En vista de que todos los aspirantes a la
presidencia con más de 2 % de intención de voto pueden encajar en el laxo
concepto de derecha, y dado que todos ellos también —excepto César Acuña, que
es más bien un tardío exponente del clientelismo populista— tienen alguna
relación con el liberalismo, es posible preguntarse cuál es la relación exacta
con dicha doctrina: de disfraz (la coartada pragmática), de convicción (pero no
hay partido liberal en el Perú) o de pura conveniencia.
Algunas
polémicas alrededor de la libertad individual y el bien común pueden ayudar a
situarlos en el espectro. En algunos casos pareciera que ambos valores tienen
carácter de suma cero: tanto la unión civil, como la reforma del sistema
privado de pensiones, el canon minero o el consumo legal de drogas, por citar
cuatro ejemplos, requieren una posición respecto a cuánta capacidad de maniobra
están dispuestos a tolerar en el ciudadano respecto a decisiones que afectan su
vida y, solo eventualmente, la de los demás.
Descartemos lo más sencillo primero: la unión civil. Aquí la elección personal
no tiene ninguna repercusión negativa en la sociedad, por lo que en un Estado
laico no debería estar ni siquiera en discusión. No se puede alegar daño moral
en tanto el laicismo consiste básicamente en prescindir de regentes éticos
extrarrepublicanos. Convengamos en que es solo un atavismo religioso que, tarde
o temprano, desaparecerá. En este rubro, la inclusión de Bruce se vuelve una
declaración de principios para PPK y, en cambio, el pepecismo se convierte en
una rémora histórica.
El libre
consumo de drogas y el sistema privado de pensiones son asuntos más complejos.
En ambos casos se puede argüir que la decisión individual posee consecuencias
colectivas que deberá asumir el Estado: la adicción y el desamparo. Pero
también es cierto que hay drogas legales, como el alcohol y el tabaco1, que
rigen su dinámica a través del libre mercado y cuyas posibles consecuencias, en
términos de salud pública, se asumen a través de impuestos (al menos en
teoría). Se entiende, por ello, que además de estar gravadas por IGV, posean un
escandaloso impuesto selectivo al consumo. Si el Estado tolera algunos
estupefacientes a costa de castigarlos con tributación, debería ser consistente
y explicar cuál es el criterio de descarte. O prohibirlos todos. Cualquier otra
medida parece un capricho sectorial y es definitivamente heterodoxa.
En el
caso del sistema de pensiones es evidente que el Estado peruano plantea una
contradicción. Desde el autogolpe de 1992 se nos ha aleccionado en que el
mercado es el mejor decidor de todo aquello que nos permite (sobre)vivir:
precios de alimentos, intereses hipotecarios, etc. ¿Por qué, entonces, un
ciudadano estaría obligado a realizar ahorros forzosos? Se argumenta que el
Estado asume que no somos capaces de planificar nuestro retiro de la PEA. Es
decir, nuestro presente se debe regir por la mano invisible, pero nuestro
futuro debe estar protegido de nosotros mismos. Esta idea es inaceptable, pues
atenta contra unos de los pilares del liberalismo: el derecho a fracasar. Lo
cierto es que el sistema privado de pensiones es mercantilista, pues
básicamente funciona como una prebenda del Estado a ciertos agentes del
capital. No se puede ser liberal a veces sí y a veces no. En este punto, ni
siquiera nos podemos apoyar en la idea del bien común para encontrar una
salvaguarda: el 85 % de los peruanos no aporta a ningún sistema pensionario.
Como es evidente, este no resuelve el abandono y, en cambio, oprime a sus pocos
aportantes. Bastaría hacerlo opcional. O derribar su premisa: el mercado no
debe regir nuestras vidas. Sería interesante escuchar posturas al respecto.
El caso
del canon minero es más truculento: el derecho a la propiedad individual está
garantizado, pero la riqueza que pueda contener es ajena, es decir, nacional,
es decir, de todos y de nadie. Si a esto se le suma el legado minifundista de
Velasco, lo que resulta sorprendente no es que existan conflictos sociales,
sino que sean tan pocos. En Texas se asegura la propiedad privada del subsuelo2
y en Alaska se reparten asignaciones gratuitas3; aquí, Alan García y Waldo
Ríos, con distinto éxito, han hecho suyas esas iniciativas. ¿Debe la República
liberalizarse o es posible encontrar caminos intermedios que concilien el bien
común con el mandato constitucional y el derecho a la propiedad?
Los
liberales preguntan: ¿sabe el Estado mejor que yo qué es lo que a mí me
conviene?
Los
estatistas preguntan: ¿puede la nación atomizarse en 30 millones de decisiones?
¿Será posible plantear un debate electoral
en estos términos?
Jerónimo Pimentel
@jeropim]
No hay comentarios:
Publicar un comentario