REACCIÓN INTERNACIONAL
Sectores
del oficialismo chavista se sienten incómodos con el presidente y estarían
dispuestos a un diálogo que evite un enfrentamiento ciudadano más violento. Los
militares hasta el presente apoyan al régimen. La exigencia internacional y de
la mayoría opositora interna es que haya elecciones, libertad para los
centenares de presos políticos y medidas que reviertan la crisis humanitaria y
económica.
Tamaño por defecto Tamaño grande Tamaño
muy grande
Por
primera vez hubo una reacción internacional contundente respecto al régimen
chavista y 17 países de los 21 presentes en el Consejo Permanente de la
Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaron el 3 de abril una
declaración en la que denuncian que en Venezuela “existe un alteración del orden
constitucional”, acordando analizar los hechos desde la perspectiva de la Carta
Democrática de esa organización.
Quedó
así en evidencia la fisura existente entre Maduro y el número dos del chavismo,
Diosdado Cabello, desde que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz,
quien denunció la decisión del presidente Nicolás Maduro de otorgarle al
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las competencias del Poder Legislativo por
entender que se ha roto el hilo constitucional, pertenece al sector de Cabello y
su pronunciamiento habría sido hecho con apoyo de ese sector. Aclaremos que
esta fiscal general Ortega es la misma que no objetó ninguna de las sentencias
del medio centenar emitido desde 2016 por el mismo TSJ contrarias a la Asamblea
Legislativa; o la misma que amañó expedientes judiciales, así también como la
que fabricó testigos en el proceso contra el dirigente Leopoldo López
encarcelado desde febrero de 2014.
También
se produjo el regresó a la calle y la movilización de la ciudadanía con mayor
coordinación de la oposición nucleada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD),
lo que aparejó el consiguiente incremento represivo de la policía bolivariana,
con el saldo de un manifestante muerto, Jairo Ortiz, de 19 años, decenas de
heridos y detenidos el jueves 6; que incluyó agresiones físicas a legisladores
de la oposición protagonizadas por grupos de particulares armados de palos y
piedras que actúan con anuencia policial; y la orden de detención contra el
principal referente de la oposición, Henrique Capriles, gobernador del estado
de Miranda, quien en la tarde del viernes anunció que le fue notificada una
inhabilitación política por 15 años.
Capriles
se reunió el viernes 31 de marzo con el secretario general de la OEA Luis
Almagro reclamando que se aplique ya la Carta Democrática en el caso Venezuela
con el propósito de mantener el tema venezolano en la agenda de esa
organización.
El
Mercosur sesionó de manera urgente el sábado primero de abril para analizar la
situación del país caribeño y sus cancilleres calificaron de “intromisión
sistemática” del TSJ en las competencias legislativas y definieron para
Venezuela “una situación en la que claramente la separación de poderes, esencia
de las instituciones democráticas, no está funcionando”.
La hasta ahora indecisa posición del gobierno
uruguayo -único defensor de Maduro en el Mercosur- se definió en dos etapas.
Una, al apoyar la resolución de los 17 países de la OEA; y otra a partir del
martes 4 con la respuesta de los principales líderes del partido de gobierno
(Frente Amplio). El presidente Tabaré Vázquez dijo que Maduro debía retractarse
de sus “insultos gravísimos” contra el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa; el
ministro de Economía Danilo Astori llamo “desagradecido” a Maduro, subrayó que
“no se puede decir que hay una democracia en Venezuela y hasta el pintoresco
Pepe Mujica aunque matizó sus cuestionamientos, declaró a la prensa uruguaya
que “la democracia está cuestionada en Venezuela y en todas partes. Agregó que
no le gustan los presos políticos, “tampoco me gustan en Venezuela”. Por su
parte, el vicepresidente uruguayo Raúl Sendic (h), también en la línea de
cuestionar con folclore, dijo que a Maduro “se le fue la moto”.
La
presidenta socialista de Chile, Michelle Bachelet, llamó el jueves 30 de marzo
a su embajador en Caracas ante la crisis venezolana y a principios de ese mes
lo había hecho el gobierno de Perú, más el envió de una nota de protesta por
las "inaceptables" declaraciones de la canciller venezolana sobre el
presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Ecuador
y El Salvador, gobiernos tradicionalmente aliados del chavismo, no defendieron
a Maduro y tres de los países beneficiados durante años por el petróleo
barato de Venezuela – Bahamas, Belice y
República Dominicana- - también
retiraron su apoyo, mediante abstención, en la OEA.
Bolivia
y Nicaragua, por el contrario, hicieron causa común con Samuel Moncada, el
ríspido embajador venezolano ante la OEA.
"Vade
retro Satanás, va de retro OEA, vete de aquí OEA, saca tus manos inmundas
llenas de sangre de la Venezuela y la patria bolivariana, repudiamos y
rechazamos el golpe de Estado en la OEA", fue la reacción de Maduro
expresada en cadena de radio y televisión.
La
MUD exige el cese de los miembros del TSJ cabeza del Poder Judicial venezolano,
por entender que es un poder “de bolsillo” de Maduro y sostiene que luego de la
denuncia de la fiscal general Ortega, Maduro ordenó al TSJ que diera marcha
atrás en sus sentencias número 155 y 156, de fechas 28 y 29 de marzo, por las que se había eliminado la inmunidad
parlamentaria de los legisladores y el propio TSJ asumía las funciones
legislativas. Así lo hizo de inmediato el TSJ y el primero de abril emitió las
sentencias 157 y 158 derogando las sentencias anteriores, con lo que ofreció descarnadamente la prueba de
su absoluta dependencia del Poder Ejecutivo.
El
reclamo de la oposición también se asienta en que el TSJ entre sus decisiones
inconstitucionales parcialmente derogadas 24 horas después, dejó en firme que
el Presidente de la República pueda realizar contratos y crear empresas mixtas
de hidrocarburos sin que sean avalados por la Asamblea Legislativa, lo que
contradice a la propia constitución aprobada bajo el chavismo.
¿Qué
puede pasar? Es imprevisible un diagnóstico. La eventual mediación del Vaticano
tiene la pólvora mojada tras el fracaso del diálogo convocado por Bergoglio en
noviembre.
Cabello
arenga desde los medios de comunicación controlados por el chavismo a “pasar a
alerta combatiente”. Un ex alcalde caraqueño especula con que “si llegara el
momento de que cada hombre y cada mujer tomara un kalashnikov para defender a
Venezuela, estaríamos dispuestos”.
Sectores
del oficialismo chavista se sienten incómodos con el presidente y estarían
dispuestos a un diálogo que evite un enfrentamiento ciudadano más violento.
Los
militares hasta el presente apoyan al régimen.
La
exigencia internacional y de la mayoría opositora interna es que haya elecciones,
libertad para los centenares de presos políticos y medidas que reviertan la
crisis humanitaria y económica.
Injerencia.
Sobre la presunta injerencia de la OEA, repetida hasta el cansancio por los
dirigentes chavistas, en especial Maduro, Cabello y su canciller Delcy
Rodríguez, es necesario hacer precisiones al respecto, pues en mucha gente
latinoamericana el concepto de injerencia siempre estuvo asociado a la
intervención estadounidense en el continente sudamericano y el chavismo machaca
sobre ese reflejo condicionado.
Coincidamos
que “el derecho de injerencia” invocado por EEUU en sus intervenciones como la
de Irak en 2003, es rechazable. Otra situación es la reacción democrática de
los países de la OEA ante la violación de los DDHH, o el desconocimiento al
principio de la división de poderes estatales, sea en Venezuela o en donde sea.
Eso no es injerencia. Es exigencia del respeto por la democracia reconocida en
la Carta Democrática de la OEA para permanecer en el organismo. Así de simple.
Ningún país latinoamericano propone invadir a Venezuela, pues no existe allí un
genocidio que lo justifique, ni Venezuela ha agredido militarmente a otro
miembro de la OEA, parafraseando a Todorov. Claro está que la OEA no contribuye
a esclarecer cuando adolece de vista gorda en casos como el de México, con
otras circunstancias, pero también con
efectos terribles para los DDHH.
Hugo Machín Fajardo
hugomachinfajardo@gmail.com
@hmachin
Uruguay
No hay comentarios:
Publicar un comentario