COLOMBIA EN CÁPSULAS
Mientras en Venezuela nadie investiga nada en torno a las comisiones que
habría pagado la transnacional Odebrecht en nuestro suelo para conseguir
favores en la adjudicación de contratos, en Colombia se ha convertido en un
quebradero de cabeza legal y en un drama político de envergadura el establecer
la verdad en torno a las acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de
dinero que rodean a las contrataciones de la empresa.
No es tarea sencilla la de la investigación en Colombia de los
tentáculos de Odebrecht que habrían manchado las manos de empresarios y
funcionarios desde el 2009 hasta el 2014, o incluso desde antes, en el cuarto
de siglo de permanencia que ya llevan trabajando en el país de al lado. Son 11
las líneas de investigación que actualmente están en curso, de acuerdo a lo
señalado por el Fiscal General del país Néstor Humberto Martínez con lo cual ha
conseguido poner de relieve la existencia de todo un entramado corrupto con ramificaciones
de todo género que alcanzan a intermediarios lobistas o representantes de la
empresa en el país, a funcionarios públicos de las instituciones que otorgaron
contratos a la firma, a políticos con capacidad de motivación de decisiones
para favorecer a la empresa y a agentes de los partidos políticos que
recibieron fondos para la financiación de las campañas presidenciales.
Es que 11 millones de dólares, lo que es el monto reconocido por la
empresa para las operaciones de intermediación en Colombia, dan para mucho.
Pero así como Odebrecht se ha puesto en evidencia por estos manejos turbios y
delitos de corrupción que la descalifican a futuro, hay que decir que en
Colombia la fiscalía se ha estado tomando en serio la tarea de meterle la lupa
al intrincado mar de negociaciones que se dieron para que la empresa se alzara
con jugosos beneficios a través de contrataciones públicas mil millonarias.
Al Fiscal no le ha temblado la mano a la hora de investigar en
profundidad no solo aquellas operaciones que se tradujeron en la ejecución de
obras de gran calado durante los gobiernos de Juan Manuel Santos. También le
han hincado el diente a actividades corruptas que tenían por finalidad
asegurarse simpatías políticas útiles a futuro. En este particular terreno han
surgido acusaciones de coimas en contra de gentes del gobierno actual
involucrados en su segunda campaña electoral como de personeros del partido
opositor Centro Democrático para la campaña de su rival Oscar Ivan
Zuloaga.
Las pesquisas van a ser intensas y los resultados dependerán de lo
intrincado de la red armada para materializar cada uno de los sobornos, lo que
en cada caso respondió a una estructura diferente. Empresas constituidas en
Panamá, Bancos ubicados en Andorra, arquitectura financiera estructurada a
través de China, operaciones falsas armadas por prestigiosos bufetes de
abogados, fueron algunos de los instrumentos creados para blanquear los pagos.
A todos ellos el Fiscal Martínez les sigue y seguirá la pista hasta dar con los
autores e intermediarios.
De todo lo anterior llama la atención la diligencia de la fiscalía en
desentramar este conjunto de visibles hechos delictivos que, sin duda, tienen
como artífices a altos personajes públicos, a destacados profesionales y a
iconos sociales y políticos del país vecino. Es temprano aun para determinar
cómo actuará la justicia frente a ellos. Lo que es ejemplarizante es que al
contrario de lo que nos ocurre en esta Tierra de Gracias, en Colombia si se
hayan decidido a verle la raíz al problema para poner en claro hasta donde
llegó Odebrecht en su gesta corruptora y a proceder a castigar con el peso de
la ley.
El ventilador ya se encuentra prendido.
Beatriz De Majo
bdemajo@gmail.com
@BeatrizdeMajo1
Internacionalista
El Nacional
Miranda - Venezuela
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