La
contribución de Vázquez y de otros líderes latinoamericanos que siguieran su
ejemplo, sería la mejor prueba del fracaso de las conductas propiciatorias de
divisiones sociales asumidas por el extinto Hugo Chávez y su delfín Nicolás
Maduro; el también fallecido Néstor Kirchner y sucesora Cristina Fernández, de
Argentina; o Rafael Correa, de Ecuador.
El
presidente uruguayo Tabaré Vázquez en su segunda presidencia (2005 - 2010/2015
- 2018), tiene la oportunidad de reintegrarle a Uruguay el prestigio
internacional ganado en el siglo xx por su respeto a la democracia y por sus
esfuerzos para que la misma prevalezca en Latinoamérica y desplegar el
compromiso que asumió hace unos días en Francia.
Vázquez,
quien ejerce la presidencia pro témpore de la Unión de Naciones Sudamericanas
(Unasur), el 28 de octubre en su visita a París coincidió con el jefe de Estado
de Francia, François Hollande, socialista, como él, en fortalecer "la
democracia, la libertad y la República”.
Su
antecesor José Mujica (2010- 2014), no fue el mejor exponente de esa tradición
uruguaya. Cuando en 2012 Paraguay fue expulsado del Mercosur y -ante el pedido
de la presidenta Dilma Rousseff- ingresada Venezuela sin que se cumpliera a
cabalidad el protocolo del Tratado de Asunción de 1991, Mujica justificó el
exabrupto regional con una frase: “lo político está por encima de lo jurídico”.
Vázquez
debe condicionar la misión electoral de Unasur a que también la OEA y la Unión
Europea supervisen las elecciones legislativas del 6 de diciembre en que serán
electos 167 diputados. El otro punto a exigir es la liberación de todos los
presos políticos previa al acto electoral.
Esos
dos reclamos ubicarían a Uruguay en la misma línea que numerosos ex presidentes
del mundo, entre los cuales los socialistas Ricardo Lagos (Chile), Felipe
González (España), Fernando Henrique Cardoso (Brasil), y otros como Oscar Arias
y Laura Chinchilla (Costa Rica), Alejandro Toledo (Perú), Felipe Calderón
(México) y Luis Lacalle (Uruguay).
Estos
apoyos se suman al pedido de libertad inmediata de Leopoldo López realizado por
Jorge Bergoglio (Papa Francisco), los presidentes Barack Obama (Estados
Unidos), Mariano Rajoy (España), Ollanta Humala (Perú), Juan M. Santos
(Colombia), el canciller de Canadá John Baird, el Parlamento de Canadá,
Parlamento Europeo,; el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU,
Zeid Ra’ad Al Hussein; Irwin Cotler, abogado del ex presidente sudafricano
Nelson Mandela, y organizaciones mundiales como Amnistía Internacional, Human
Right Watch, el Club de Madrid, la Federación Latinoamericana de Alcaldes y Foro
Iberoamérica, entre otros.
¿Por
qué lo haría Vázquez? Brasil ya se deslindó de la misión electoral de Unasur,
en un nuevo paso de distanciamiento del chavismo. Recuérdese que el 18 de junio
una misión de legisladores brasileños viajó a Caracas a interesarse por la
situación del preso político más emblemático de Venezuela, López, así como por
las condiciones de prisión de 80 estudiantes, fue mal recibida por el
presidente Nicolás Maduro, frustrada en su misión, y eso generó rispideces
entre ambos países.
El
Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri, candidato
presidencial que el 22 de este mes disputará segunda vuelta con el oficialista
Daniel Scioli, en caso de obtener el gobierno cambiará la política
internacional argentina según coinciden distintos analistas. Y si fuera Scioli
el triunfador, también deberá adecuarse a la nueva realidad legislativa
emergente de las elecciones del 25 de octubre, donde el kirschnerismo perdió
posiciones en el congreso, lo que se verá reflejado en una reorientación de las
relaciones internacionales.
Cierto
es que el argumento que permitiría a Vázquez dar ese paso lo ofrece un vidrioso
personaje: el fiscal venezolano Franklin Nieves –uno de los dos acusadores del
amañado proceso seguido contra Leopoldo López- quien hoy desde un flamante
exilio en EEUU confirmó lo que se sabía pero no podía constatarse.
Lo
que reveló el fiscal. Que son falsas las pruebas que condenaron a López a 14
años de prisión por supuesta participaron en hechos ocurridos el 14 de febrero
de 2014. Que recibió instrucciones directamente del presidente de la Asamblea
Nacional venezolana, Diosdado Cabello, para presionar a los testigos. Que se
inventó la existencia de un incendio causado por López en oficinas púbicas y
luego se obligó a funcionarios a declarar que debieron usar extintores para
sofocarlo. Que el juicio nunca tuvo audiencias públicas. Que el jefe de delitos
comunes de la fiscalía venezolana, Nelson Mejía Duran, le ordenó que no
permitiera la práctica de pruebas a la defensa de López. Que Cabello
personalmente convenció a la familia de López para que se entregara “para
sacarlo del juego político”. Que está “convencido al cien por ciento” de que
López es inocente de todos los cargo por los que fue condenado.
Naturalmente
que desde el régimen chavista se intenta descalificar a Nieves, pero ya la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), consideró que “habrá
consecuencia muy graves” de confirmarse estas denuncias.
“Se
ha hecho una denuncia muy grave de uno de los dos fiscales que estaban al cargo
del caso, en el sentido de que habría sido un montaje. La Comisión espera
recibir más información directa para emitir un pronunciamiento pero de la forma
que está planteado tendría consecuencias muy graves”, dijo el 28 de octubre en
Washington, en conferencia de prensa, Felipe González, relator para Venezuela.
Si
Vázquez viabiliza esas dos legítimas demandas estaría expresando la voluntad de
la mayoría de sus conciudadanos: los partidos Nacional, Colorado e
Independiente, que conforman la mitad del electorado le respaldarían y se
sumarían sectores del partido
gobernante
Frente Amplio, en realidad una coalición de partidos, liderados por el ex
vicepresidente y actual ministro de Economía Danilo Astori, más otros
legisladores oficialistas.
La
contribución de Vázquez y de otros líderes latinoamericanos que siguieran su
ejemplo, sería la mejor prueba del fracaso de las conductas propiciatorias de
divisiones sociales asumidas por el extinto Hugo Chávez y su delfín Nicolás
Maduro; el también fallecido Néstor Kirchner y sucesora Cristina Fernández, de
Argentina; o Rafael Correa, de Ecuador. Presidentes estos que instauraron la
práctica de confrontar permanentemente a sus propios conciudadanos,
colocándoles en una supuesta acera de enfrente -escuálidos, proyanquis,
fascistas, aquelarre, patéticos, infames, golpistas, antidemocráticos - sin
asumir que fueron y son presidentes de todos los ciudadanos que habitan sus
países.
Mediante
el uso abusivo de las cadenas radiales y televisivas derramaron desde el poder
extensas jornadas plagadas de insidia, promocionando la discordia entre
conciudadanos, en una actitud irresponsable de la que la historia les pasará
factura.
En
ningún caso es el talante para gobernar un país y menos con la perspectiva de
una importante desaceleración continental que demandará la mejor disposición de
los gobiernos al diálogo, así como de la cohesión social que permitan superar
el estancamiento de la pobreza ubicada en 167 millones de personas (28 %), e
incremento de la indigencia: 71 millones de habitantes (12%), en los países
latinoamericanos, según el último informe de la Cepal.
Hugo Machin
hugomachinfajardo@gmail.com
@hmachin
Uruguay
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