Debo empezar
destacando una estrategia de poder del socialismo en Latinoamérica, de carácter
común, tanto en Cuba como en Venezuela, y que asume su carácter de “practica” o
excusa que le permite a esos regímenes, bajo la pretensión de un Estado de
Excepción, declarado o no, que el gobierno practique una serie de delitos de
lesa humanidad contra la población, amparado en un supuesto peligro para la paz
de la nación o intentos de “golpe de estado”, en desarrollo o continuado,
entendiendo esta modalidad de golpe de estado sin la participación de las
fuerzas armadas del país.
Creando la ilusión de
que se tratan de unas medidas que preservan su existencia, el gobierno que
activa ese novedoso recurso se cree en el derecho y con la libertad de
practicar cualquier procedimiento a su alcance para evitar la supuesta pérdida
de poder; debido a la urgencia con la que debe actuar, se cree excusado de
acatar los principios básicos de protección a los derechos humanos y de
salvaguardar las garantías que protegen a los ciudadanos.
Esta práctica ha sido
obvia, por lo seguido que se ha utilizado, en los gobiernos socialistas
totalitarios de Cuba y Venezuela; a la menor manifestación de protesta o de
malestar social público, sean estas las Damas de Blanco en la Habana o los
estudiantes universitarios venezolanos en San Cristóbal, las fuerzas de
seguridad del estado arremeten, inmediatamente y con desmedida fuerza, contra
estos focos de protesta pública, violando flagrantemente los derechos de los
manifestantes.
Uno de los delitos de
lesa humanidad más comunes, en el caso del gobierno socialista bolivariano de
Venezuela, ha sido el de las desapariciones forzadas; los funcionarios de
seguridad del estado secuestran a las personas en la calle y las desaparecen
por un tiempo determinado, fuera de toda jurisdicción legal y asistencia
humanitaria, incomunican al rehén y lo someten a interrogatorios, tortura,
vejámenes, o simple aislamiento, para luego soltarlos bajo amenaza de muerte.
Como se puede
apreciar, esta práctica está totalmente al margen del ordenamiento legal, no
hay la intervención de la fiscalía, ni de tribunales, los funcionarios no
cumplen con los extremos legales para la detención de los ciudadanos, actúan
como secuestradores comunes amparados en su autoridad, no hay ley sino la de la
fuerza bruta, no hay otra instancia sino la de la voluntad de los esbirros que
golpean, insultan y amenazan al abducido.
Y cuando el ciudadano
acude a los órganos institucionales para hacer su denuncia, ésta queda en simple
declaración, ya que no existen pruebas y las autoridades no hacen el menor
esfuerzo para iniciar una investigación; esa desaparición queda sin castigo.
En la reforma que se
le hizo al Código Penal Venezolano el 20 de Octubre del 2000, en el artículo 181-A,
dice: “La autoridad pública, sea civil o militar, o cualquier persona al
servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona, y se
niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la
situación de la persona desaparecida, impidiendo el ejercicio de sus derechos y
garantías constitucionales y legales, será castigado con pena de quince a
veinticinco años... El delito
establecido en este artículo se considerará continuado mientras no se
establezca el destino o ubicación de la víctima. Ninguna orden o instrucción de
una autoridad pública, sea civil, militar o de otra índole, ni estado de
emergencia, de excepción o de restricción de garantías, podrá ser invocada para
justificar la desaparición forzada. La acción penal derivada de este delito y
su pena serán imprescriptibles, y los responsables de su comisión no podrán
gozar de beneficio alguno, incluidos el indulto y la amnistía…”
Todos sabemos que si
algo sale mal durante esta desaparición forzada, si por mala suerte, la victima
muriese, bien sea por un accidente o por los malos tratos, la desaparición se
convierte en permanente, el cuerpo de la víctima simplemente se esfuma, o lo
dejan tirado en el puesto de emergencia de algún hospital.
Es un delito terrible
pero muy utilizado dentro de los cuerpos de seguridad de estado de este
gobierno del Presidente Maduro, quien sabe de estas prácticas y las apoya con
su silencio; es practicado con deleite por el llamado “Carnicero de Valencia”, quien se ha distinguido por propiciar y apoyar tales
procedimientos inhumanos, e incluso, los anunció públicamente en la amenaza
contra los estudiantes que protestan en la entidad bajo su cargo.
Venezuela ratificó el
llamado Estatuto de Roma el 7 de junio del año 2000 que corresponden al
reconocimiento de los crímenes de derecho penal internacional, y aunque mucho
de esos delitos no están aun tipificados en nuestra legislación, abre los caminos
para poder determinar responsabilidades internacionales a quienes cometan actos
contra la humanidad en ataques generalizados o sistemáticos en contra de la
población civil.
Ese organismo el SEBIN (Servicio Bolivariano de
Inteligencia), y que más temprano que tarde tendrá que ser investigado a
profundidad y los responsables de las desapariciones castigados, ha vuelto a
secuestrar a dos ciudadanos, al estudiante y dirigente estudiantil Saúl Utrera
y a su abuela, la señora Alexis Helena Cabello, los han retenido incomunicados
por 96 horas en sus instalaciones y finalmente puestos en libertad sin ningún
cargo en su contra.
Este organismos de
inteligencia es el mismo que custodia los aeropuertos del país y que se ha dado
a la tarea de detener a ciudadanos venezolanos en tránsito por las
instalaciones y los desaparece, en una nueva modalidad de secuestro “express”
como método para inducir terror entre los opositores del régimen, les retiene
su documentación, le revisan el equipaje y les hace perder tiempo, muchas veces
sus vuelos, ante la angustia de familiares y allegados a quienes les imposible
contactarlos por varias horas.
¿Por qué la
Defensoría del Pueblo no actúa ante estas prácticas fascistas sabiendo que son
noticia criminis? ¿Por qué la Fiscalía no investiga estos abusos de poder?
Es absolutamente
inaceptable que un gobierno, que se dice humanitario, lleno de amor, se dedique
a solventar la paz social a fuerza de violaciones masivas de derechos humanos,
sobre todo incomunicando a las víctimas, a sus familiares, a quienes podrían
prestarles asistencia médica o jurídica, a la opinión pública, al país todo en
un infame bloqueo comunicacional, para que no se conozcan sus desafueros.
Esta lección que el
país nacional está recibiendo en carne viva, sobre la salvaje naturaleza del
socialismo radical, no debe ser olvidada. Maduro y sus cohortes de torturadores
y violadores de derechos humanos tienen que responder a la justicia nacional e
internacional; sus colaboradores y simpatizantes tienen que responsabilizarse y
aceptar el repudio de la sociedad venezolana porque una situación parecida no
puede permitirse jamás.
El silencio cómplice
de países amigos, vecinos que presencian estos episodios de horror y no
levantan sus voces de protesta por conveniencia e intereses, son cada vez
menos, la naturaleza horripilante de estos hechos son inaceptables aún para
quienes se benefician de las prebendas del gobierno bolivariano, que ven la
dignidad humana pisoteada en nuestro continente.
Muchos de los
mandatarios de estas naciones, pasaron por esta ordalía escenificada por
gobiernos fascistas y se recuperan todavía con mucho esfuerzo del daño causado,
ellos mejor que nadie deberían levantar sus voces de protesta.
Los venezolanos estamos
aprendiendo, por la hosca vía de la realidad real, que la solidaridad
latinoamericana se reduce a expresiones retóricas, a sentimientos edulcorados
con canciones sobre desparecidos, pero que al momento de la defensa de la
libertad y los derechos del hombre, voltean la vista a un lado y callan,
mantenerse indiferentes, paga más que denunciar porque quieren estar bien con
los “camaradas” socialistas, así éstos torturen y desaparezcan, igual o peor
que los odiosos regímenes de derecha, que se parecen mucho a éste, que ahora
subyuga a Venezuela.
Saul Godoy Gomez
saulgodoy@gmail.com
@godoy_saul
Miranda - Venezuela
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