Durante el año 2012, el precio promedio del crudo venezolano alcanzó
$ 103/b (máximo histórico) propiciando la generación de ingresos por $
93.800 millones que a visión del Gobierno Nacional no fueron suficientes y
recurrió a un déficit fiscal cercano al 20% del PIB con la complicidad del BCV
hasta “construir” un precio promedio a efectos del gasto público de $ 200/b
facilitando importaciones por $ 75.700 millones (algunas no realizadas y otras
sobrefacturadas); mientras que en 2015 con un precio promedio de $ 45/b
(inferior en un 344% al “construido” en 2012) los ingresos alcanzaron a $37.500
millones (161% menos que en 2012), caída que no impidió la furia importadora
que solo disminuyó un 48,6% en comparación con 2012 ya que se efectuaron
(supuestamente) operaciones de comercio internacional por $50.600 millones lo
cual fue posible mediante el gasto pronunciado de las reservas internacionales,
la venta de activos y al uso del endeudamiento externo que generó unos $ 13.000
millones (26% del total importado). En 2016, con un precio promedio estimado de
$ 25/b (-700% con respecto al “construido” 2012 y un -80% con relación al 2015)
y sin las bondades “compensatorias” logradas en 2015, los ingresos por
exportaciones petroleras pudieran alcanzar los $ 21.000 millones (-366% en
comparación al “construido” 2012 y -79% en comparación al 2015) que en el mejor
de los casos permitiría importaciones (sin la presencia de la corrupción) por
unos $ 11.500 millones traduciéndose en una brutal caída del 558% vs 2012 y del 340% vs 2015, monto que en
realidad será inferior si asumimos que el costo de producción es de $ 20/b
induciendo un ingreso neto de apenas ¡$ 5/b! (o en un aumento del déficit de
caja de la industria); al tiempo que el aparato productivo nacional se
encuentra, para el caso del sector privado, operando en promedio por debajo del
50% de su capacidad instalada (salvo honrosas excepciones) en razón a la
incapacidad de obtener divisas a la paridad oficial ( comprar en el paralelo los
lleva a la cárcel) para adquirir materia prima, e igualmente por una elevada
deuda con vendedores extranjeros por
escasez de dólares para honrar los pagos, y en el caso del sector público la
casi totalidad de las empresas (con distintas denominaciones socialistas) se
encuentran paralizadas o en ruinas. Siendo así, resulta una perogrullada
afirmar que se aproxima un aumento significativo en el intolerable y molesto
ambiente de escasez, desabastecimiento, alargamiento de las colas y ¡hambruna!
acorde con un escenario ceteris paribus (todo permanece igual) donde ningún
Decreto de Emergencia Económica apuntalado por un “TSJ chavista” (a decir del
Vicepresidente Ejecutivo de la República) con vigencia de 120 días (o más si lo
alarga el TSJ) podrá corregir los desafueros económicos y burocráticos habidos
durante los 17 años de “revolución” que, entre otras cuestiones, ha llevado al
país a ser calificado como la economía
más miserable del mundo (Listado de Bloomberg-2015); habiéndose desperdiciado
una etapa de bonanza donde solamente PDVSA recibió más de $ 1 billón que
“complementó” con una deuda financiera que sobrepasa los $ 50.000 millones (al
monto global ha de supuestamente aplicarse un “ajuste amoroso” de $ 300.000),
cuya ineficiente utilización condujo a que la industria esté apenas produciendo
2,3 millones de b/d--- una parte importante es destinada a “cancillería
petrolera”--- (según el Plan Siembra Petrolera deberíamos estar en 5,5 millones
de b/d) lo que representa el 7,1% del total OPEP y el 2,4% del total mundial
situado en 96 millones de b/d (con un exceso de oferta de 2,8 millones de b/d).
El país, cuenta con un Sistema Eléctrico (SE) estructurado con 297
plantas (78,5% termoeléctricas y 21,5% hidroeléctricas) con una capacidad de
generación de 34.400 megavatios (MW) pero ofreciendo un servicio de 17.220 MW
(50,1% de lo posible) ya que solo están operativas 166 plantas (55,9% del
total); con el agravante que al Guri no está llegando suficiente agua (un hecho
natural) abriendo la posibilidad de paralizar las turbinas, no siendo posible
cubrir el déficit inducido con las plantas termoeléctricas ya que por fallas de
mantenimiento (indolente hecho humano) varias no se encuentran en condiciones
óptimas de funcionamiento, y la respuesta ante la negligencia burocrática es
simplemente profundizar el racionamiento (que para el Gobierno es un estímulo a
la autogeneración de energía) como consecuencia a que los planes para
incorporar generación (ampliación y restauración) prevista para el 2014 por un
total de 2.100 MW apenas se alcanzó el ¡20,6% de la meta! para el 2016, en
obvia desviación de unos $ 60.000 millones asignados sin control por la
emergencia (¡!) a partir del 2010; la situación se agrava por el descuido en el
mantenimiento (otra negligencia burocrática) de las líneas de transmisión y
distribución (¿o serán fallas causadas por ataques de iguanas oligarcas?).
Es oportuno destacar, que la intermitencia sobre las deficiencias del SE
surge a partir del 2002 hasta impulsar, con evidente retardo, el Decreto de
Emergencia Eléctrica del 2010 (y los siguientes del 2013 y 2015) que en poco
han contribuido en la solución de las anormalidades, y en la presente crisis
emerge como culpable, según el Gobierno, El Niño (aparte de EEUU) que en honor
a la verdad es un fenómeno atmosférico oceánico que se presenta cada 3 o 7 años
con una duración promedio de 12 a 18 meses, el cual fue oficialmente reportado
en Perú en el año 1892 (se conocía desde el año 1789) y formalizada su
existencia en el año 1969 siendo hoy día fácilmente pronosticable su llegada en
el mundo, y por tanto no puede ser utilizada su “sorpresiva presencia” para
justificar emergencias y para ocultar desequilibrios gerenciales por parte de
la burocracia.
En conclusión, el crecimiento y desarrollo económico nacional se
encuentra estancado a raíz de las emergencias “estructurales” en complemento
con el despilfarro y corrupción en revolución de unos $ 2 billones, de donde un
aproximado del 30% fue desviado para beneficio personal bajo la figura de
capitales forajidos los cuales deben ser obligados a repatriar (a la luz de una
nueva Ley) como alternativa, entre otras, para enfrentar la caída de los
ingresos petroleros; más aún cuando habrá dificultades para obtener nuevos
financiamientos en razón al pánico que surge
en la banca internacional por una posible cesación de pagos (irresponsablemente
sugerida por el alto Gobierno) y por el nefasto enfrentamiento entre los dos
poderes originarios (Ejecutivo y Legislativo), con la indeseable participación
jurídica-constitucional de un tercero con una postura marcadamente identificada
con el Gobierno, contribuyendo a perfilar una ¡emergencia en la conducción del
país!.
Jesús Alexis González
jagp611@gmail.com
@jesusalexis2020
Coordinador General ,
Observatorio 2012
Miranda - Venezuela
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