Tal
como ha sucedido otras veces, la vertiginosa realidad se llevó el tema al cual,
hasta ayer, pensaba dedicar esta columna: la conexión entre las detenciones de
los familiares de Maduro, con pasaportes diplomáticos venezolanos, y las
extrañas vinculaciones de la familia Kirchner con Hugo Chávez y su sucesor;
deberá que esperar otra oportunidad.
En
el cierto crepúsculo de la década más infame que recuerde nuestra historia
moderna, encabezada por un matrimonio que hace caso omiso de los derechos
humanos actuales y finge abrazar los de los viejos terroristas para lograr la
impunidad para los enormes delitos de corrupción que han cometido, algunos
jueces siguen recitando su canallesca e inmunda venganza, olvidando la esencial
función que la sociedad les ha encomendado.
En
este caso, me refiero a quienes integran el Tribunal Oral Federal de La Plata,
presidido por el asesino Carlos Rozanski, acompañado por Pablo Vega y Pablo
Jantus, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, compuesto por Néstor Parra,
Mario Portela y Roberto Falcone, y el Juzgado Federal de Tucumán, a cargo de
Daniel Béjas. Pero todo se andará y estos son nombres para recordar.
El
jueves, los magistrados de Mar del Plata revocaron la prisión domiciliaria
otorgada a varios militares y ordenaron su traslado al penal de Marcos Paz. El
caso paradigmático fue el del Cnel. Carlos Saini, a quien la comisión policial
encargada de cumplir esa orden lo encontró mientras celebraba, en familia, su
88° cumpleaños. Coordinadamente y entre otros, fueron también encarcelados el
Cnel. Oscar Bardelli, de 74 años, y el Cap. Navío Carlos Robbio, héroe de
Malvinas. El viernes por la noche, Rozanski ordenó idéntico proceder contra el
Almte. Antonio Vañek, de 92 años, que la gozaba hace 17 años, y que está
afectado por una innumerable serie de inconvenientes de salud, al cual ya le
fue implantado un marcapasos permanente. Descompensaciones sufridas por algunos
de los condenados impusieron su internación en hospitales públicos, ya que
también se les ha prohibido la atención en los nosocomios de las respectivas
fuerzas armadas.
No
voy aquí a referirme a las parodias de juicios en los cuales estos señores
fueron sometidos, ni a las violaciones a todos los principios legales,
jurídicos y procesales cometidas para llevarlos a cabo. Pero sí a la notoria y
aberrante discriminación que sufren, en prisión, aquellos a quienes el Estado
legal y democrático encomendó la represión del terrorismo en 1975 y, sobre
todo, impedir que éste lograra la independencia de Tucumán, como pretendían los
guerrilleros del ERP para recibir reconocimiento internacional.
Lo
más notable es que estas nuevas canalladas de los asesinos togados (ya han
muerto en la cárcel 328 de estos presos por falta de atención médica adecuada)
es que se produjeron en la misma semana en la que un Tribunal Federal del Chaco
concedió la prisión domiciliaria, alegando problemas de salud, al mayor
traficante de cocaína detenido hasta la fecha.
En
cambio, a los militares y civiles presos, muchísimos de ellos sin condena
firme, se les niega ese beneficio, que la ley otorga a los mayores de 70 años,
siempre y cuando éste no pueda interferir en la investigación de los hechos ni
encarne un riesgo de fuga; ¿qué podrían hacer ahora respecto a sucesos
ocurridos hace cuarenta años o cómo podrían escaparse ancianos que ya están,
prácticamente, inválidos? Tampoco se les aplica el cómputo de 2 x 1 (cada día
de detención antes de la sentencia vale por dos de la pena) ni se les permite,
por ejemplo, estudiar en las delegaciones universitarias que funcionan en las
unidades penales.
Aún
quienes se encuentran en las antípodas de mi pensamiento y creen que se trata
de genocidas, deberían hacer suya la máxima que establece que no se combate a
los caníbales comiéndoselos.
Pero
como dice la frase del epígrafe, a la que se atribuye una antigüedad de más de
mil años, la gloria del mundo es transitoria, y la espada de la verdadera
Justicia caerá, más temprano que tarde, sobre estos homicidas togados y
prevaricadores, que actúan con alevosía y premeditación para cometer sus
crímenes de lesa humanidad, tal como describe el Pacto de Roma, del cual
nuestro país es suscriptor desde 2004. El mismo Rozanski ya se encuentra
penalmente imputado por el asesinato del detenido Dr. Aldo Chiacchietta, a
quien le impidió asistirse adecuadamente del cáncer que padecía.
El
Poder Judicial, cuya cabeza -con excepción del Dr. Carlos Fayt- fue cómplice de
tantas bárbaras aberraciones durante estos años, debe aplicar la Ley correcta e
inmediatamente a todos los ciudadanos por igual; así podrá desempeñar el
verdadero rol que la Constitución le impone al respecto, revisando uno por uno
los juicios y dejar de actuar como un instrumento de venganza, no sólo de
aquéllos que fueron vencidos en la guerra, sino de toda una sociedad hipócrita
y cínica, que prefiere mirar para otro lado y no asumir la responsabilidad de
haber llamado a la puerta de los cuarteles para evitar que la locura marxista,
traducida por los "jóvenes idealistas" en atentados, bombazos y
asesinatos indiscriminados, se impusiera.
¿Nadie
es capaz en la Argentina de preguntarse qué hubiera sucedido si Firmenich y
Santucho hubieran logrado su demencial objetivo y, como aseguró el primero que
harían, hubieran matado a un millón de personas? Europa entera, después de los
atentados del viernes en Paris, se mira en el mismo espejo.
Hoy
asistiremos al debate de los candidatos presidenciales que, el domingo próximo,
se enfrentarán en el segundo turno electoral. No creo que este tema esté en la
agenda que ambos han acordado, pero el comportamiento de la Justicia, observado
con preocupación desde hace varios años por la Asociación Internacional de
Jueces -remitió una carta expresándolo así a la Presidente-, será la verdadera
y excluyente base sobre la cual se podrán apoyar los cimientos de la
reconstrucción nacional.
Con
una Justicia independiente, rápida, eficiente y capaz, todo será posible; sin
ella, nada lo será.
Enrique
Guillermo Avogadro
ega1@avogadro.com.ar
@egavogadro
Argentina
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