“Miente, miente, miente que algo quedará,
cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá.” Joseph
Goebbels
La
Legislatura bonaerense sancionó una ley que consagra, emulando al Ministro de
Propaganda de Hitler y como dogma, la cifra de 30.000 desaparecidos durante el
proceso militar de 1976/83, y pretende sancionar gravemente a quien la ponga en
duda. Resulta notable por varias razones: ya se sabe que fue inventada por
confesos subversivos, refugiados en Europa, para justificar la pretensión de calificar
como un genocidio a lo ocurrido y obtener ingentes fondos de las ONG’s
revolucionarias de escritorio; e ignora todo lo sucedido, de la mano de la
Triple A, durante el gobierno de Juan e Isabel Perón. Espero que la Gobernadora
María Eugenia Vidal ejerza el veto constitucional y evite la entrada en
vigencia de este adefesio.
Hace
más de diez años escribí una nota, “En ocasión de los treinta años del golpe”,
que puede leerse en mi blog, en la cual senté mi posición filosófica sobre ese
hecho; dije entonces que un solo desaparecido es condenable, y sigo pensándolo,
pero también estoy convencido que, en algún momento, los argentinos deberemos
tener Historia sobre los 70’s, y no mera ficción para sostener un relato tan
irreal como políticamente correcto.
La
culminación de este camino debiera ser la verdad y, en este caso, es fácil
encontrarla. Según la CONADEP, los desaparecidos no pasan de 6.800, y el Parque
de la Memoria, en la costanera norte de la ciudad de Buenos Aires, nunca pudo
superar ocho mil nombres, aún cuando el kirchnerismo, en un burdo
procedimiento, haya incluido a quienes murieron con anterioridad al golpe
militar, a quienes fueron asesinados por sus propias organizaciones, a quienes
se suicidaron con cianuro y a quienes cayeron combatiendo mientras intentaban
tomar cuarteles y regimientos.
Los
restantes 22.000 tienen rasgos comunes: nadie los reclama, nadie los conoce,
nadie tiene sus documentos de identidad, a nadie le faltan. Entonces, propongo
algo bien sencillo: que los legisladores bonaerenses, los periodistas
militantes, los organismos de pseudo derechos humanos, etc., se presenten ante
un nuevo registro e identifiquen, con nombre y apellido, a cada uno de los
desaparecidos que reclaman como un conjunto. Es claro que, si eso ocurriera, se
terminaría también con el enorme negocio montado, mediante indemnizaciones
nunca explicadas, alrededor del tema; a muchos debe molestarle esa posibilidad.
Y
no hay nada imposible en mi propuesta. Basta con constatar que el Centro de Estudios
Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV), que enumeró a más de 17000
civiles que fueron asesinados, heridos, secuestrados o damnificados por el
accionar subversivo, puede responder con la identidad concreta de cada uno de
ellos, mientras reclama su reconocimiento por el Estado.
En
otro orden de cosas, esta semana nos acosaron noticias policiales
protagonizadas por criminales que gozaban de salidas transitorias o habían sido
puestos en libertad por jueces que desoyeron las recomendaciones de los
servicios penitenciarios. De los más sonados casos, uno fue el enésimo
femicidio, con violación incluida, y el otro, el asesinato por la espalda de un
oficial de policía. La gravedad de la situación de inseguridad ciudadana es tal
que la ha puesto al tope de las preocupaciones de la sociedad, superando a la
economía y hasta la enorme corrupción que comandaron Néstor, Cristina, Máximo y
Florencia.
Más
allá de la caprichosa interpretación de las leyes que realizan muchos jueces de
la escuela zaffaroniana, tan comprensiva de los delincuentes como indiferente a
los derechos de las víctimas, hubo algunos datos curiosos. En el país faltan
cárceles en algunas jurisdicciones mientras sobran en otros; pero, cuando se
pretende trasladar presos a ellas, los magistrados privilegian la cercanía de
los reos con su familia. La consecuencia es que, cuando se fugan, sea
escapándose de la prisión o de la comisaría, sea “olvidándose” de volver
después de una salida autorizada, los delincuentes encuentran un entorno que
los protege y en el cual desaparecen, a veces para siempre, y pueden volver a
cometer crímenes.
En
los países civilizados, Chile incluido, la solución al problema se ha
encontrado en la colaboración público-privada; es necesario decir que aquí
también se intentó en el pasado, pero la falta de seguridad jurídica también
influyó negativamente en esta actividad, y los inversores se retiraron. Ahora,
con el gobierno de Cambiemos, cuando vamos paulatinamente regresando al mundo,
la probabilidad de encontrar empresas que estén dispuestas a venir y ocupar ese
rol se ha incrementado mucho.
El
camino no puede ser más simple. El inversor construye la cárcel y administra su
“hotelería” (alimentación, alojamiento, salud, talleres metalúrgicos y de
carpintería, etc.) y el Estado se ocupa de la vigilancia del establecimiento, y
controla el desempeño de su socio privado. La innovación debe darse en la
ubicación del establecimiento, para evitar las fugas de los más peligrosos
delincuentes; y tenemos el lugar ideal para hacerlo: el centro de la Patagonia,
lejos de todo, donde nadie puede pensar en evadirse y, si alguien lo hiciera,
resultaría extremadamente fácil recapturarlo.
A
esa prisión, de máxima seguridad, se trasladaría a los reincidentes, a los
violadores, a los femicidas, a los asesinos, a los terroristas, etc., de todo
el país; y claro que no habría para ellos salidas transitorias, aunque sí
actividades laborales obligatorias y rentadas, para permitir la reinserción
social de quienes hubieran cumplido la condena. Es claro que las quejas
surgirán de inmediato desde la escuela “abolicionista”, pero el principal deber
que tenemos para con nosotros mismos es privilegiar, como digo, a las víctimas
y no a los delincuentes.
Una
breve reflexión para demostrar que aquí no todos somos iguales ante la ley.
Mientras se conceden salidas o liberaciones y hasta internaciones en clínicas
de lujo a asesinos reincidentes y a corruptos de máxima laya, mientras se deja
en libertad a procesados por delitos no excarcelables, la arbitraria y
militante Justicia mantiene en la cárcel, en condiciones miserables y privados
de tratamientos médicos adecuados, a dos mil ancianos, muchos de ellos en
prisión preventiva que excede en décadas el máximo legal. Ya han muerto más de
cuatrocientos en la cárcel (cincuenta desde que Macri llegó a la Casa Rosada, a
los cuales se sumó el jueves el Cnel. Delmé, de 80 años) pero la sociedad
entera prefiere ignorar estas atrocidades, para intentar que se olvide su
pecado de haber apoyado, sin cortapisas, el golpe militar de 1976 para terminar
con el caos terminal en que habían sumido al país la gestión de Isabel
Perón/López Rega y los “jóvenes idealistas” de ERP y Montoneros.
Le
deseo una feliz Pascua de Resurrección, si es usted católico; y feliz Pésaj, si
es usted judío. Hasta la próxima semana.
Enrique Guillermo Avogadro
ega1avogadro@gmail.com
@egavogadro
Argentina
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