Los resultados de las
últimas elecciones el 20D, muestran que la crisis política del Estado español
se agudiza cada día que pasa, al hilo de la depresión económica. El
empobrecimiento de las clases populares ha restado credibilidad al sistema
social; al mismo tiempo, la apropiación de los bienes públicos por el capital
privado y la incapacidad para resolver los graves problemas económicos que
atraviesa el país, han erosionado fuertemente la credibilidad del gobierno
conservador ante la opinión pública, afectando también al actual orden
constitucional. Como muestran los sondeos del CIS (Centro de Estudios
Sociológicos) la población española considera que la corrupción es el principal
problema del país detrás del paro; a pesar de ello, las encuestas que publican
los medios de comunicación nos hablan de la aceptación mayoritaria del nuevo
monarca por la población española. Es cierto que los partidos del modelo
juancarlista mantienen el 50% de los votos válidos; por tanto, de momento
parece la monarquía ha conseguido aguantar el envite en el límite de sus
posibilidades, y todavía puede rehacerse, en buena medida a causa de las
debilidades y errores de las fuerzas que buscan un nuevo modelo social.
Sin embargo, las
reivindicaciones a favor de un proceso constituyente siguen estando a la orden
del día, al tiempo que el sistema político está puesto en cuestión por los
escándalos relacionados con la corrupción. La reforma de la Constitución es una
necesidad evidente, hasta para las propias fuerzas conservadoras; se sabe desde
hace tiempo que la monarquía quiere modificar el artículo de ley que impide que
las mujeres ejerzan la jefatura del Estado. Pero frente a la reforma controlada
que propugnan las fuerzas liberales que gobiernan el Estado español, se alzan
diferentes agentes sociales que exigen un proceso constituyente que profundice
la democracia hacia un orden político con mayor participación ciudadana: un
Estado republicano.
Mientras el sistema
social capitalista se precipita hacia el caos bélico y el fascismo fascista, la
solución de los problemas económicos solo será favorable para las capas
subalternas, si éstas son capaces de organizarse y transformar el orden
político actual, acabando con el poder de la oligarquía financiera. La
violencia fascista y la guerra no son sino la otra cara del desorden social
capitalista: a medida que las capas más pobres de la sociedad se hunden en la
miseria, los ricos aumentan exponencialmente sus propiedades privadas y la
violencia se instala en las estructuras sociales. Todo ello apunta a la
necesidad transformar las estructuras sociales de este orden capitalista
liberal, y cada vez más ciudadanos se dan cuenta de ello. Pero en el debate
político es necesario todavía clarificar los objetivos y los medios mediante
los que puede producirse esta transformación.
La contradicción
principal
Mientras la
estrategia de la derecha consiste en profundizar la estructura clasista de la
sociedad, a través de la promoción de un empresariado competitivo, creado a
partir de la privatización de lo público –transfiriendo poder económico desde
el Estado a las empresas privadas-, la estrategia de la izquierda consiste en
reforzar el tejido asociativo de la sociedad civil, potenciando el debate
público y la participación ciudadana –transfiriendo poder político desde el
Estado hacia los movimientos sociales-. Ambos modelos de sociedad pueden
describirse como la tradición liberal y la republicana de la democracia.
Hay que situar, por
tanto, la contradicción principal del actual momento político en la forma del
Estado: monarquía liberal o república democrática. Las fuerzas sociales
democráticas deben tener clara esa alternativa para evitar una catástrofe
política similar a la transición del 78. A los dos agentes que promueven esa
contradicción voy a denominarlas respectivamente, a) el bloque conservador, que
consta esencialmente de tres partidos liberales: PP (Popular), PSOE (Socialista
Obrero Español) y C’s (Ciudadanos) –a estas alturas de la historia llamar
socialdemócrata al PSOE es un mal chiste, o si se prefiere, una falsificación
ideológica de primera magnitud-; y b) el bloque constituyente, al que
provisionalmente voy a considerar compuesto por todos las demás fuerzas
políticas: Podemos, IU y nacionalismos periféricos –si bien es necesaria una
clarificación que irá decantándose conforme el proceso político vaya
avanzando-.
El bloque conservador
El bloque conservador
constituye la representación política de la oligarquía financiera –la capa
social dominante en España y en Europa-, y su política económica llamada ‘de
austeridad’ viene determinada por los intereses de la economía financiera que
domina los mecanismos mercantiles y empresariales en el capitalismo.
Tradicionalmente la fracción de esa oligarquía en el Estado español ha
considerado la monarquía parlamentaria liberal, como su mejor instrumento
político de dominación –si bien el siglo pasado tuvo que sustituirla por una
dictadura basada en el integrismo católico, como se recordará-. La monarquía en
representación de la oligarquía financiera, es, pues, la fuerza hegemónica en
el bloque conservador; y todavía ha sido capaz de mantener su hegemonía
política en España tras las elecciones del 20D, a través del 65% de los votos
válidos que han sido recogidos por las tres fuerzas liberales –lo que supone más
del 70% de los diputados electos en el Congreso-. Pero fuera de este bloque han
quedado 97 diputados que representan más del 35% de los votos. Hay pues una
oposición fuerte que todavía no puede poner en peligro la actual dominación del
capital financiero en España, pero que representa un riesgo importante si
llegara a desarrollarse; la estrategia política que seguirá la monarquía será
integrar de alguna manera a esas fuerzas rupturistas en el sistema liberal, o
al menos una parte sustancial de los mismos –como se hizo en la Transición del
78.
El mayor reto para el
orden liberal es la posibilidad de disgregación del Estado español por las
reivindicaciones soberanistas de las nacionalidades periféricas. Es en éstas
donde el bloque conservador es más débil: no llega al 40% en Cataluña y en el
País Vasco ni siquiera al 30%, mientras que en Galicia y en el País Valenciano
la coalición republicana supera el 25%, superando al PSOE como segunda fuerza
más votada. En Madrid y Asturias hay que sumar los votos de Podemos e IU para
obtener resultados por encima del 25%, pero al haberse presentado por separado
la victoria ha quedado deslucida.
El peligro que
representan esos resultados es evidente para las fuerzas gobernantes. De ahí la
contundencia con que los mecanismos del poder monárquico han respondido a la
exigencia de ejercer el derecho de autodeterminación. El último episodio de esa
línea de acción se nos mostró en la constitución de las Cortes el pasado 13 de
enero. No habían transcurrido dos días desde la investidura de Carles
Puigdemont como Presidente de la Generalitat, cuando se hizo explícito el pacto
de Estado entre PP, PSOE y C’s, para intentar sostener el actual orden político
a través de la constitución del Parlamento español; es evidente que estos
partidos estaban esperando los acontecimientos catalanes para adoptar sus
propias decisiones. Si se hubieran repetido las elecciones en Cataluña, es muy
posible que hubiera pasado lo propio con las generales, quizás dependiendo del
resultado de aquéllas y con consecuencias imposibles de predecir.
La constitución de
las Cortes ha sido un banco de pruebas donde se ha podido ver las líneas
maestras de las diferentes fuerzas políticas en la actual coyuntura. El pacto
liberal se ha materializado a través del control de las cámaras legislativas
por el tripartito conservador. Dado que el Senado está controlado por el PP,
con una mayoría absoluta de diputados que no obstante representan unas pocas
décimas más del 20% del electorado, quedaba por controlar la cámara baja, lo
que se ha conseguido a través del acuerdo entre PP, PSOE y C’s. Y se ha
visualizado en las votaciones para la mesa de las Cortes, el órgano que debe
dirigir los debates parlamentarios, nombrando a Patxi López como presidente del
Congreso y cediendo las secretarías segunda y tercera a C’s. Recordemos que
López fue Lehendakari en el País Vasco con los apoyos del PP, del mismo modo
que ahora es Presidente de las Cortes con los mismos apoyos, en este caso
indirectos mediante la abstención. El símbolo no puede ser más claro.
Una vez constituidas
las Cortes se elegirá un jefe de gobierno –que según toda probabilidad, será el
candidato del PP-, que tendrá que gobernar en minoría. Los pronósticos afirman
que en caso de repetirse las elecciones los resultados serían similares a los
actuales, y no despejarían el problema de la gobernabilidad. Si bien es muy
posible que el periodo legislativo no se prolongue hasta el final legal de
cuatro años, los liberal-conservadores intentarán una mínima estabilidad para
no correr riesgos imprevisibles. Para ello, dentro de este bloque se deben
dilucidar varias cuestiones de orden político. La primera es si se van a
derogar una serie de leyes que han sido promulgadas en la pasada legislatura y
que han sido ampliamente rechazadas por la ciudadanía. La segunda, es cómo
tratar el problema de la corrupción del Estado, para hacer posible la
construcción de una economía saneada y eficiente. La tercera, con qué fuerzas
sociales se va a resolver la crisis de la economía española y que estructura
económica va a configurar el orden social tras crisis. Pero el punto de
confluencia que ha hecho posible el pacto de Estado se constituye alrededor del
combate contra las fuerzas centrífugas de la sociedad española; la clave de ese
conflicto consiste en que los movimientos políticos de la periferia peninsular
apuestan por la forma republicana del Estado. Situados en estas coordenadas,
las líneas rojas del debate político se sitúan alrededor de la cuestión
nacional.
Seguramente, el
Estado liberal en Europa tiene suficientes recursos para neutralizar la fuerte
contestación interna, que ha nacido al calor de la crisis y que ha alcanzado
importantes niveles de organización. Esa neutralización de las fuerzas
emergentes ha sido escenificada el verano pasado por la rendición de Syriza,
que muestra la imposibilidad del reformismo. Por tal, muchos ciudadanos,
recordando la Constitución del 78, piensan que Podemos jugará el mismo papel
político que jugó en aquel momento el PSOE: integrar la contestación social a
través del reformismo parlamentario. Esa maniobra, sin embargo, resulta
imposible por la profundidad y extensión de la crisis del capitalismo
financiero: la quiebra de la socialdemocracia es la prueba más evidente de
ello. Lo que significa que se ha abierto una larga etapa de turbulencias
políticas, cuyo final no está predeterminado en los planes de los agentes
sociales, sino que será consecuencia de las luchas de clases.
El bloque
constituyente
La crisis política de
la monarquía liberal puede visualizarse en ese 35% de diputados que quedan
fuera del pacto de Estado. Podemos ha conseguido la tercera vicepresidencia y
la cuarta secretaría, sumando los dos votos de IU a los 69 diputados obtenidos
en sus listas. Teniendo en cuenta que el PSOE de la transición era una fuerza
monárquica, capaz de confundir a la opinión pública, nunca una izquierda con
pretensiones de impulsar el cambio social a favor de las clases populares había
obtenido tanta fuerza y tantos escaños en las Cortes desde la época de los
Frentes Populares.
Pero este bloque
constituyente tiene importantes debilidades. En primer lugar, la teoría
política de los líderes de Podemos, carece de consistencia y profundidad, imita
el populismo de izquierdas que hemos visto aparecer en América Latina y que ya
ha mostrado sus límites y está en retroceso. Su línea de trabajo se funda en el
politicismo puro, sin una teoría social e histórica que pueda proyectarse en un
plan de acción a largo plazo; es un pensamiento débil y posmoderno. En esas
condiciones, las tentaciones de echarse en brazos del enemigo serán grandes, y
la contestación social habrá que buscar otros derroteros, bien por evolución de
ese grupo, bien por su sustitución; o bien, durará lo que dure el auge político
de la nueva formación, dejándonos en manos de la reacción.
En segundo lugar,
este bloque histórico contiene dos fuerzas dispares: los nacionalismos periféricos
que combaten a la oligarquía financiera española, y las fuerzas populares que
combaten la hegemonía neoliberal en la sociedad capitalista tardía. Ambas
tienen un objetivo común que puede producir un pacto estable: la República –no
solo cambiar el gobierno o la forma externa del Estado, sino transformar la
estructura social de los pueblos peninsulares-. Sin embargo, las discrepancias
siguen siendo notables: los líderes de Podemos se han referido negativamente al
pacto catalán como un estorbo para sus planes, aunque han tenido que aliarse
con fuerzas políticas que reclaman el derecho de autodeterminación para poder
obtener un apoyo sustancial –téngase en cuenta que casi la mitad de sus
diputados provienen de las nacionalidades periféricas; más si añadimos el
componente andaluz, donde Podemos tiene una importante influencia de la CUT-SAT
(Candidatura Unitaria de Trabajadores- Sindicato Andaluz de Trabajadores).
El bloque histórico
constituyente se ha fortalecido de manera importante con las últimas elecciones
generales, si bien no es capaz de romper todavía la actual hegemonía política
liberal. En ese sentido, su debilidad principal estriba en que no está
unificado alrededor un plan claro de acción –aparte del acuerdo generalizado
acerca de la necesidad del proceso constituyente-; existen varios proyectos
diferentes, los cuales habrían de ser conjugados para presentar batalla ante la
política conservadora. Sólo una opción clara en la lucha por la república, hará
posible la confluencia de las fuerzas constituyentes. En Cataluña, donde el
bloque Constituyente tiene mayoría absoluta, hay una división acerca de la vía
a seguir para ejercer el derecho de autodeterminación de los catalanes –o como
se dice ahora, el derecho a decidir-; lo que se manifestó plenamente en la
investidura del presidente de la Generalitat con los votos en contra de las
fuerzas de una parte de la izquierda, En Comú. Para éstas, la hegemonía de CDC
(Convergencia Democrática de Cataluña) en el bloque constituyente es
inaceptable, por la necesidad de combatir las políticas neoliberales de
austeridad, que han sido aplicadas por ese partido. Otra parte de la izquierda,
las CUP (Candidaturas de Unidad Popular), han apoyado la investidura de un
presidente de CDC con tal de poner en marcha el proceso soberanista.
Cabe cuestionar la
sinceridad con que CDC proclama su intención de constituir una República
catalana, y la forma que esa formación política adoptará bajo la hegemonía de
ese partido. Pero es claro que su hegemonía está cada vez más cuestionada en
Cataluña, y no parece que pueda dirigir, ni controlar el proceso hacia una
República democrática. Sin menospreciar la actitud de En Comú, que manifiesta
un planteamiento coherente con sus objetivos políticos combatiendo a CDC,
considero también que la decisión de las CUP ha sido acertada. En primer lugar,
porque hemos visto cómo en las últimas elecciones catalanas el nacionalismo
español fue utilizado para despistar a las clases populares, que votaron
masivamente a C’s, el partido del Ibex35. Barrios barceloneses, que habían
votado mayoritariamente a la candidatura de izquierdas, haciendo posible que
Ada Colau accediera a la alcaldía, cambiaron el sentido de su voto ante la
disyuntiva de votar catalanismo o españolismo. Pero esa capa social que vota un
programa liberal por motivos nacional-ideológicos no es, ni mucho menos, una
clase obrera consciente y combativa por sus intereses de clase, que son los
intereses de la humanidad, sino una corriente social que busca obtener
privilegios frente al resto de las poblaciones por el mero hecho de no
pertenecer a la nación española. C’s puede convertirse en el núcleo de un
partido similar al de Le Pen en Francia, el Frente Nacional. El peligro de
fascismo en Europa es muy grave en nuestros días, y conviene sentarse a pensar
cuál es la mejor manera de combatirlo. ¿Cómo se puede tildar de progresista a
quien vota un partido de estas características?
Hay pensadores de
izquierdas que subrayan este hecho –la hegemonía burguesa en el nacionalismo-,
para afirmar que el catalanismo es una hoja de parra para la tapar las
vergüenzas de la clase dirigente catalana. Esta argumentación desconoce que la
enorme movilización popular que ha tenido lugar en Cataluña estos años, adopta
un carácter republicano en contra de la monarquía liberal. Por debajo del
conflicto entre el nacionalismo español y el catalán, hay un problema hondo y
central en el desarrollo del modo de producción capitalista: la cuestión
republicana frente al liberalismo. Las capas burguesas y pequeño-burguesas de la
sociedad pueden optar por un horizonte republicano, si caen bajo la hegemonía
del proletariado organizado; mientras que la burguesía en el poder está
hegemonizada por el capital financiero liberal. Ese es el desafío principal,
porque la clase obrera española y europea, pertenecen a lo que Lenin llamaba
aristocracia obrera, con todos los problemas que éste señaló en su teoría del
imperialismo. Difícilmente podría estas capas sociales dirigir un proceso
revolucionario hacia la República, a menos que la proletarización creciente del
pueblo despierte la memoria histórica de las luchas sociales en la península
ibérica.
Por otro lado, se
señalan los enormes costos económicos que tendrá la desconexión con España,
para Cataluña y para los mismos españoles. Alguien señalaba hace poco que los
empresarios catalanes están en contra de la independencia catalana, e incluso
empiezan a emigrar de este país… Es como decir que los empresarios catalanes,
la burguesía, no están de acuerdo con el partido que los representa y que
impulsa la independencia y la República. No vendría mal aprender un poco de
lógica para explicar esto: o CDC no es el partido de la burguesía, o la
burguesía está dividida respecto a la vía de salida de la crisis, o en realidad
CDC es otro partido liberal que no quiere la república ni por tanto la
independencia, sino que utiliza esa consigna para distraer la opinión pública
de los graves problemas sociales que atraviesa el país. De hecho hemos visto
este año a la CDC separarse de la UDC (Unió Democràtica de Catalunya) este
mismo año. Alguien debería aclararnos de qué estamos hablando cuando decimos
burguesía catalana.
Si parece
incontrovertible que CDC es el partido de la burguesía catalana, hay aclarar
qué significa este término: ¿qué es la burguesía catalana? ¿No es verdad que el
capital no tiene patria? La burguesía no es una capa social homogénea, está
compuesta de diversas fracciones, aunque todas ellas están hegemonizada por el
capital financiero; son los intereses financieros los que determinan el rumbo
de la economía capitalista –en ausencia de un Estado obrero que pueda controlar
mínimamente esos intereses-. Pero es justamente el capital financiero el que ha
entrado en crisis, causada por una profunda corrupción y una gestión pésima de
sus activos; ¿no puede significar eso que una parte de la clase capitalista,
los industriales y comerciantes, por un lado, o la pequeña burguesía, por otro,
estén en proceso de rebelión contra los dueños del dinero?
La crisis de la
burguesía catalana, su reposicionamiento, se habrá de visualizar en la
recomposición del nacionalismo catalán; si está hoy en día dirigido por una
parte de la gran burguesía, pronto la hegemonía de CDC podría ser sustituida
por la de ER (Esquerra Republicana, la pequeña burguesía catalana). De hecho la
propia CDC parece estar cerca de caer en manos de la pequeña burguesía con
Puigdemont a la cabeza –profesional liberal, hijo de los pasteleros de su
pueblo, casado con una rumana inmigrante-. Lo que eso significa es una división
en el interior de la clase dominante acerca de los medios para superar la
crisis. El capitalismo financiero, que adoptó hace tres décadas y media el
programa de gobierno neoliberal, para obtener una hegemonía indiscutida, ha
entrado en crisis, y el capitalismo industrial entra en fase de rebelión. No
despreciemos esa rebelión, todas las fuerzas sociales serán necesarias para
avanzar en la historia.
Desde el punto de
vista económico, para evitar ideologismos y debates estériles, lo importante es
saber cuál es la mejor salida a la crisis. ¿Acaso la desconexión de Cataluña es
más catastrófica que la gestión liberal de la crisis que practica el gobierno de
España? ¿Qué nos va a costar más a los pueblos peninsulares –y a los africanos
bajo soberanía española-, la continuidad del sistema o la alternativa popular
republicana? Esta pregunta no se puede responder ahora mismo, pero creo que la
cuestión se va a dilucidar en el año 2016. Mientras tanto podemos seguir con el
debate. Cuando se contemplan los costes de la independencia, pueden sentirse
los escalofríos. Pero ¿no es más escalofriante la deriva fascista y belicista
del capitalismo liberal?
Gramsci y la cuestión
nacional
A los intelectuales
de izquierda en este país les gusta citar a Gramsci. Seguramente saben que el
pensamiento de la nación italiana es importante para este intelectual orgánico
de la clase obrera italiana. Tal vez se pueda trasponer esa idea gramsciana a
la nación española, como hizo Laclau respecto de la nación argentina –lo que
nos da Podemos-. Pero entonces tropezamos con las nacionalidades periféricas
del Estado, que se elevan como un obstáculo insuperable para esa teoría
populista del Estado español. No me cabe duda de que esto provoca las iras de
algunos dirigentes de izquierda.
Pero voy a plantear
la cuestión gramsciana de otro modo: el nacionalismo puede ser y será utilizado
como cemento para formar un bloque social con raíces populares. Pero la
cuestión decisiva es qué clase social va a alzarse con la hegemonía en ese
bloque histórico. Todos conocemos la respuesta de Gramsci: la clase obrera
consciente debe dirigir el bloque histórico hacia la conquista del socialismo.
Mi pregunta entonces es: ¿puede construirse un bloque histórico dirigido por la
clase obrera sobre la base del nacionalismo español? ¿Se intentó en la II
República? No, con la táctica de Frente Popular la hegemonía política siguió en
manos de la burguesía. Se intentó en Asturias en 1934 y se fracasó; se intentó
en Cataluña en 1937, y también se fracasó. ¿Se puede volver a intentar? Tal
vez; pero entretanto algunos hemos llegado a la conclusión de que eso no es
viable bajo el nacionalismo español. Los que nos educamos bajo el franquismo
sabemos lo que esa máscara de la españolidad oculta: genocidios, represión
inquisitorial, falsificación de la historia,… Una identidad construida con los
peores vicios históricos. Conviene recordarlo.
Por eso nos hemos
vuelto hacia otras formas de nacionalismo presentes en el Estado español.
¿Puede el bloque histórica catalán estar hegemonizado por la clase obrera
consciente? La experiencia histórica da una respuesta afirmativa: la revolución
del 1936 en Cataluña. Dar por cerrada la cuestión y decir que el nacionalismo
catalán está hegemonizado por la burguesía, es dar por perdida la batalla de
antemano. De hecho la hegemonía está cambiando dentro de ese bloque social en
estos años. El crecimiento de las CUP y el afianzamiento de ERC en las últimas
elecciones, así nos lo indican. Y el golpe que ha sufrido el pujolismo
dirigente de CDC, ha sido una magnífica maniobra política que va en el sentido
de remover la hegemonía de la burguesía liberal en Cataluña.
Pero estamos muy
lejos de conseguir siquiera la existencia de una clase obrera organizada y
consciente, aunque algo se va consiguiendo estos años. El desarrollo social
hacia el socialismo tiene un carácter republicano y democrático insoslayable, y
los errores de los partidos comunistas comienzan por no haber depurado
suficientemente los elementos liberales de la ideología que defienden –en su
ideología, que resulta ser una perversión del marxismo; pero no en la sociedad,
no estoy defendiendo la checa-. Si el socialismo, que es la tarea fundamental
de la humanidad moderna, no está hoy en día al alcance de nuestras fuerzas, lo
que sí que podemos hacer es construir las herramientas que nos permitan avanzar
para superar el capitalismo. Y entre esas herramientas, una fundamental es un
Estado democrático participativo, la República. Es en ese sentido que es
necesario romper con el Estado español monárquico liberal. Y es en ese sentido
que la dinámica política en el Estado español se articula desde hace un par de
siglos en el eje del conflicto entre el centralismo borbónico y la periferia
republicana. Merece la pena tener en cuenta a los catalanes, aunque solo sea
para volver a ver el horizonte republicano en los pueblos de la península
ibérica.
Cabe preguntarse si
esa dinámica política resultará fecunda para la historia de los pueblos de la
península ibérica, o será solo una cortina de humo para ocultar problemas más
importantes y decisivos, que afectan a los españoles en estos momentos de grave
crisis económica. En mi opinión clarificar esta cuestión es fundamental para
que la izquierda oriente su acción política hacia resultados factibles y
provechosos para el pueblo trabajador.
Rebelión ha publicado
este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative
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