Los principios en que se funda la República son dos. El primero, que las mayorías no tienen derecho a violar los derechos de los individuos. Como bien dice Hume: “El problema no son las mayorías sino las asambleas que pretenden representarlas”. O sea el primer principio es el respeto de los derechos individuales: el derecho a la vida, la libertad, la propiedad y el derecho del hombre a la búsqueda de la felicidad. Estos derechos están reconocidos en la Constitución Nacional, pero voy a destacar el derecho a la búsqueda de la propia felicidad que tal como dijera John Locke es el principio fundamental de la libertad. Y este derecho está reconocido en el artículo 19 de la Constitución que dice: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservados a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados”.
El
segundo principio de la libertad y no menos importante es la limitación del
poder político: la separación de los poderes y la independencia del poder
judicial. El rol fundamental del poder judicial es el principio que determinó
fáctica y jurídicamente la limitación del poder político. Fue en Estados Unidos
donde se impuso por primera vez en la
historia este sistema y la Argentina fue el segundo país del mundo en
imponerlo, bajo la influencia del pensamiento de Alberdi y Sarmiento y la
política de Urquiza y Mitre. Fue así que Argentina en cincuenta años pasó de
ser en 1852 uno de los países más pobres del mundo a tener un ingreso per
cápita más alto que el de Alemania, Francia e Italia a principios del siglo XX.
Por ello es fundamental restaurar el sistema que produjo ese salto cuántico en
la historia de América Latina.
Partiendo de los anteriores principios el primer paso en la política a
seguir en Argentina para lograr equilibrar la economía es la reducción del
gasto público, que en la actualidad supera el 50% del PBI. Ese nivel de gasto
implica de hecho la violación del derecho de propiedad, vía el elevado nivel de
los impuestos. Además es la causa del elevado nivel de la inflación y del
proceso recesivo (stagflation). Así dijo Friedman al respecto: “El peso total
es lo que el gobierno gasta, no los impuestos. Y cualquier déficit es soportado por el público en la forma de un
impuesto escondido, que es la pérdida de poder adquisitivo de la moneda”. Por ello la política para controlar la
inflación no es reducir la oferta monetaria, sino reducir el gasto público y
bajar los impuestos. Y al respecto George Gilder escribió: “Más tarde o más
temprano los liberals americanos y los
laboristas británicos van a decubrir que las restricciones monetarias son una
maravillosa forma de destruir al sector privado en tanto que dejan al gobierno
intacto y ofrece pretextos para nacionalizar la industria”. Y es asimismo un
hecho que existe una correlación inversa entre el nivel del gasto público y la
tasa de crecimiento de la economía. A los hechos me remito y tal es la
situación también de la economía europea en la actualidad.
Dadas las actuales circunstancias, el proceso para reducir el gasto
público es complejo. Ya en los primeros siete meses del año el gasto público
nacional aumentó un 38% respecto a igual período del año pasado. Al mismo
tiempo se enfrenta un proceso recesivo. Mi criterio es que la rebaja del gasto
debe hacerse en primera instancia en términos reales. Por tanto se requiere que
el gasto nominal no aumente el año próximo y al mismo tiempo reducir los
impuestos. También existe la teoría de que los impuestos constituyen un factor
de incremento de los precios, pues reducen la inversión y consecuentemente la
producción.
Así, en primer lugar se requiere eliminar las retenciones a las
exportaciones que han causado una reducción en la producción agrícola, y
consecuentemente en las exportaciones, que en los primeros nueve meses del año
cayeron respecto a igual período del año pasado, y así el superávit comercial
ha prácticamente desaparecido. No menos importante es permitir la revaluación
de los activos, que implica reducir la tasa del impuesto a las ganancias a su
tasa legal que es el 35%.
En
una segunda instancia se requiere reducir los gastos en determinadas áreas
tales como el “futbol para todos”, los gastos en prensa y los planes
trabajar. Por supuesto reducir el nivel
de empleados públicos. Es de esperarse que en la medida que se restaure la
seguridad jurídica y se reduzca el nivel de los impuestos, habrá una mayor inversión
nacional e internacional, que consecuentemente determinará una mayor tasa de
crecimiento y una reducción en el nivel de desempleo. La demanda de trabajo por
parte del sector privado ha de compensar la merma del empleo público.
Otro factor de la mayor importancia es la actual sobrevaloración del
peso y el control de cambios. Se requiere inmediatamente la supresión del
control de cambios que implica una violación de los artículos 14, 17 y 19 de la
Constitución Nacional. De acuerdo a nuestras estimaciones el peso en la
actualidad se encuentra revaluado con respecto al dólar en un 42%. Es decir que
el tipo de cambio de paridad sería de $13,95 por dólar. Pero la idea no es
fijar el tipo de cambio, sino que el mercado lo determine. Y es posible que el mismo
no supere la paridad antes dicha en la medida que se restaure la seguridad
jurídica. Para ello es necesario finalmente llegar a un acuerdo con los
llamados Fondos Buitres, lo que restauraría la confianza y la Argentina estaría
en condiciones de recibir préstamos del exterior. No obstante los
desequilibrios expuestos la deuda externa argentina alcanza a u$s
73.711millones. Y de acuerdo a nuestro tipo de cambio de paridad alcanzaría a
solo un 19% del PBI estimado del 2.015.
Por
último otro factor para reducir el gasto público es la privatización de
Aerolíneas Argentinas, que constituye un gasto insostenible basado en la
ficción del nacionalismo. La idea de que los bienes son del pueblo significa en
última instancia que es el pueblo el que los paga y no quien recibe el
beneficio. Así al respecto Alexander Hamilton escribió: “Una peligrosa ambición
yace detrás de la especiosa máscara del celo por los derechos del pueblo”. Ya
debiéramos saber que cuando los derechos son del pueblo desaparecen los derechos
individuales y consecuentemente la libertad.
Por las mismas razones antes dichas es necesario suprimir la idea de que
el petróleo es del pueblo y por ello se nacionalizó YPF. La consecuencia ha
sido y sigue siendo los problemas en el ámbito energético. Así Argentina que
era un exportador de gas, ahora lo importa de Bolivia. Conclusión, la reforma
requerida para solucionar la situación de desequilirio actual, no es otra que
volver a cumplir con los principios de la Constitución y consecuentemente volver
a ser lo que la Argentina fue.
Armando
Ribas
aribas@fibertel.com.ar
@aribas3
Argentina
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