
acciones de Nicolás Maduro parecerían estar obligando a la Asamblea Nacional
electa a tener que tomar el protagonismo que las normas constitucionales y la
voluntad de los venezolanos le han conferido.
Enviado a nuestro correos por
Luis Ochoa Teran
luisrey.ochoa@gmail.com
Telescopio Internacional
@lot8a
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