Los abogados que hacen de magistrados en el Tribunal
Supremo de Justicia están siendo cuestionados en escuelas de Derecho, en
centros comerciales, en programas radiales, en estacionamientos, areperas y en
cualquier sitio donde se habla del día a día, de las necesidades que
confrontamos y de las soluciones a esos problemas.
Como muchos asumen que son personas con años de estudio
no achacan a su ignorancia las decisiones que han tomado en contra de lo que en
el imaginario colectivo se considera correcto.
Anularon la elección de los diputados por quienes los
amazonenses manifestaron abierta preferencia. De nada valió una larga campaña
en la que los electores pudieron examinar las ofertas de los distintos candidatos,
así como los postulados promovieron por todos los medios a su alcance esas promesas.
Tampoco valoraron esos magistrados el civismo del pueblo
de Amazonas. No hubo incidentes que lamentar a pesar de la virulencia verbal
que en ocasiones la campaña tomó. Fue una clara manifestación de voluntad de
102.070 venezolanos inscritos en el registro electoral de ese estado.
No hay razón para que los pobladores de Puerto Ayacucho,
de San Juan de Manapiare, de San Fernando de Atabapo, o de San Carlos de Río
Negro, no tengan hoy representación en la Asamblea Nacional.
No tienen ellos, llenos de necesidades y graves
problemas, que pagar los platos rotos de un abusador partido de gobierno que
decidió arrebatarle tres diputados a la oposición creyendo que de esa manera le
bajaban el copete a la mayoría de dos tercios que el descontento nacional
produjo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
La Sala Constitucional ha tenido un comportamiento bajo y
mezquino. Le ha negado su legítima representación a un pueblo urgido de voces
que los reivindiquen. Es una vergüenza. Y todo porque se lo ordenaron sus jefes
políticos.
Entre la autodeterminación de los amazonenses, expresada
en limpias elecciones, y hacer méritos para prebendas adicionales, de esas que
como sobras tiran al piso los poderosos del PSUV, los de la Sala Constitucional
optaron por lo último.
Algunos de esos magistrados no cumplen con los requisitos
de haber ejercido la abogacía y/o la docencia universitaria por un período
mínimo de quince años, pero no fue la falta de estudios o de dedicación docente
lo que causó esa conducta. Fue su desviación ética. Su bajo rasero moral.
La Constitución establece en su artículo 339 que los
estados de excepción, como el contenido en el decreto de emergencia económica
que Maduro presentó el 14 de enero de 2016, deben ser aprobados por la Asamblea
Nacional para entrar en vigencia. Sin embargo, esos mismos magistrados
desconocieron que 109 diputados rechazaron ese decreto y lo reivindicaron con
una arbitraria sentencia.
En contra de la representación legítima del pueblo
venezolano y pisoteando la Constitución, esos abogados de la Sala
Constitucional impusieron a juro unas medidas de excepción que caprichosamente
el gobierno reclamaba.
¡Y pensar que juraron cumplir y hacer cumplir la
Constitución! ¡Qué farsantes!
El más reciente desaguisado ha sido sentenciar que el
Ejecutivo Nacional puede actuar sin controles. La función contralora de la
Asamblea Nacional queda pintada en la pared y Maduro podrá hacer y deshacer sin
que poder alguno pueda contenerlo. Queda así legalizada la tiranía por parte de
estos abogados de la Sala Constitucional.
La verdad es que no estamos ante un debate político o
programático. No se trata de una disquisición de orden jurídico. Es un tratado
de inmoralidad el que se está escribiendo desde la Sala Constitucional. Siete
sujetos se ponen por encima de la Constitución. Guapos “y apoyaos” porque sus
decisiones son inapelables.
La Constitución de 1999 está llena de esas trampas. Por
eso y otras razones me negué a suscribirla cuando estuve de constituyente y
llamé a votar NO en el referendo en el que se decidió la suerte de ese texto
constitucional.
Se engañó ayer a nuestro pueblo al vender como
democrático el proyecto autoritario contenido en esa Constitución. Y se le
engaña y atropella hoy al violar cualquiera de las disposiciones de ese texto
que disminuya en un momento determinado el poder absoluto que estos autócratas
demandan.
Estas actuaciones reñidas con la ética son, además
perversas. Tienen intenciones políticas complementarias del propósito tiránico.
Pretenden sumergir al venezolano descontento, pero
demócrata y pacífico, en la creencia de que no valió la pena votar, que con las
jornadas del pasado mes de diciembre ningún cambió se logró, que fueron un
fraude y, en consecuencia, ¿para qué votar de nuevo en el futuro?
Comienza así la estrategia electoral del gobierno para
las elecciones de gobernadores y de diputados a los Consejos Legislativos que
debe tener lugar a finales del año en curso. Buscan inyectar un sentimiento
abstencionista en la gruesa masa que protesta al gobierno culpable del
hundimiento de la economía y de la calidad de vida.
Intentan con esos arrebatos reanimar a sus otrora
seguidores, a quienes votaban por Hugo Chávez, como si esos venezolanos no
tuviesen también que hacer colas de días enteros para conseguir algo de harina
o de aceite, a la vez que van de farmacia en farmacia, una y otra vez, tratando
de que en alguna les digan si hay.
Creen que con la distracción del enfrentamiento del
Tribunal Supremo de Justicia con la Asamblea Nacional, el desabastecimiento y
la matazón de todos los días pasarán a un segundo plano, al olvido. Se
equivocan. Simplemente se abulta el memorial de agravios contra este infame
desgobierno.
Y no escapa al cínico criterio de los jefes del gobierno
que si las masas comienzan a rumiar su frustración con las vías pacíficas de
cambio, podrían optar por intensas protestas de calle, justamente lo que el
truculento comando del gobierno desea para así reprimir en su máxima expresión,
lo que supuestamente estaría justificado por las perturbaciones de orden
público y generar entonces nuevos mecanismos de control
Estamos enfrentando
una gente maluca. Su crueldad no tiene límites.
Claudio Fermin
claudioefm@gmail.com
@claudioefermin
@claudiocontigo
Caracas, Venezuela
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