Durante las
últimas semanas hemos visto reiteradas manifestaciones de bloqueo por parte del
Tribunal Supremo de Justicia a cualquier decisión de la Asamblea Nacional que,
a juicio del oficialismo, afecte o choque con los intereses del gobierno. Tal
fue el caso de la anulación arbitraria de la elección de los diputados de
Amazonas, o la invalidación de varias leyes aprobadas por el nuevo parlamento por
considerarlas inconstitucionales. El último ejemplo fue la sentencia de la Sala
Constitucional que echó por tierra la nueva Ley del BCV, sancionada el 3 de
marzo de 2016, la cual pretendía reformar el absurdo y disparatado decreto N°
2.179 de reforma parcial de la ley del instituto emisor, dictado por el
presidente Maduro el último día de vigencia de la más reciente Ley Habilitante.
Al analizar dicha sentencia se asombra uno por lo banal y
poco sólida que es. Así, en la nueva ley, al igual que en la que estuvo vigente
hasta hace poco, se establecía que la
decisión de remover a cualquier miembro del Directorio la tomaría la Asamblea
Nacional con el voto de las dos terceras partes de los integrantes presentes de
ese cuerpo, después de cumplirse un procedimiento debidamente sustentado que
justificara aquella remoción. Esa norma pretendía sustituir otra contenida en
el decreto de diciembre de 2015, según la cual quien toma la decisión de
remoción es el presidente de la República. En la sentencia del TSJ se argumenta que la remoción por parte del
Parlamento podría afectar la autonomía del instituto emisor, ya que, al no ser
el órgano competente constitucionalmente para hacer las designaciones, tampoco
puede remover a los mencionados funcionarios. Ese punto, sin embargo, no tiene
mayor sustento, ya que la autonomía del BCV está mucho más amenazada si es el
presidente de la República quien tiene la potestad de remover a cualquier
director, en vez de un cuerpo colegiado y plural, como la Asamblea Nacional.
Dice la sentencia del TSJ que resulta evidente que lo que
se pretende con la nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional es asegurar por
parte de la mayoría del Parlamento el control político del BCV, lo cual riñe
con los preceptos de la Constitución. En consecuencia, rechaza la ley por
inconstitucional, y ratifica la vigencia del decreto con rango de ley de
diciembre de 2015, permitiendo que el presidente de la República decida que el
BCV siga financiando gasto público deficitario, supuestamente para evitar un perjuicio
al interés público, a pesar de la prohibición explícita de la Constitución a
ese tipo de práctica, al establecer en su artículo 320 que el BCV “no estará
subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar
políticas fiscales deficitarias”.
Adicionalmente, y en contravención con lo establecido en la carta magna,
se le permite al primer magistrado ordenarle al instituto emisor suspender la
publicación de información, con el fin de preservar la estabilidad económica de
la Nación. También exime a las autoridades del Banco Central a comparecer ante
la Asamblea Nacional, a pesar de que el artículo 319 de la Constitución dice
“El Banco Central de Venezuela se regirá por el principio de responsabilidad
pública, a cuyo efecto rendirá cuenta de las actuaciones, metas y resultados de
sus políticas ante la Asamblea Nacional, de acuerdo con la ley. También rendirá
informes periódicos sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas
del país y sobre los demás asuntos que se le soliciten, e incluirán los
análisis que permitan su evaluación. El incumplimiento sin causa justificada
del objetivo y de las metas, dará lugar a la remoción del directorio y a
sanciones administrativas, de acuerdo con la ley”.
Como se ve, son estas sentencias del TSJ las que violan
la Constitución, organización que lo que hace es defender los intereses del
gobierno, en vez de impartir justicia de forma imparcial y en apego a la ley.
Pedro Palma
palma.pa1@gmail.com
@palmapedroa
Caracas - Venezuela
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