Una gran turbulencia
han levantado el Colombia las afirmaciones de algunos medios de comunicación,
como la revista británica The Economist, en torno a la fortuna que
eventualmente manejaría el grupo guerrillero en proceso de negociación de la
paz del país vecino.
Otros medios también se han adelantado a
señalar las cifras de ingresos que los guerrilleros obtendrían anualmente del
negocio de la droga. “Insight Crime” es una de las que afirma que un monto
cercano a los 200 millones de dólares
les quedaría cada año a los guerrilleros
del manejo del negocio de la droga. La
revista británica también da por correctos los más de 10.000 millones de dólares
que las FARC manejaban patrimonialmente a inicios de esta década.
El vocero de los
alzados en armas asegura, mientras tanto, que las FARC son pobres de solemnidad mientras siguen
apareciendo, en países del continente, importantes trazas inmobiliarias que
vendrían quedando de los fondos manejados por la organización. Esta publicación
afirma que “los analistas financieros piensan que buena parte de los fondos de
origen criminal de las FARC, han sido invertidos en Colombia, en compañías de
transporte, propiedades rurales y hasta en el mercado de valores. Parte de ello
posiblemente ha sido enviado al exterior a países como Costa Rica, Venezuela,
Ecuador y Panamá”.
Sn duda que las
finanzas de la organización guerrillera es una ciencia inexacta y nebulosa,
pero numerosas publicaciones han investigado el tema e instituciones privadas
como el Consejo para las Relaciones Externas de los Estados Unidos le han
dedicado talento a acercarse a sus números.
Hace apenas 7 años el
gobierno americano reportó que más del 50% de la cocaína exportada a los
Estados Unidas venía de la organización de las FARC en Colombia cuando
identificó muchos de sus actores y en alguna ocasión el Ministro Juan Carlos
Pinzón se refirió la masa manejada por
las FARC en 3.500 millones de dólares.
La pregunta a
responder es la de lo que ocurrirá con los capitales provenientes de todas las
actividades criminales manejados por los irregulares, una vez que la paz haya
sido acordada, hacia donde se dirigirán las investigaciones formales del gobierno
y cuál será el destino de los capitales incautados, si ello ocurriera.
Dice The Economist en
su entrega de la semana pasada, que el
costo de la implementación de cualquier acuerdo de paz, lo que incluiría el
desmontaje de la red de minas y la reparación de infraestructura, debe estar en
el rango de 15.000 a 30.000 millones de dólares en la próxima década. “La
fortuna escondida de las FARC debería pagar una tajada grande de estos
requerimientos”, asegura el semanario.
¿Cuando de esto se
está ventilando en La Habana?
¿Qué es lo que hace que el ánimo de Juan
Manuel Santos no se doblegue ante todas las adversidades que rodean el proceso
de paz liderado por él?. ¿Que saben él y el conjunto de profesionales que lo
rodean en esta tarea que no conseguimos ver los observadores de unas negociaciones, que aparecen torcidas por todos los lados y que mantienen
en un rango tan bajo la favorabilidad del presidente de Colombia?.
Alguien con buen tino hacía referencia al hecho de
que dentro del electorado de su país el presidente se va acercando, a pasos
acelerados, a un índice de aceptación cercano a las de las FARC, que, por
fortuna solo alcanza 3%. Pero su tenacidad sigue siendo proverbial.
Se pregunta uno si es
políticamente correcto, jurídicamente válido y moralmente sostenible que un
gobernante con un apoyo popular tan exiguo como el que alcanza hoy el
Presidente de Colombia, enarbole una bandera tan determinante para el futuro de
su país y se empeñe en conseguir sus propuestas a troche y moche y en rediseñar
una nueva sociedad que incorpore a los criminales, sin la
manifiesta aprobación de sus connacionales. La últimas encuestas estiman
que el índice de apoyo del mandatario es cercano a 11%.
Beatriz
De Majo
bdemajo@gmail.com
@beatrizdemajo
El
Nacional
Miranda
- Venezuela
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