Que el Cendas nos
diga que, para cubrir la canasta básica de octubre, una familia de cinco
miembros tuvo que desembolsar Bs. 110.116,47, escandaliza. Se necesitan 14,8
salarios mínimos para cubrirla. Son muchos los recortes que hay que hacer en un
hogar para llegar a final de mes. Pero, permita Dios que esa familia no esté en
la nómina del Estado, porque además de los gastos fijos que deben cubrir, su
empleador los obligará –corrijo, los “exhortará”- a realizar “aportes
voluntarios” para la causa, que en estos días se traduce como “campaña
electoral”. Un aporte monetario para que el PSUV, logre su “victoria perfecta”
y estas sabandijas que nos desgobiernan sigan perpetuándose en el poder.
Por estos días, días
previos a las elecciones, el memorándum de los “chivos” máximos de los
organismos públicos -invitando a hacer una “contribución” a la campaña del
PSUV- no se ha hecho esperar. El depósito de la “donación” en los bancos del
Estado es de obligatorio cumplimiento para los funcionarios del gobierno que ocupan
altos cargos. En condiciones normales, estas órdenes jamás serían acatadas con
beneplácito. Y menos aún con el costo de la vida que nos recuerda mes a mes el
Cendas. Para nadie, por más adicto que sea de la revolución y de los
pensamientos de Chávez, debe ser fácil desprenderse de un dinerito que
seguramente tenía destinado para otro fin más mundano y menos ideológico. Me
gusta pensar que alguno de esos empleados públicos, mínimo, se le escapa una
mentada de madre cuando recibe una orden de esta naturaleza. Porque eso es lo
que es: una orden de obligatorio cumplimiento, de la que no pueden escapar
porque los tienen vigilados. Y para comprobar que hicieron el aporte, tienen
que enviar la copia del voucher escaneada. Quisiera creer que por más alineados
que estén con la doctrina del desgobierno, a estos funcionarios les molesta la
imposición de hacer un cheque para la
revolución.
Pero, el asunto es
que esta obligación no es sólo para los altos cargos gerenciales dentro de la
nómina del Estado. Los otros empleados, los que tal vez ganen solo un poco más
del salario mínimo, los que tal vez no están enchufados, ni cobrando comisiones
sino recibiendo su “quince y último”, también son “víctimas” de este abuso de
poder. Así nos lo dejaron saber algunos de ellos –cuyos nombres pidieron no ser
revelados. Les obligan a realizar aportes, los obligan a marchar, los obligan a
arrastrar a diez personas más a los “Puntos Rojos” donde se realizan los
simulacros de las parlamentarias. Los hacen asistir a las concentraciones de
Maduro. Los montan en un autobús y los llevan como ganado a aplaudir las
bobadas del mandatario. Los hacen vestirse de rojo. Les ponen en las oficinas
el canal 8 y en el “hilo musical”, las arengas del difunto. A eso, ¿cómo lo
llamamos? Para mí, es la versión moderna de la esclavitud; esclavos rojos a
quienes no les queda otra opción que buscar trabajo con el mayor empleador de
este país. Y puedo entender que muchas de estas personas lo hagan por la
necesidad de mantener a las familias, pagar las deudas, alimentarse y
subsistir. Sin embargo, lamento enormemente que nuestra fuerza trabajadora,
nuestros profesionales, técnicos y obreros hayan caído en esta especie de
opresión moderna. Es válida la excusa de la necesidad de mantener a las
familias; pero, ¿por qué permitir vejaciones y acatar mandatos que son propios
de una dictadura de partido? Necesitamos una rebelión de empleados públicos.
Que se levanten y sean capaces de decir: “no me calo más esta vaina”. Empleados
públicos que se alcen y le pongan freno
a los abusos y a las coerciones de libertad de pensamiento y acción. Ya basta
de que, como el Estado es el partido de gobierno, los empleados públicos -que
son pagados por nosotros- tengan
forzosamente que militar y ser fiel a la línea partidista. Incluso tendrían que
ser lo suficientemente valientes como para impedir que les exijan este 6D
tomarle una foto a la papeleta que emita la máquina de votación como prueba de
que eligieron – así no les guste- a los candidatos del PSUV. Una flagrante
violación a la Constitución y al secreto del voto.
Además, como para
azuzarles las molestias, muchos de estos funcionarios públicos cuentan que, en
los últimos meses, han visto como a sus oficinas están llegando a “trabajar”
una gran cantidad de personas contratadas, que solo están sentadas en los
escritorios o deambulando por los pasillos; entorpeciendo las labores de los
que sí tienen trabajo que hacer. Tercerizados que lo único que hacen es mirar
para el techo y “cumplir” con el horario. Nadie sabe qué hacen, ni para qué
fueron contratados; solo saben que cada vez incorporan más personas que no se
necesitan. Algunos se aventuran a decir que “tal vez son patriotas cooperantes,
vigilando para sapear a quienes se quejen del gobierno”.
Aun cuando la
esclavitud en Venezuela se abolió hace muchos años, la nómina del Estado es tan
inmensa que, para pertenecer a ella, los obligan a venderle el alma a Maduro,
como en su momento se la vendieron a Chávez. Los empleados públicos son unos
sometidos a los mandatos del régimen. Tiene que haber alguien capaz de
rebelarse contra esa dictadura del pensamiento. El rojo rojito de las
dependencias del gobierno es la mejor representación del infierno de quienes se
ven en la necesidad de trabajar para el Estado, vestirse con la camisa roja que
los obliga a vestir el Estado, leer los periódicos que le indica el régimen,
marchar alabando y gritando consignas a favor del desgobierno. Aprenderse de
memoria el Plan de Patria que, como nuevo contrato de la vida laboral del
empleado público, obedece a las líneas del partido de gobierno. El Estado
termina siendo el Gran Polo Patriótico y, como al mismo tiempo es el mayor
empleador, tiene las herramientas para mantener sumisos -como presos de
conciencia y esclavos de su ideología- a nuestros empleados.
José Domingo Blanco
(Mingo)
mingo.blanco@gmail.com
@mingo_1
Caracas - Venezuela
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