El acuerdo para la
reparación de las víctimas del conflicto colombiano cerrado por el Gobierno de
Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC es un compendio de “ambigüedades,
omisiones y lagunas” que lo convierten, “en el mejor de los casos, en promesas
vacías”. Y, en el peor de ellos, si no se hacen las debidas correcciones, en
una potencial “piñata de impunidad” que beneficiará tanto a guerrilleros como a
agentes del Estado implicados en crímenes de guerra o de lesa humanidad durante
el largo conflicto sudamericano. La evaluación del pacto anunciado este mes en
La Habana entre Gobierno y las FARC que ha realizado Human Rights Watch (HRW)
no ahorra críticas.
"No creemos que
se pueda pretender fundar una reconciliación o un proceso de paz sobre la base
de la injusticia. Y lo que este acuerdo esconde es eso, injusticia”, advirtió
el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en rueda de prensa
este martes en Washington.
La ONG de derechos
humanos encargó a una decena de abogados de diversos países y especializaciones
el análisis de las 63 páginas del acuerdo sobre el crucial punto 5 de las
negociaciones de paz anunciado el 15 de diciembre en La Habana. Su conclusión:
“Se trata de un acuerdo de impunidad, es un pacto entre gobierno y FARC que
termina sacrificando el derecho a la justicia de las miles de víctimas del
conflicto armado colombiano”, subrayó Vivanco.
A HRW le preocupa
desde la forma en que se pretende conformar el tribunal especial que atenderá
los casos, cuya independencia pone en duda, a las alternativas propuestas a las
penas de cárcel y la posibilidad de que los procesados puedan ejercer cargos
políticos incluso cuando estén cumpliendo sentencia. “Ninguna persona que
cumpla una pena tras haber sido condenada por un crimen de guerra, de lesa
humanidad o una grave violación de derechos humanos debería poder postularse
para un cargo público ni desempeñarlo mientras esté cumpliendo esa pena”,
subrayó la ONG, que también cuestionó las condiciones previstas para el
cumplimiento de dichas penas.
“Ningún tribunal
internacional ha permitido que aquellos que han sido condenados por crímenes de
guerra puedan evitar la prisión por crímenes tan graves”, recordó Vivanco. Sin
embargo, agregó, este acuerdo “va incluso más allá y garantiza que no
enfrentarán un castigo ni remotamente serio”, lamentó y pidió explicaciones a
las partes: ¿significa este acuerdo que cualquier condenado que proponga un
proyecto “restaurativo y reparador” se librará de la privación de libertad y
que si este proyecto dura menos de los cinco años de cárcel mínimos previstos
se considerará saldada la deuda con la justicia? ¿Por qué no se especifican
sanciones para quienes no cumplan ni siquiera estos compromisos?
Según Vivanco,
Colombia aún está “a tiempo de corregir” algunas de las graves lagunas y
ambigüedades que HRW dice ver en el acuerdo. Si no lo hace, alertó, “vamos
directamente frente a una colisión ante órganos internacionales de protección
de derechos humanos”.
Enviado a nuestros
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Harold Alvarado
Tenorio
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