“El hombre de honor no tiene más patria que aquella en la que se protegen los derechos de los ciudadanos, y se respeta el carácter sagrado de la humanidad: la nuestra es la madre de todos los hombres libres y justos, sin distinción de origen y condición” Simón Bolívar
Los recientes acontecimientos que vienen ocurriendo
en el país, lo presentan como un estado agónico con una metástasis terminal que
hace temer lo peor, por negligencia de un régimen divorciado de la realidad y
carente del más elemental sentido de responsabilidad, pues durante 17 años se
olvidó de las necesidades básicas de sus gobernados, cuya prioridad es la
alimentación, la salud, y la seguridad,
que hoy por hoy mantiene en zozobra y angustia a miles de familias venezolanas, a lo largo y
ancho de todo el territorio nacional en el que además hombres, mujeres,
ancianos y niños, padecen enfermedades de necesaria y urgente atención y
tratamiento.
El cuerpo social del país está en estado de coma,
dada la poca importancia que muestra
sobre tan delicado tema el inquilino de Miraflores, quien tras conocer la
aprobación en primera discusión en la Asamblea Nacional de la Ley de Cesta ticket
y medicina, refiere sin inmutarse y pocos escrúpulos“ ¿De dónde vamos a sacar
la plata para pagar el bono a los pensionados? Que lo pague Lorenzo Mendoza”.
Su desvarío probablemente no le permite recordar, que en una de las tantas
transmisiones que suele ser casi a diario en cadena por televisión, mencionó
con énfasis que pese a la caída del precio del petróleo, las personas de la
tercera edad, los viejitos como suele llamarlos con discreta ironía, recibirán
“pase lo que pase su merecida pensión todos los meses, aun cuando haya que
hacer innegables sacrificios”. Es el doble discurso y a su conveniencia, para
ganar aplausos de sus conmilitones a los que con frecuencia les obliga a
levantar sus manos, tras impertinentes preguntas.
Es grave la situación que viven cientos de
venezolanos en hospitales y clínicas privadas de todos los estados del país,
por la falta de insumos y medicamentos, y Maduro ignora el llamado que le hace
al gobierno el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela
(Fefarven), quien desesperadamente subraya que la mínima dotación de
medicamentos en el país es sumamente grave y que el problema aquí con la salud
es que se paga con vidas, por lo que “aquí no hay mañana, no podemos esperar
más, no aguantamos reuniones en las que no se llega a ningún lado”. Lo cierto es que Venezuela vive en una
situación de emergencia por el desabastecimiento de un 80% de medicamentos de
todo tipo. La propia Contraloría de la República señaló las irregularidades en
la compra de medicamentos vencidos en su mayoría provenientes de Cuba, tal como
lo comprobó personalmente en el Sefar, el diputado y médico José Manuel
Olivares, quien presentó amplio informe a la Comisión de Salud de la Asamblea
Nacional.
Al rosario de situaciones que toca este tema, se
agrega la falta de inmunoglobulina y albúmina que ha cobrado hasta la presente
fecha la vida de 21 personas en todo el país en las últimas 6 semanas, víctimas
de la enfermedad denominada Guillain-Barré, síndrome que paraliza los músculos
del cuerpo hasta causar problemas respiratorios, ante la ausencia de los
hemoderivados que se utilizan para
tratarla.
Maduro culpa a la oposición de todos los males que
padece el país, y sus camaradas tanto los del tren ejecutivo como del PSUV,
persisten tercamente en seguir insistiendo que “la guerra económica” nombre con
el que bautizó la debacle de su gestión, es propiciada por empresarios, medios
de comunicación, burguesía capitalista, imperio de los Estados Unidos y
enemigos de la revolución, todos en manifiesta y abierta conspiración para
derrocarlo. Mensaje que el pueblo venezolano ignora, pues conoce las
recurrentes mentiras y contradicciones que a lo largo de su mandato ha
manifestado, llegando incluso a referir que posee pruebas que jamás ha
presentado.
La metástasis que está acabando con el cuerpo
social de la nación, además de lo anteriormente indicado, va más allá de lo que
pueda imaginar el ciudadano común, ocupado más de procurar la solución de sus
problemas y de la familia, por lo que no está al tanto por ejemplo, de la
violación de los derechos humanos que el régimen niega una y otra vez, pese a
las numerosas denuncias formuladas ante organismos internacionales. No se
explica que el régimen haya apoyado a
algunos de los peores violadores de los derechos humanos. Chávez fue tenaz
defensor de Bashar al-Asad de Siria, Muamar al Gadafi de Libia y Mahmoud
Ahmadinejad de Irán, a quienes distinguió con la “Orden del Libertador”. En el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela ha votado reiteradamente en
contra de iniciativas que buscan condenar atrocidades, incluidas resoluciones
específicas sobre Corea del Norte, Siria y Sir Lanka, por mencionar solo
algunos.
La inacción del régimen que sigue condenando a la
población a hacer largas colas y la escasez de alimentos, obligó a la Asamblea
Nacional la pasada semana a declarar la Emergencia Alimentaria, mediante la ley de Producción Nacional como mecanismo
que contribuya a rescatar el aparato productivo interno, ante la caída de la
producción de un 10% en los últimos cuatro meses. Ello dio pie a la bancada del
oficialismo en la Asamblea Nacional, para acusar a la oposición de “engañar al
pueblo con una medida populista y demagógica pues las colas persisten en los
supermercados”, como si fuese responsabilidad del poder legislativo la solución
de uno de los más graves problemas que afecta a las familias venezolanas.
Son tantas las dificultades que agobian al país,
que ocuparía mucho espacio en este artículo mencionarlos uno a uno, por lo que
solo nos referimos a los más álgidos, como el racionamiento eléctrico impuesto
por Corpoelec desde el pasado 10 del presente mes, que comenzó a aplicarse en los centros
comerciales de la capital de la República y de todo el país, por lo que redujeron
su actividad comercial con horarios que solo les permite trabajar durante
cuatro horas, de 3.00 a 7.00 pm. La medida impuesta por el gobierno ha generado
preocupación en el conglomerado de comerciantes por cuanto aducen que tener
generadores de energía es un asunto que está ligado a la obtención de divisas y
al control cambiario, al mismo tiempo que la presidenta de Consecomercio, Cipriana Castro, afirmó que la medida de
racionamiento eléctrico en los centros comerciales debe estar acompañada de
discusiones sobre una disminución en los salarios y exoneración de impuestos,
amén de que algunos comercios se han visto en la necesidad de reducir su
personal. En tanto que la coordinadora general de la Unión Nacional de
Trabajadores (Unete), Marcela Máspero, informó que alrededor de 50 mil trabajadores
de todo el país se verán afectados por las medidas de racionamiento eléctrico.
Una espiral que aumentará más la cifra del desempleo.
Como si fuera poco, el gobierno prevé reducir a
medio turno la jornada laboral de las instituciones públicas, lo que hace
presumir que además de la medida, la prestación de los servicios en éstas se
vendrán más aún a menos, ya que la ausencia de funcionarios con permisos
laborales y autorización para asistir a eventos políticos del oficialismo, a
los que usualmente los conminan asistir obligatoriamente será evidente. Ya en
el parlamento, se investiga la nómina de reposeros y de quienes cobran sin
trabajar en una abultada nómina que abarca a más de 4.000 trabajadores.
Estamos llegando al grado de pobreza extrema, dado
el poder adquisitivo del salario. A eso se suma la crisis de salud, transporte
e inseguridad, elementos volátiles que pueden convertirse en detonantes en
cualquier momento, y generar una explosión social de impredecibles
consecuencias, que ya se atisba cuando en varios lugares del país se están
produciendo intentos de saqueo a
supermercados, comercios y vehículos de carga con alimentos.
El descontento crece día a día y la situación llega
a extremos inauditos, que colma la desesperación y angustia de un pueblo ávido
de soluciones perentorias y no de un discurso amenazante de un Presidente, que
a gritos califica a la mayoría opositora de la Asamblea Nacional de
“terrorista, asesina y apátrida” y a los propietarios de Globovisión de
“ladrones”. El “Haraquiri” presidencial precipita la salida no solo del
problema, sino de quien a mala hora tomó las riendas del poder en unas
elecciones viciadas, gracias a los buenos oficios de uno de los poderes
secuestrados: el CNE.
Carlos E. Aguilera A.
careduagui@yahoo.com
@_toquedediana
*Miembro fundador del
Colegio Nacional de Periodistas (CNP.122)
Aragua - Venezuela
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