martes, 18 de abril de 2017

VÍCTOR RODRIGUEZ CEDEÑO, UN RECORDATORIO OPORTUNO

RESPONSABLES

Los venezolanos ejercerán mañana, en todo el país, su derecho a protestar, a expresarse, a condenar pacíficamente los atropellos y las arbitrariedades de un régimen inescrupuloso; pero sobre todo su derecho de rechazar el autogolpe de Estado dado por el tribunal supremo de justicia, en actos políticos abominables que han sido condenados por toda la comunidad internacional.

Insistirá nuevamente el régimen, a través de las fuerzas públicas y de los grupos paramilitares, es decir, de los colectivos armados, financiados, organizados y dirigidos por ellos mismos, en callar las voces de protestas, recurriendo  a la violencia lamentablemente ya adelantada por los jerarcas del régimen, al anunciar una marcha oficialista para “mostrar su fuerza”, declaraciones que debe leerse no en forma aislada, sino en el marco de una política sistemática de amedrentamiento y terror ejercida desde siempre, por el grupo en el poder.

Es por ello oportuno a estas alturas recordarle a quienes dirigen las acciones violentas desde las posiciones de mando del Estado, sean civiles o militares, institucionales o no, la responsabilidad penal individual internacional en la que pueden incurrir por su participación directa o indirecta en la comisión de los crímenes que puedan cometerse en esta oportunidad.

La legislación venezolana, pese a la obligación que tiene el Estado por haber ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional, en 2000, no contempla los crímenes internacionales que son el objeto de la competencia material de dicha Corte, entre ellos  el de lesa humanidad. Por tanto, la Corte, en virtud del principio de la complementariedad, puede conocer tales hechos y determinar la responsabilidad penal individual internacional de quienes de alguna manera estén involucrados en la comisión de los mismos.

En relación con ello nos preguntamos y seguramente ellos también, quienes son los responsables de estos crímenes, contra quien o quienes la Corte puede ejercer su jurisdicción por tales conductas.

Es bueno que a quienes compete guardar el “orden” en el país sepan que no sólo es responsable de tales crímenes quien lo comete directamente, sino también quien lo “comete” en grado de complicidad o cooperación, conceptos que abarcan la orden, la inducción, la instigación, la incitación, entre otros. Deben saber también que no solamente se refiere esta responsabilidad, de acuerdo con el Estatuto de Roma, a los representantes del Estado, es decir, de las fuerzas armadas o policiales; sino también a los particulares, entiéndase, miembros de los grupos colectivos no directa ni formalmente vinculados al Estado que participen como autores, cómplices o instigadores.

Son responsables entonces quienes cometen el crimen, es decir, tales agentes. Pero también y es bueno que muchos se vean en ese espejo, quienes lo hayan ordenado, es decir, los funcionarios civiles y militares que hayan dado la instrucción; también quienes estando en posición de mando, civil o militar, no lo hayan impedido. Igualmente, quienes hayan ayudado, apoyado o colaborado deliberadamente en su realización y quienes hayan participado en el plan o confabulación para cometer los crímenes.

Son de la misma manera responsables quienes incitan o instigan directa y públicamente para que se realicen tales actos, un ejemplo, entre otros, los animadores de programas transmitidos principalmente por los canales del Estado que promueven el odio y la violencia.

En el Estatuto de Roma en concreto se precisa que la responsabilidad penal se establecerá sobre quien cometa el crimen en nombre de otro; quien ordene, proponga, induzca la comisión del crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa; quien sea cómplice, encubridor o colaborador o quien simplemente contribuya de cualquier manera con la comisión del crimen (Art. 25-3 a-d).

También son responsables según el Estatuto de Roma los superiores que habrían podido impedir la comisión de uno de esos crímenes siempre que como es evidente en nuestro caso ese superior hubiera sabido o tenido motivos para saber que los subordinados se disponían a cometer uno de dichos actos.

De manera que serían responsables de todos los actos que puedan constituir un crimen internacional, por el atropello y la violencia para callar a quienes legitima y pacíficamente protestarán el miércoles 19 de abril a lo largo y ancho del país, no solamente el soldado o el policía que ejecuta la orden, sino quienes lo ordenen: El Presidente de la Republica, el vicepresidente, los Ministros, los responsables militares y policiales que participan en las acciones; y, además, quienes por estar en posición de poder no lo impidan, sean civiles o militares, cuando hubieren podido hacerlo. Serán cómplices, además, quienes estando en posición de poder y puedan impedirlo, apoyen por sus declaraciones u omisiones la comisión del crimen.


Es de esperarse que no se den las ordenes de asalto, que tampoco se ejecuten y que quienes pueden impedirlo si ello ocurriere, actúen oportunamente para salvaguardar la vida y la integridad física de miles de venezolanos que ejercen su derecho a protestar pacíficamente.

Victor Rodriguez Cedeño
vitoco98@hotmail.com
@vitoco98
internacionalista
Caracas - Venezuela

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