Cuando se le da una mirada a la situación de la
oposición dentro del espectro político venezolano, de cara
a procesos electorales venideros, el
historial de los últimos diez años nos condena. En efecto, o bien parte
de su dirigencia se encuentra presa o lo
ha estado, o bien ha sido inhabilitada
para ejercer cargos públicos en el futuro inmediato, o bien se encuentra en
desacato en el presente.
En este sentido, una nueva
inhabilitación política del gobierno de Maduro, en esta ocasión contra Henrique
Capriles, lo que le impediría postularse a la relección como gobernador del
Estado Miranda, o a la presidencia de la república, habla por sí sola. Y
es que ya desde el 2008, se dio inicio a esta práctica al aprobarse la inhabilitación de más de 200 venezolanos
que quedaron sin posibilidad de ocupar un cargo público, algunos hasta el 2014.
Resaltaban en ese lote, la del ex gobernador de Miranda, Enrique Mendoza; el ex
alcalde de Chacao, Leopoldo López; el ex candidato a la Gobernación del
Táchira, Williams Méndez y el ex candidato a la alcaldía de Baruta, David
Uzcátegui, todos retirados del escenario político electoral cuando trabajan en
sus campañas electorales.
Las más significativas, antes de
esta de Capriles, fueron las que afectaron los comicios parlamentarios de diciembre 2015,
cuando la Contraloría general de la
Republica inhabilitó para ejercer cargos públicos, hasta por diez años, a María
Corina Machado y otros líderes de la Mesa de la Unidad Democrática, como los ex
alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano, dentro de una la lista de más de cien candidatos de la oposición.
El asunto de las inhabilitaciones
explotó, internacionalmente, al fallar la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
el 1 de septiembre del 2011, a favor del
exalcalde de Chacao Leopoldo López. En aquella decisión se le ordenaba al
Estado venezolano, dejar sin efecto las resoluciones del 24 de agosto y 26 de septiembre del 2005, emitidas por el
Contralor General de la República, mediante las cuales declaró la
inhabilitación de Leopoldo López, para el ejercicio de funciones públicas, por
un período de 3 y 6 años, respectivamente.
Como era de esperarse, la Sala Constitucional del TSJ venezolano, respondió inmediatamente
declarando "inejecutable" el fallo de la Corte Interamericana, pues
la inhabilitación no era política sino administrativa, por lo que los derechos políticos de Leopoldo López
nunca estuvieron afectados. Pero lo que nunca explicó el TSJ es cómo podía ejercer sus derechos
políticos Leopoldo López, sino lo dejaban inscribirse como postulante a un
cargo político.
Hoy en día, la inhabilitación no se aplica, solamente, a los
posibles candidatos de la oposición. También los partidos políticos, como ya dijimos en un
artículo anterior, pueden quedar fuera de cualquier proceso electoral sino se relegitiman recogiendo un número de firmas determinado,
cuya validación quedará al libre arbitrio del Consejo Nacional Electoral.
Si a la contingencia de quedar
inhabilitado, le agregamos la de que algunos potenciales candidatos de la
oposición pudieran ir a la cárcel para
engrosar la lista de políticos presos, como le gusta llamar al gobierno del señor Maduro a los presos políticos; el
número de aspirantes opositores con
altas probabilidades de ganar las elecciones
se reduce drásticamente. Un buen
ejemplo de esto lo es Leopoldo López, eliminado,
por ahora, de la carrera presidencial.
La nueva malformación que ha surgido
en los últimos años es la del desacato, otra forma de inhabilitación, que le
desconoce a un espacio político dominado por la oposición, el ejercicio de sus funciones
y actuaciones. Desconocimiento que se extiende a sus integrantes.
La palabra desacato es de esas
pegajosas que se queda pronto en la boca. Por eso, tanto en las
conversaciones callejeras, como en la
prensa internacional, es frecuente tropezarnos
con la frase “es que la Asamblea
está en desacato”.
Lo que habría que hacerle
entender a la opinión pública es que nunca un poder público, trátese del ejecutivo, del
legislativo o del judicial, puede estar en desacato con respecto al otro. Cosa
distinta es el desacato de alguno de sus miembros, como un ministro que no
acude a un llamado de una comisión parlamentaria cuando tiene la obligación
legal de hacerlo; de un diputado o de un magistrado frente a una sentencia
judicial legalmente dictada; o del presidente de la Republica cuando no presenta, por ejemplo, el presupuesto de la
nación a la Asamblea Nacional para que lo apruebe, como manda la Constitución. Pero
lo que debería quedar aún más claro, es que ningún desacato produce la
desaparición del órgano o poder público, ni mucho menos un trasvase de sus
competencias a otro ente distinto.
Ya por desacato, por
inhabilitación o por lo que sea, lo cierto es que la oposición venezolana, lo
va a tener difícil a la hora de buscar un candidato a la presidencia de la
república o a una gobernación, que como
la del Estado Miranda, hasta ahora, con Capriles al frente, ha resultado inconquistable para el chavismo.
Al menos, muy complicado, para encontrar un contendiente electoral que no sea
del agrado del señor Maduro.
Jose Luis Mendez
Xlmlf1@gmail.com
@Xlmlf1
Miranda - Venezuela
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