Hay quienes se valen de la política para hacerle creer a muchos que desde el poder les brindará la mayor atención en aras de su bienestar y mejor calidad de vida.
¿Cómo es posible que
una sola palabra pueda significar tanto? Desde luego. No es tan inverosímil que
una palabra admita distintas acepciones. Existen palabras cuyos significados
son diversos. Aunque también pueden tener apenas uno solo, dependiendo del
contexto en el cual se sitúe la palabra en cuestión. Esta situación termina
convirtiéndose, a veces, en un dilema que se agudiza a medida que la palabra
pueda extraviarse en el mundo de los sentidos. En política, esto resulta algo
engorroso. Sobre todo, cuando su ejercicio evita lidiar con significados diferentes
pues su variedad complica las interpretaciones lo cual tiende a acarrear
problemas de índole hermenéutico.
Es un tanto la vía
que conduce a reconocer complicaciones que surgen cuando se obliga a darle un
sentido a palabras que no caben en el espacio semántico. Ni tampoco dialéctico
al cual quieren someterse con la única intención de justificar una mentira, o
de sostener un engaño. Por eso, la sabiduría popular ha sabido inferir que “la
tranquilidad de no tener nada que ocultar, no tiene precio”. A esto, el
político norteamericano, quien fuera el tercer presidente de EE.UU., Thomas
Jefferson, agregó que “quien no teme a las verdades, nada debe temer a las
mentiras”. Seguramente estaba convencido que quien no la teme, nada le espanta.
A quien debe espantarle
todo lo que debe, pues sabe que el temor le consume su conciencia, es al
politiquero comprometido con el deshonor que remueve a su paso. Es el problema
que deviene de una praxis política corrompida en términos del provecho que
obtiene de cada decisión tomada en nombre de un proyecto político usurpado y
traicionado. De ahí que para muchos, la política sirve para entrampar al
desapercibido o al desinformado, de lo que puede sorprenderlo en su travesía
por la vida.
Por eso, hay quienes
se valen de la política para hacerle creer a ilusos y cándidos que desde el
poder les brindará la mayor atención en aras de su bienestar y mejor calidad de
vida. Cuando lo que en verdad está tramando, quien así pérfidamente se ha
comprometido, es hacer de cada solución un problema que coadyuve a complicar
toda situación. De ahí que a mayor confusión, mayor será la posibilidad que
tiene ese político de mala calaña de lucrarse en perjuicio del colectivo al
cual se debe.
Quizás el carácter
secreto de informaciones de Estado, justifique que este género de políticos
asuma extrañas posturas de silencio. Sobre todo, ante la necesidad de descifrar
problemas que, por oscuros o encubiertos, se convirtieron en sórdidas
paradojas. Posiblemente, fue la razón de funcionarios del gobierno venezolano
para desacatar la exigencia que, constitucionalmente, hace el Poder Legislativo
para así estructurar la visión que debe hacer de la gestión gubernamental. Más,
cuando ha estado presente la necesidad de valorar la pertinencia, a los fines de
aprobarla o no, de lo que ha sido la declaratoria de Emergencia Económica
contraída por la Presidencia de la República. Aunque a juicio del
vicepresidente, “hay materias que no pueden dilucidarse públicamente, porque
son materia de Estado que requieren seriedad”. Sin embargo, tales
argumentos dejan ver serias
contradicciones que ni siquiera la Constitución refiere.
Así que después de
haber conocido el comportamiento de quienes anteriormente se arrogaron la
autoridad de la Asamblea Nacional, no es difícil inferir su temor a ser
interpelados públicamente. Y es que haber dado cuenta del desastre al cual
arrastraron al país en tan corto tiempo, no debe ser cómodo ni sencillo
aceptarlo. Menos, reconocerlo. Por mucha valentía revolucionaria que hayan
dicho tener. La negativa sancionada por
el Parlamento sobre el decreto de Emergencia Económica, hace pensar que en lo
sucesivo habrá que enfrentar la crisis con instrumentos que sólo la
macroeconomía dispone a los efectos de recobrar niveles saludables de desarrollo.
Y en el caso específico, de objetivos de desarrollo nacional que fueron
desmantelados por precarias políticas desubicadas de las realidades tanto como
del espacio político que debían haber ocupado. Todo ello incitado a que se
enquistaron perturbaciones no tanto por la ineptitud, como por el miedo que
hizo al régimen extraviarse de sus funciones. De ahí que cuando la directiva de
la Asamblea insta al alto gobierno a responder interrogantes que vinieron
acumulándose en el curso de la crisis provocada por las susodichas causas, la
escena parlamentaria se vio desierta por la ausencia de los personajes de
marras. ¿O sería por aquello de que “quien algo teme, algo debe”?
VENTANA DE PAPEL
¡JUSTO RECHAZO!
Vivir la política, no
es fácil. Bandearse entre sus criterios, es bastante complicado porque semeja
un tanto aquel aforismo bastante utilizado en la década de los sesenta: “un
tiro a la patria, y otro a la revolución”. Este exordio funge de marco a la
situación que recién mantuvo preocupado e inquieto al país a consecuencia de la
emisión del decreto presidencial No 2.184 el cual aplicaría la Emergencia
Económica durante un lapso de 60 días.
Este, elaborado con
la finalidad de “construir una Venezuela productiva e independiente como todos
queremos”, debía pasar por el análisis jurídico-constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia. Y para el análisis político-económico, por la
consideración de la Asamblea Nacional. El TSJ, por supuesto valoró su
pertinencia y consintió su necesidad como instrumento para el reordenamiento de
la economía nacional. Sin embargo, el juicio de la Asamblea Nacional lo
desaprobó. Y vaya que lo hizo no sólo con autoridad. Particularmente, logró
estructurar sus razones con base en la moralidad y la ética. Aunque el
propósito de esta disertación, por su brevedad, es considerar los argumentos
que políticamente, le valieron a la Comisión Especial, encargada para
formalizar el informe que sería presentada al cuerpo legislativo en pleno, cuyo
fondo y forma demostraría que su impugnación estaba debidamente fundamentada,
validada y legitimada.
Aun cuando el texto
del decreto no alude directamente a decisiones extremas o que plantearan
cerrarle los caminos a la institucionalidad democrática, cualquier lectura
realizada entre líneas o con la rigurosidad que la hermenéutica exige, no hace
difícil advertir los peligros que sus consideraciones y determinaciones
comprenden. Cabe decir que dicho decreto, es más una apología de la
manipulación política, que la intención descrita mediante propuestas dirigidas
a aliviarle la crisis del tipo de acumulación y la crisis del tipo de
dominación que viene arrastrando el país durante estos 17 años de “socialismo
del siglo XXI”. Por no decir de desgobierno.
Esto hizo, finalmente
que la Asamblea Nacional rechazara el decreto. Su análisis permitió inferir que
sus fundamentos (referidos a la guerra económica y a la baja de los precios del
petróleo) no justifican el pretendido estado de excepción pautado por el
referido decreto. Asimismo consideró que las medidas anunciadas en su texto,
son improcedentes para contener la actual crisis económica. Luego de tal
desaprobación, la situación de la economía nacional deberá conducirse con base
en otras medidas que ya fueron elevadas al Ejecutivo Nacional por intermedio de
la misma Asamblea Nacional. Lo que el gobierno pudo haber ordenado a partir del
carácter temporal que tuvo el decreto 2.184, dejó de tener vigencia pues si
algo se acató, deberá revocarse. Toda esta situación que mantuvo tenso al país,
deja ver que lo decidido por la AN, constituyó un ¡justo rechazo!.
“Cuando un gobierno cae en el vicio de hablar en exceso, es porque sus propuestas son huecas. El tránsito por la historia lo hace a ciegas”
Antonio José Monagas
antoniomonagas@gmail.com
@ajmonagas
Merida - Venezuela
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