Las
universidades nacionales autónomas se han convertido en objeto de confrontación
directa por parte del gobierno nacional. Primero fue la imposición de un nuevo
sistema de asignación de cupos universitarios. En abierta contradicción con el
artículo 20 numeral 6 de la Ley de Universidades y con las decisiones tomadas
previamente por el CNU, se estableció que los cupos para las universidades
públicas serían asignados en su totalidad y directamente por la Oficina de
Planificación del Sector Universitario.
Esta
decisión se acompaña con un presupuesto para el año 2016 que las universidades
a través de sus rectores cuestionaron abiertamente en diversas instancias por
deficitario e incapaz de responder a las múltiples necesidades de
funcionamiento de las instituciones que representan.
Al
mismo tiempo los docentes de estas universidades, representados en sus
organizaciones gremiales y en la Federación de Asociaciones de Profesores
Universitarios Venezolana sostienen que sus reclamos salariales no fueron
atendidos en la llamada Convención Colectiva II de los trabajadores
universitarios y deciden para el mes de septiembre hacer un llamado a la no
reincorporación a las actividades académicas, el cual ha sido acatado hasta
ahora en 10 universidades.
En
el mes de noviembre se han producido varios hechos de violencia en diversas
universidades. El más dramático fue el ocurrido en el recinto de la Universidad
del Zulia, especialmente en la Facultad de Humanidades y Educación, dejando
lamentablemente como saldo un joven herido por arma de fuego y otro fallecido.
La Asociación Venezolana de Rectores (Averu) condenó estos hechos, señalando
que los mismos tienen presuntamente como origen el conflicto generado ante el
llamado a elecciones estudiantiles por parte del gobierno nacional, con la
intención de crear una organización que pretende establecer una federación de
centros universitarios impuesta y paralela a las organizaciones estudiantes
existentes.
El
3 de noviembre pasado la Asamblea Nacional decidió emitir un acuerdo, en el que
después de un conjunto de considerandos, sugiere al ejecutivo nacional acudir
ante el Tribunal Supremo de Justicia para demandar a los cuentadantes de las
universidades, por perjuicio al Estado venezolano. Al mismo tiempo se propone
la intervención del Ministerio del Trabajo ante lo que se considera un paro
ilegal y se plantea la realización de una auditoría para el análisis de la
erogación de recursos económicos para aquellos funcionarios que no han
trabajado.
El
acuerdo de la Asamblea Nacional, descalifica el paro de los profesores,
desconoce la problemática presupuestaria y judicializa el conflicto,
pretendiendo resolver la crisis por la fuerza a través de medidas
administrativas y judiciales contra las autoridades de las universidades
cuestionadas y sus dirigentes gremiales.
El
acuerdo de la Asamblea Nacional es un acuerdo político. Al final del primer
considerando del acuerdo se lee: "es posible que esta sea una política de
la oposición venezolana para que los padres de los jóvenes se vean obligados a
retirar a sus hijos de estas universidades y llevárselos al exterior, o a las
instituciones privadas para que éstas se enriquezcan aún más".
Es
terrible que esta sea la percepción de fondo ante el grave problema que padecen
las universidades nacionales autónomas. Es también muy triste e injusto que la
percepción de la universidad de gestión privada sea la de una casa de negocios
que puede sacar provecho de esta dramática situación. Obviamente el acuerdo en
su conjunto busca justificar nuevamente una intervención del subsistema
universitario autónomo.
Padre Francisco
Jose Virtuoso
fjvirtuoso@ucab.edu.ve
Caracas
– Venezuela
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