La
cultura democrática privativa en países con sistemas de gobierno instituidos en
la representatividad, conlleva al reconocimiento tácito o franco de los
seleccionados en libres elecciones así sea por exigua diferencia. En la
elección presidencial ese principio se hace más relevante porque implica la
tutela de la jefatura del Estado con todas sus implicaciones. Cuando el elegido
entiende el alcance de su débito republicano se esmera por conciliar con todos
los sectores a fin de garantizar la estabilidad política y social, incluso con
los discrepantes ya sea por convivencia cívica o por conveniencia política. Así
ocurre en países hasta con menos tradición democrática que el nuestro.
En Venezuela ocurre todo lo contrario. El presidente deja ver, casi a diario, a través de alocuciones cercadas por su ideología, que no se siente presidente de 30 millones de venezolanos sino del grupo revolucionario que lo apoya (20% según DATANALISIS e IVAD). El resto, el 80%, por contrario, es abiertamente ofendido, agraviado, descalificado y, en algunos casos, hasta enjuiciado. Incluso la oposición legítima, componente indispensable de todo ámbito liberal, es tildada con frecuencia de “apátrida”.
¿A
dónde nos lleva esto? Sólo instituciones bien ordenadas pueden viabilizar los
cambios sociales indispensables. Tarea imposible si se desmantelan para sustituirlas por un
patronato que reconoce sólo a la quinta parte de la población como ciudadanos
con Derechos. Bajo ese esbozo separativo, el progreso y la avenencia agrupada
se alejan mientras se incrementa la disgregación. Las posibilidades de éxito
bajo esas condiciones es la que tendría un atleta de triatlón que compite con
una mano atada a su espalda.
La
doctrina liberal reitera que la voz de la opinión pública es eficaz sólo si
fluye a través de organizaciones políticas democráticamente fidedignas. Chávez
insistió para que la Constitución de 1999 diera relevancia a los partidos
políticos como portadores inequívocos de equilibrio republicano. Luego excluyó
ese dogma de la vida pública y se arrogó la facultad de ser “único repartidor
de bienes” y portador de la voluntad política de 30 millones de venezolanos.
Maduro fracasa en su designio de emularlo, entre muchos motivos, por la merma
de las divisas petroleras las cuales frenan la inercia derrochadora iniciada
hace 16 años.
Hoy
se descubre el enredo de ese modelo. El presidente debe estar sintiendo que
incluso buena parte de los virtualmente lo apoyan comienza a protestar y
entender que la solución de sus conflictos requiere de acciones conjugadas
entre entidades debidamente capacitadas y no por zarpazos ocasionales como el
Dakazo. No es subiendo salarios como se resuelve la escasez ni improvisando una
OLP como se mitiga la delincuencia. Sólo “planes integrales” dan respuestas
asertivas.
El
intento de continuar con disonancias entre ese estilo fingidor de “regencia
estatal” y lo que realmente necesita la gente, fracasó. El gobierno lo sabe. De
allí que no prive el propósito de gobernar sino de confrontar. El apartheid
tiene antecedentes. Se inició con la fatídica “Lista de Tascón”. En ella se
estampilló, con anuencia presidencial, un contraste entre “nobles e indignos”.
Desde entonces la bandera política oficialista es prisionera de terminologías
fútiles que intentan dividir a los venezolanos de manera artificiosa tal como
lo evidencian las encuestadoras serias del país.
Las ofensas públicas contra el adversario partidista, las dudosas invalidaciones políticas, las sanciones a comerciante arrinconados por la inflación, la vehemencia por símbolos patrióticos con mayor asiduidad de la que el pueblo pueda asimilar, la inconveniente sobreexposición de funcionarios públicos en medios de comunicación, poco le importa a la humilde señora que bajo la lluvia, acurrucada con dos niños, hacía una cola de 200 metros en el supermercado de una zona popular para lograr 3 paquetes de arroz.
No
son minorías las afectadas por estas contradicciones. Como tampoco existe una
división social expresamente rotulada como lo sugiere el régimen para afirmar
que hay dos mitades antagónicas. El 80% siente que el país va mal; que es
víctima de la inflación e inseguridad. Como si fuera poco, se está
desvaneciendo la conquista laboral lograda a través los Contratos Colectivos.
Ahora El Estado actúa como patrón único imponiendo las condiciones de trabajo.
La única vía para modificar cualquier disposición corporativa es mediante el voto. Todo lo demás es especulación y fantasía. El 6-D es un día histórico vitalísimo para expresar hacia dónde queremos ir.
Miguel
Bahachille M.
miguelbmer@gmail.com
@MiguelBM29
Miranda
– Venezuela
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