El miércoles 17 de febrero pasado el presidente Maduro
anunció tres medidas económicas a las que me quiero referir.
La primera fue el
aumento del precio de la gasolina, esperado desde hace décadas y eludido por
nuestros gobernantes de manera irresponsable y costosa. Tal era la convicción
de que no era posible seguir accediendo gratuitamente a un recurso tan
importante y estratégico, que el aumento superior al 6000% en el precio de la
gasolina de 95 octanos fue aceptado de inmediato. Ahora bien, ¿debemos esperar
que los nuevos precios se mantengan inalterados por un buen tiempo? Pienso que
no, ya que estos siguen siendo muy bajos en comparación a cualquier estándar
internacional y, si los mismos se mantuvieren fijos por un período prolongado,
la inflación se encargaría de desvanecerlos rápidamente. De hecho, si
comparamos el de la gasolina de 95 octanos con el precio en Colombia o en
muchos otros países de la región, este sigue siendo mucho menor, por lo que
pudiera continuar el contrabando de extracción a países vecinos, aun cuando
generando unos márgenes de ganancia más moderados. De allí el anuncio oficial
de que se piensa colocar estaciones de servicio en las zonas fronterizas, en
las que se cobre la gasolina a precios internacionales y en dólares o en pesos
colombianos, aun cuando dudo que una medida de ese tipo realmente elimine el
contrabando o lo reduzca significativamente.
Un segundo anuncio fue el del aumento de los salarios y
de las compensaciones a través los tiques de consumo, buscando con ello
resarcir la pérdida de la capacidad de compra de las remuneraciones de los
trabajadores. Sin duda, en un ambiente de alta y creciente inflación, como la
que se padece en Venezuela, los ajustes periódicos de las remuneraciones son
necesarios, pero estos nunca neutralizan totalmente la erosión de los ingresos
reales producida por el aumento de los precios, ya que, incluso en las
economías con indexaciones automáticas de los salarios de acuerdo a la
inflación, los ajustes de los ingresos siempre van rezagados al aumento de los
precios, siendo común el ensanchamiento de la brecha, entre otras razones
porque los ajustes de las compensaciones laborales incrementan los costos,
presionando los precios al alza.
La tercera medida se refiere a las modificaciones de las
tasas de cambio controladas, ajustándose la tasa preferencial de 6,30 bolívares
por dólar a 10,00, y convirtiendo el Sistema Marginal de Divisas (Simadi) en un
sistema complementario flotante, en el que la tasa de cambio fluctuará a partir
de los 200 bolívares por dólar. Si bien este último esquema aún no se ha
definido, dudo que el mismo sea un verdadero esquema de tipo de cambio
flotante, siendo lo más probable que la autoridad cambiaria ajuste
periódicamente la tasa, sin que la misma responda a las fuerzas del mercado. Si
bien la sobrevaluación cambiaria hacía imperioso el ajuste de la tasa
preferencial, esa corrección solo enmienda marginalmente aquel problema. Otro
aspecto es que el nuevo esquema no va a eliminar el mercado paralelo y su extraordinario
efecto distorsionante, al seguir siendo utilizada la tasa de cambio de frontera
como la referencia del valor del dólar, dadas las severas restricciones que
seguirán existiendo para acceder a las divisas controladas. Adicionalmente, los
ajustes de las tasas de cambio oficiales generarán importantes ajustes de
precios.
Como se ve, las tres medidas analizadas, si bien eran necesarias y tienen la orientación correcta, no corrigen las distorsiones existentes en la comercialización de la gasolina, en el salario real y en el esquema cambiario, solo las mitigan y, adicionalmente, generarán presiones alcistas de precios. Finalmente, si se quiere tener estabilidad en el precio de la gasolina, en los salarios y en el precio del dólar, lo primero que hay que hacer es abatir la inflación, lo cual requiere mucho más que tres medidas aisladas.
Pedro Palma
palma.pa1@gmail.com
@palmapedroa
Caracas - Venezuela
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