“Dios no puede aprobar la violencia de sus principios, de sus leyes fundamentales; por el contrario, Dios ve con horror el crimen de la usurpación, de la tiranía” Simón Bolívar
Hace pocos días, en amena conversación con amigos y
allegados, se hizo alusión al tema - si se quiere casi obligado en todos los
círculos de la vida social del país - acerca de la crisis económica, política y
social que se vive en los últimos años. Uno de los presentes comentaba, que
pese a la situación que padece el pueblo, se observa en la conducta del
venezolano un cambio de actitud, quizás imbuido por el aliento esperanzador
tras el triunfo avasallante de la oposición, en las elecciones parlamentarias que
se realizaron el 6 de diciembre del año pasado.
Ciertamente, el venezolano común pareciera haber
despertado de un aterrador letargo que por espacio de casi 18 años pasó a
convertirse en una horrenda y tremenda pesadilla, de la que despertó
entusiasmado y lleno de alegría, fe y optimismo, el pasado 6 de diciembre, pero
que a tres meses de haber alcanzado este milagroso propósito, observa con dolor
y casi frustración, que quienes detentan el poder con Nicolás Maduro a la
cabeza, se empeñan en negar esta victoria y por ende la voluntad mayoritaria de
más de ocho millones de venezolanos, con zancadillas nada democráticas a través
de otros poderes como el Tribunal Supremo de Justicia, que indujo al presidente
de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Allup, a expresar irónicamente:
en su cuenta de twitter: “"Zánganos y zánganas de bufete inconstitucional
se han enguarimbado por cobardes. Ya no designan “ponente” sino que hacen
“ponencias conjuntas”, agregando al mismo tiempo que “ya estaba avisada la
declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía por el bufete
inconstitucional, tal como lo había ordenado Maduro".
El abuso de poder de Maduro, en su pretensión de
deslegitimar a la Asamblea Nacional de su función como lo prevé la Constitución
Nacional, llegó a extremos inusitados y para ello utilizo los generosos
servicios de Hernnan Escarrá, otrora espadachín de la democracia y defensor a
ultranza de los derechos humanos, de la libertad de expresión y de prensa y
acérrimo enemigo de la revolución socialista y de manera particular del
fallecido Comandante galáctico, al que incluso retó a un debate público para
dirimir acerca de las “bondades” de su gobierno socialista revolucionario,
bolivariano. El ahora protector del régimen, con voz engolada de locutor,
anunció que “el presidente Maduro en Consejo de Ministros también puede
presentar una enmienda sin pasar por la Asamblea Nacional y, esa enmienda, solo
requiere un artículo (…) que reduce a 60 días el período constitucional, no
requiere más”, dijo Escarrá durante una concentración en rechazo a la Ley de
Amnistía en el Palacio de Miraflores, y al mismo tiempo cual boxeador
encaramado sobre un ring, retó al presidente de la Asamblea Nacional a debatir
públicamente, respuesta que de inmediato Ramos Allup dió a conocer a través de su twitter:
“Escarrá es un delegado de Maduro y no discuto con payaso, sino con el dueño
del circo”.
Conocidos jurisconsultos constitucionalistas, han
expresado sus opiniones sobre este asalto a la racionalidad de una institución que como el Tribunal
Supremo de Justicia, pretende pasar por encima de la propia Constitución
Nacional, y burlarse de la voluntad mayoritaria de los más de 8 millones de
venezolanos, que el pasado 6 de diciembre decidieron acabar con una pesada y tediosa carga llena
de populismo y demagogia con etiqueta socialista, o lo que es igual comunista,
como lo afirmara en cierta ocasión el anciano dictador cubano Fidel Castro.
Uno de estos flamantes constitucionalistas, profesor de
Derecho Constitucional en la UCV, Gerardo Blyde, sostiene que “la Sala
Constitucional se excedió, se extralimitó… porque contradice sus propias
decisiones. En el 2008 la Sala Constitucional había producido una sentencia, la
1368, donde decía que era un derecho de gracia privativo de la Asamblea
Nacional la amnistía que lo limita solamente el artículo constitucional
referido a delitos graves y derechos humanos. Es decir, de resto hay una
absoluta discrecionalidad, en esa sentencia de 2008″. Esa –refiere - es una
extralimitación, y la segunda, que es más importante es la valoración política
que hace la Sala Constitucional para lo cual no tiene ninguna competencia
constitucional. La sentencia dice que ‘no hay verdaderos momentos de ruptura y
la necesidad de instaurar una comunidad política’. Es decir, una unión política
entre los venezolanos… la decisión política de cuándo amnistiar es una
competencia exclusiva y excluyente de la Asamblea Nacional, en cuanto a Ley de
Amnistía, o del presidente de la República, cuando indulta. La Sala Constitucional
no puede entrar a valorar si el momento político es o no es adecuado para
amnistiar. Y entró, en otra extralimitación de sus funciones”.
El pretexto de Maduro para desconocer las atribuciones
constitucionales que tiene el poder legislativo, es alegar que la tan mentada
guerra económica es “producto de la conspiración del sector empresarial y de la
burguesía parasitaria de la oposición, que acatan directrices del imperio de
los Estados Unidos”, cuando la verdad propiamente dicha es que las políticas(¿)
sociales del régimen lejos de beneficiar al pueblo la ha llevado a una pobreza
tal, que alcanzaba en el año 2014 a 48,4% de los hogares, superando los
registros de los últimos años, de acuerdo a una encuesta social difundida por
tres universidades del país. A ello se suma la crisis económica que enfrenta
Venezuela, dominada por una desbordante inflación, que golpea con mayor
intensidad a los sectores más vulnerables del país. Como se explica entonces,
que según registros del estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para
el segundo semestre del año 2013 los hogares en condición de pobreza por
ingresos, alcanzaron a 27,3%, mientras que para el segundo semestre del 2014
representaban el 47%.
Venezuela alcanzó el año pasado una inflación sobre el
64%, la mayor tasa de la región, y el aparato productivo se contrajo en 2.8%,
lo cual según analistas y expertos en inversión estiman que ante la caída de
los precios del petróleo, principal fuente de ingresos del país, la crisis
económica podría complicarse y la
inflación y superar el 100% , lo que constituye un riesgo sin precedentes
porque el 33% de nuevos pobres puedan caer en una “pobreza estructural”, o lo
que es igual extrema, en el presente año, ante la agudización de los problemas
económicos y la falta de programas sociales, y ya la pobreza general se ubica
entre un 45 y 46%.
Lo anteriormente indicado configura una delicada
situación crítica, que genera angustia y desesperación en muchos hombres y
mujeres, que día a día madrugan para hacer cola en procura de alimentos, los
cuales en los últimos tiempos escasean en los anaqueles de abastos y
supermercados. El hambre no toma vacaciones y solo en la pasada semana santa se
reportaron 24 saqueos en todo el país, según informó el propio vicepresidente
ejecutivo de la República, Aristóbulo Istúriz,
y pese a ello, Maduro con su cara bien lavada y sin inmutarse subrayo
que “en Venezuela no hay hambre, la gente está rozagante y bonita”, como
burlándose sarcásticamente de la tragedia que agobia millones de venezolanos
por falta de alimentos, y mucho menos de
bienes y servicios.
De nada han valido durante los últimos 13 años, que el
régimen haya aplicado controles, si en el mismo aparato gubernamental campea la
corrupción (Mercal y Pedeval), entre otros, por lo que no existen en el mercado
los productos de la canasta básica familiar, pues han desaparecido del mercado,
y la escasez que antes promediaba el 5% antes del año 2003, cuando se aplicó el
control de cambios, al cierre del 2013, según el último registro publicado por
el Banco Central de Venezuela, se ubicaba en el 22,2%. Lo que traducido en
cifras podríamos resumir, que de 157 meses de aplicación del control de
precios, 110 meses han sido de escasez y desabastecimiento de productos
prioritarios.
El Alzheimer precoz en Maduro, le impide comprender que
la crítica situación de desabastecimiento se debe principalmente al modelo
socialista, y al ideario populista que esgrime en su programa (¿) de gobierno,
aunado al hecho de que acabó con la producción nacional, alterando en
consecuencia la productividad, lo cual por último, genera un estado de
emergencia alimentaria que puede explosionar en cualquier momento, peligroso
ingrediente para alimentar un golpe de estado, pues amor con hambre no dura…. y
si dura, no perdura.
Carlos E. Aguilera A.
careduagui@yahoo.com
@_toquedediana
*Miembro fundador del
Colegio Nacional de Periodistas (CNP.122)
Aragua - Venezuela
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