Hace
dos semanas, Ricardo Lagos, ex presidente socialista de Chi-le, al referirse a
la situación política de Venezuela y a la prisión que sufren Leopoldo López y
otros opositores del régimen chavista por el simple hecho de disentir, se
lamentaba de que sobre estos penosos temas se escucha “un silencio estruendoso
en América Latina”.
Esta
tendencia cambió drásticamente y de repente el martes pasado, cuando Luis
Almagro, socialista como Lagos, canciller de Uruguay durante el gobierno de
José Mujica y actualmente secretario general de la OEA, en respuesta a la
negativa del CNE a autorizar la presencia en Venezuela de una misión de
observadores del organismo en las elecciones del 6-D, le escribió a Tibisay
Lucena una carta esclarecedora. En las 18 páginas del texto desnuda Almagro,
una por una y con lujo de detalles, las artimañas con que ha sembrado el
régimen el camino del 6-D para impedir la victoria de la oposición, y alza la
voz, protesta y denuncia la inaceptable conducta de Nicolás Maduro y de su CNE.
Sin
la menor duda se trata del documento de mayor trascendencia elaborado en estos
16 años sobre el régimen chavista. Sobre todo, porque no recoge una mera
posición personal de Almagro. Cuando el secretario general de la OEA fija
posición sobre un asunto de tanto peso como la violación sistemática de los
principios democráticos en un país de la región, no puede hacerlo sin previa
consulta y aprobación de los gobiernos miembros del organismo. De manera muy
especial si su conclusión, alejada por completo de ambigüedades diplomáticas,
cómodos equívocos políticos y de la nada disimulada connivencia de su
predecesor con los intereses más tortuosos del régimen venezolano, constituye
una advertencia terminal a Maduro y a su subalterna Lucena: “No puedo hacer la
vista gorda”, sostiene Almagro con rotunda firmeza al final de su demanda a
Venezuela, “ante hechos concretos que claramente vulneran derechos en el marco
de la campaña electoral y del propio proceso electoral… Por todo lo expuesto en
esta carta, existen razones para creer que las condiciones en las que el pueblo
va a ir a votar el 6 de diciembre no están en estos momentos garantizados al
nivel de transparencia y justicia electoral que usted, desde el CNE, debería
garantizar.”
Frente
al silencio “estruendoso” con que los gobiernos de la región sí se han venido
haciendo los locos en el caso venezolano, la carta de Almagro, auténtico
preaviso al régimen y al CNE, corrige ese rumbo y transmite el mensaje de que
hasta aquí llega la paciencia latinoamericana. Si en esta hora difícil Maduro
decide seguir adelante con sus planes para ganar las elecciones del 6 de
diciembre “como sea”, tendrá que atenerse a las consecuencias. Vaya, que si a
pesar de esta advertencia regional decide convertir su retórica bravuconada de
guapetón de barrio en el antidemocrático acto de violentar la voluntad popular
de los venezolanos y resuelve hacer realidad sus reiteradas amenazas de no
reconocer un eventual triunfo electoral de sus adversarios, estaría
transgrediendo flagrantemente las normas esenciales de la Carta Democrática de
la OEA y cometiendo un fraude que, en esta ocasión, no contaría con el habitual
y estruendoso silencio de América Latina.
En
otras palabras, con la carta de Almagro, la OEA insinúa que desde el gobierno
de Venezuela se ha fraguado y se está poniendo en marcha un golpe de Estado
para asegurarle al régimen una ilegítima victoria electoral el 6-D y le aclara
a unos y a otros que en esta ocasión la comunidad latinoamericana no guardará
silencio. Situación que coloca a Maduro ante un dilema imposible. O lanza al
país al abismo del megafraude que él necesita para darle continuidad a su
proyecto político, o admite la derrota, lo cual equivaldría a marcar ese día crucial
como el primer día del fin de su Presidencia. Esta es la irremediable realidad electoral de Venezuela.
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