“Bajo la toga del magistrado se esconde el puñal del sicario”. Piero Calamandrei (1889 - 1956), jurista, político y periodista italiano, refiriéndose a los magistrados que refrendaban todos los deseos de Benito Mussolini.
Desde que el finado
llamó “plastas” a los magistrados del TSJ que se atrevieron a sentenciar que lo
del 2002 no fue golpe de estado sino “vacío de poder”, la revolución se movió a
buscar fichas dóciles, jueces tras una buena jubilación, políticos que a duras
penas superaban un post grado, para que llenasen esos cargos claves para dar el
baño “constitucional” a un gobierno que se pasaba la constitución por el mero
forro.
Valiéndose de una
Asamblea roja (por “autosuicidio” de la oposición), ampliaron a 32 el número de
magistrados y poco a poco fueron sustituyendo alfiles y caballos por viles
peones. Y peonas. El “Uh, ah! Chávez no se va” que coreaba el cartel de las
togas impúdicamente en las aperturas del Año Judicial, derrumbó la moral en lo
que debía ser el palacio de la justicia para todos los venezolanos.
En los últimos diez
años, el descarte de verdaderos magistrados, a quienes jubilan incluso antes de
vencerse su período, ha dejado cada vez más ciega a la dama de la balanza.
Jamás emiten una sentencia que perjudique al gobierno, o que tan siquiera lo disguste. El afecto
apasionado por el caudillo y su revolución perturbó incluso a algunos que con
poco currículo para ser magistrado como Luis Velázquez Alvaray o uno que sí
conoció al dragón porque era el portador de sus llamas, como Eladio Aponte
Aponte, decidieron desertar cada uno por sus razones pero ambos echando el
cuento de cómo el finado llamaba pidiendo
que le pusieran preso o que le abrieran juicio a opositores. Debían seguir las
directrices de la Fiscal y les advertían que no se preocuparan por las pruebas,
porque también el contralor Clodosvaldo Russián (Dios lo tenga donde merece)
colaboraría gustoso, aportando “pruebas”.
El TSJ ha seguido la
misma política de cartel con el gobierno de Maduro. Los magistrados, supuestos
garantes de la Constitución, se han dado desde hace años a la tarea de
corregirle la plana a la Carta Magna y emitir sentencias supra
constitucionales. Como aquella que admitió la reelección indefinida, aprobada
en un dudoso referendo, pues la verdadera consulta sobre la reforma
constitucional rechazo todas las propuestas del finado, incluida la reelección
indefinida.
Con las irreversibles
rectoras del CNE, conforman un grupo deleznable de violadores de la voluntad
popular. Para que el caudillo no se les muriera en la campaña, adelantaron las
elecciones presidenciales a octubre, aún cuando la toma de posesión siguió en
su fecha del 10 de enero. Todo este cartel de magistrados, rectoras, defensor,
contralora, asambleístas engañaron al país: sabían con toda certeza que al
presidente le quedaba poco tiempo de vida y no debían admitir su reelección.
Pero todos ellos arriesgaban sus jugosos cargos y el poder absoluto. Y
siguieron adelante pese a que los periodistas, la oposición y medio planeta
sabíamos que el hombre jamás podría cumplir otro mandato.
Apostaron al amor
ciego que muchos tenían al caudillo y ganaron. Pero vendría lo peor: mentir al
país sobre la verdadera condición del líder. A los 3 días de la victoria, el
entonces reelecto presidente nombra a su entonces canciller Nicolás Maduro como
vicepresidente. Regresa de Cuba para despedirse el 8 de diciembre en una cadena
para el recuerdo histórico, nombra encargado de la presidencia a Maduro y pide
votar por él en caso (que él sabía seguro y por tanto, mentía) de que no
regresara. Así Nicolás Maduro, alguien cuya partida de nacimiento es el secreto
mejor guardado del régimen, llega a la presidencia de la República. Pasado un
mes y a sabiendas de que la ausencia era total y absoluta, el TSJ se hace sordo
ante clamor de los juristas y deja en el limbo la ausencia presidencial. Hasta
que en marzo la verdad indiscutible de la muerte del finado (no, no es
redundancia) obliga al TSJ a emitir una sentencia declarando que quien debe
encargarse de la presidencia es el vicepresidente y no el presidente de la
Asamblea Nacional, como ordena la constitución en caso de ausencia presidencial
antes de la primera mitad del mandato.
Para ayudar aún más,
no tomaron en cuenta que el finado ni siquiera se había encargado por lo que
muy extrañamente el vicepresidente podía tomar un cargo cuyo titular nunca se
juramentó. Pero necesitaba otro empujoncito para asegurar la silla, así el TSJ
declaro que el Vicepresidente sí podía lanzarse a la presidencia sin separarse del cargo temporal que ocupaba,
violando así el artículo 229 de la constitución. El heredero no pudo tener peor
desempeño, ajustado a su escaso currículo.
Así que ni la complicidad de poderes pudo evitar la rebelión de los
votantes el 6 de diciembre. Como despedida, la derrotada AN nombro a la carrera
y violando lapsos y condiciones, magistrados que ayuden a conservar los
privilegios del poder aún por encima del voto de los venezolanos.
A pesar de la paliza,
el cartel no entiende el rechazo de la mayoría hacia sus tramposas, por decir
lo menos, conductas. Lo primero que hicieron los recién vestidos magistrados
fue quitarle la mayoría calificada a la oposición, anulando la elección de tres
diputados de Amazonas. Y el CNE que los proclamo, mudo. Por su parte el
presidente solo afrenta a un pueblo que está sufriendo una crisis humanitaria:
en lugar de hacer cambios indispensables hasta para su gobierno, que tiene el
agua al cuello, aumenta la burocracia creando cinco ministerios más, entre
ellos una burla que se llama “agricultura urbana”. En sus discursos amenaza a
los productores con intervenirlos, a los medios con cerrar la importación de papel,
a Mendoza con encarcelarlo. Pero jamás menciona el 270% de inflación que acabo
con la clase media, ni el racionamiento eléctrico que extermina hoteles y centros comerciales;
tampoco habla del agua podrida y de la crisis sanitaria y medicinal de Venezuela.
Ejemplo de esa conducta a espaldas al país es su visita a Valencia, donde su
paso desde el aeropuerto a la fábrica que inauguró fue cubierta metro a metro
por soldados, que también ordenaron cerrar las puertas del Hyperlíder cercano,
para que el presidente no viera las gigantescas colas.
Ahora el TSJ declara
“constitucional”, por encima de la constitución, un decreto de emergencia
económica que permitirá al gobierno tomar a manos libres toda clase de
decisiones incluidas expropiaciones y corralitos. Este cartel ineficiente y
corrupto, ha arruinado en tiempo récord lo que quedaba de Venezuela, pero
tendrá que rendir cuentas pronto. Todos sus pasos afrentan al país decente. Que
la Asamblea Nacional y la MUD determinen de una vez cual es la formula constitucional
para deshacernos
CONSTITUCIONALMENTE de este cartel. Nadie quiere aventuras
suicidas. Y si ellos fueran responsables tampoco las querrían. El país
cruje agobiado y molesto. La salida es
ya.
Charito Rojas
Charitorojas2010@hotmail.com
@charitorojas
Carabobo - Venezuela
Excelente. Colega y respetada amiga
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