CON LA CONSTITUCIÓN EN LA MANO
Algunos dirigentes opositores plantean como objetivo para este año la realización
de unos comicios generales de todas las autoridades del Poder Ejecutivo y
representantes populares ante los órganos deliberantes. Esto incluye, desde
luego, al Presidente de la República.
De nuevo nuestros dirigentes vuelven a subestimar la capacidad
manipuladora de Nicolás Maduro y a proponer metas inalcanzables. Las elecciones
generales no están previstas en la Carta del 99. Para llevarlas adelante
tendría que realizarse previamente una reforma constitucional, para lo cual
habría que convocar un referendo aprobatorio, cuya fase inicial debería ser
sancionada por el TSJ. Toda una complicación retorcida, costosa e improbable.
No queremos aprender de la amarga experiencia que significó la imposibilidad de
lograr el referendo revocatorio propuesto en 2016. Si no se pudo materializar
el RR -a pesar de estar señalado en el artículo 72 de la Constitución, de haber
sido Hugo Chávez su creador y promotor,
y de haberse sometido el propio caudillo a esa prueba en 2004-, mucho menos
cristalizará una fórmula ni siquiera contemplada en la Carta Fundamental. Sería
otra desilusión.
A Nicolás Maduro hay que imponerle la democracia y las elecciones con
los instrumentos proporcionados por el pacto constitucional. No existe otra
vía. El camino insurreccional conduciría
al fracaso. No hay fuerza, ni es conveniente, paralizar el país bajo la
consigna de ¡Elecciones generales ya! Entonces, qué queda.
Queda vincular las elecciones de gobernadores y alcaldes previstas para
este año con la descentralización, la reforma institucional y política más
importante de la segunda mitad del siglo XX en Venezuela. La descentralización
surgió como una reivindicación de la provincia, recogida y potenciada por la
Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, Copre, a mediados de la
década de los 80. Para los ciudadanos del interior se había convertido en un
imperativo elegir sus propios gobernadores y alcaldes. Durante su fase inicial,
ese cambio institucional tuvo efectos altamente positivos. Se renovó el
liderazgo político nacional a partir de los nuevos rostros que fueron
apareciendo y se elevó considerablemente la eficiencia de esas viejas instituciones que eran las gobernaciones en
manos de las autoridades designadas por el poder central.
Este cambio fundamental fue revertido por el chavismo-madurismo. Con
Nicolás Maduro, la provincia ha regresado a una condición aún peor que la
existente antes del inicio del proceso descentralizador. En la actualidad la
provincia se encuentra marginada y empobrecida como nunca antes. La situación
se explica por el modelo económico y por el centralismo y el presidencialismo,
llevados hasta extremos antes desconocidos. Para la gente del interior resulta
esencial volver a sentir que sus autoridades están comprometidas con sus
estados y municipios. Esta labor de recuperación y relanzamiento de la
descentralización no es sencilla en las actuales circunstancias. El régimen
estructuró un esquema piramidal donde el poder se concentra en la cúpula. Desde
Chávez se instaló una autocracia militarista retrógrada que les confiscó las
competencias a los gobiernos subnacionales y acabó con la división vertical del
poder dentro del Estado.
Aquí reside uno de los grandes retos de la oposición democrática:
recuperar la importancia estratégica de la descentralización para democratizar
el poder, redistribuirlo en todos los órganos del poder Ejecutivo y empoderar a
los ciudadanos. El punto de partida de
esa reconquista reside en las elecciones de gobernadores.
Existe la posibilidad de que el régimen pierda la inmensa mayoría de las
gobernaciones y desconozca, por lo tanto, a los mandatarios de la oposición,
tal como ocurrió con la Alcaldía Metropolitana. En una dictadura ese peligro
siempre está presente. Sin embargo, la alternativa es peor: que la oposición se
desentienda del destino de la provincia y permita que los nefastos gobernadores
y alcaldes rojos sigan dejando que el interior languidezca en medio de la ruina
y el abandono.
Levantar la bandera de las elecciones regionales este año despertará el
ánimo de los sindicatos, gremios, federaciones, movimientos estudiantil,
sociedad civil y partidos políticos, negados a aceptar que el centralismo
comunista destruya las conquistas conseguidas en el pasado cercano.
Hay que obligar, Constitución en mano, a Maduro a convocar esos
comicios. El plazo para elegir los gobernadores está vencido; para los alcaldes
sólo faltan algunos meses. A Maduro hay que tenderle un cerco institucional
avanzando desde la provincia hacia el centro. Sólo podrá negarse a convocar las
votaciones si se declara dictador. Hay que obligarlo a que tome una decisión y
entonces sabremos a qué atenernos.
Trino Marquez Cegarra
trino.marquez@gmail.com
@trinomarquezc
Miranda - Venezuela
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